Por Armando Tezucún

El plazo se agota para que el gobierno de Bernardo Arévalo defina los nuevos salarios mínimos que regirán para el año 2025. La Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNS), luego de meses de deliberaciones, presentó el 11 de octubre su último informe a la ministra de Trabajo, Miriam Roquel; el 14 del mismo mes el informe fue presentado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a la Junta Monetaria (JM), quienes lo deben analizar y emitir su opinión en un plazo de 30 días; después el expediente pasaría a la Procuraduría General de la Nación. Estos dictámenes serán trasladados por la ministra al presidente, quien deberá tomar su decisión. 

En el seno de la CNS, los representantes de los trabajadores presentaron su propuesta, que ya comentamos en un artículo anterior, de un incremento de los salarios a Q 200 diarios, es decir, Q 6,000 mensuales (unos US$ 769) para todas las categorías, eliminando las circunscripciones económicas, y las categorías de agrícola, no agrícola y maquila/exportación. Esto implicaría un incremento del 77,27% para el salario actualmente más elevado, el de actividad no agrícola en la región 1, que asciende Q 3,384.59 (unos US$ 434).

La propuesta de los empresarios

En cuanto a los representantes de la burguesía, la propuesta fue un miserable incremento del 3.07% para la circunscripción económica 1 (el departamento de Guatemala), y el 1.5% para la circunscripción económica 2 (el resto de departamentos del país). Cabe mencionar que en esta última región se encuentran las grandes plantaciones de caña, palma aceitera, banano y otros productos de agroexportación, fuente de jugosas ganancias para las familias de la oligarquía.

La propuesta del gobierno

A diferencia de otros años, en que los representantes del gobierno ante la CNS solamente escuchaban las propuestas de los demás, esta vez los delegados del presidente adelantaron una propuesta del 10% de incremento para todas las categorías y regiones de salarios mínimos. Esto fue hecho público el 30 de octubre por la viceministra de Administración del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Damarys Nohemí Oliva, durante una citación a la bancada del partido VOS en el Congreso de la República. Según la funcionaria, esta es una propuesta técnica para responder al comportamiento de varios indicadores: el 4% anual de inflación, el 3.5% de crecimiento económico para 2024, y el 2.5% de recuperación anual del poder adquisitivo del salario mínimo (Prensa Libre 30/10/2024). De acuerdo al Ministerio, si este aumento se aprobara, cerca de 1.8 millones de trabajadores se beneficiarían con entre Q 292 y Q 338 de incremento salarial a partir de enero.

Entonces, el salario mínimo más elevado, el no agrícola de la región 1, quedaría en Q 3,973.04 (unos US$ 509), y el más bajo, el de exportación y maquila de la región 2, quedaría en Q 3,652.31 (unos US$ 468).

La propuesta del gobierno mantiene la cuestionable diferenciación de salarios entre agrícolas, no agrícolas y de maquila/exportación, en la cual los salarios más elevados son los de la categoría no agrícola, y los mas bajos los de maquila/exportación; también mantiene la injusta diferenciación entre la región 1, que es el departamento de Guatemala, y la región 2, que son el resto de departamentos, con los salarios más elevados para la región 1.

A este respecto, la viceministra justificó al gobierno diciendo que el decreto que creó las regiones económicas fue emitido en 2021, llevando dos años de vigencia, y que este tipo de medidas requieren entre tres a cinco años para ser evaluadas (La Hora 30/10/2024).

La burguesía cuestiona la propuesta del gobierno

Como era de esperarse, los empresarios, ansiosos de que sus ganancias no disminuyan, rechazaron la propuesta de aumento del gobierno. Utilizando las frases que siempre utilizan para oponerse al incremento de los salarios, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la Cámara del Agro, la Cámara de Industria, y la coordinadora de las cámaras empresariales, el CACIF, se rasgaron las vestiduras, vaticinando una disminución del empleo digno y formal, y el crecimiento del sector informal de la economía.

Según los empresarios, el gobierno debería apostar a “establecer una política salarial que provoque el desarrollo y el empleo formal en todo el país” … “Se debe considerar que el sector exportador depende de los precios fijados por el mercado global, y la propuesta de aumento de un 10% no considera la no aceptación de incrementos de parte de los compradores” … lo que se necesita es “una decisión equilibrada, que mantenga los empleos actuales y abra más oportunidades para empleo digno y formal” … “El objetivo principal de cualquier política salarial debe ser promover la atracción de inversión y el crecimiento económico de todos los ciudadanos” (Soy502 07/11/2024). En resumen, la propuesta del gobierno dificultará la creación de nuevos empleos formales y generará más migración.

Al igual que en otras ocasiones, los empresarios se expresan como si estuvieran controlados por poderosas y misteriosas fuerzas invisibles que los obligan a no crear empleos, a despedir trabajadores, y a aumentar los precios de sus productos, cuando son ellos mismos los que deciden, para no ver mermadas sus ganancias, hacer despidos masivos, recortar prestaciones y beneficios, bajar los salarios, contratar trabajadores sin prestaciones, aumentar los precios, retener la producción o acaparar productos. De toda esa cháchara que han expresado, lo que rige es que no quieren ver disminuido su porcentaje de ganancias al aumentar los sueldos mínimos.

En su crítica a la propuesta del gobierno, las cámaras empresariales también objetaron el proyecto de presupuesto de gastos del Estado para 2025. El Cacif criticó en un comunicado que el presupuesto se incrementa de un año a otro en un 28%, utilizando el 80,1% para el gasto corriente y el servicio de la deuda, mientras que solo un 19.9% iría para inversión pública.

Las estadísticas indican la realidad

Pese a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se vio obligado por los últimos gobiernos a cambiar sus metodologías y su forma de presentar resultados de sus encuestas, los datos que publica no dejan lugar a dudas sobre la miseria que vive el pueblo guatemalteco.

En octubre, la canasta básica ampliada, que incluye los gastos en alimentos indispensables y servicios necesarios (agua, energía, vivienda, salud, educación, etc.), para una familia de cinco miembros ascendió a Q 10, 828. 85 (unos US$ 1,388) en el área urbana, y a Q 6,811.8 (unos US$ 873,3) en el área rural; en promedio, Q 8,820,32 (unos US$ 1,130.8). Ni siquiera la audaz propuesta de los compañeros sindicalistas alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia promedio (datos calculados en base a la información proporcionada en https://www.ine.gob.gt/canasta-basica-alimentaria/).

Los sindicatos aceptaron la propuesta del gobierno

En el seno de la Comisión del Salario Mínimo, los compañeros representantes de los sindicatos de trabajadores expresaron que aceptarían la propuesta del gobierno de un incremento general del 10% a todos los sueldos mínimos. No existe un comunicado oficial de las centrales sindicales al respecto, pero en conversaciones particulares con algunos de sus dirigentes, expresaron que una de las razones es que se trata de la propuesta oficial de incremento a la paga mínima más elevada en muchos años.

En el marco de las relaciones entre el gobierno del presidente Arévalo y el movimiento sindical, los compañeros externaron que no respaldan incondicionalmente al mandatario, pero tratan de aprovechar su apertura al diálogo para comprometerlo a tomar medidas en beneficio de los trabajadores. Una propuesta interesante que manifestaron, es la exigencia de medidas adicionales al incremento salarial, como control de precios a los productos de la canasta básica, eliminación del IVA a los alimentos, medicamentos y otros productos esenciales para la población trabajadora.   

¿Hacia una ruptura de la burguesía con el gobierno de Arévalo?

El rechazo de las cámaras empresariales a la propuesta salarial del gobierno y las críticas el presupuesto 2025 podrían indicar el inicio de roces entre Arévalo y los sectores burgueses con los que tiene acuerdos. La profundización de estas divergencias dependerá, claro está, de las medidas y políticas que continúe implementando el presidente. La referencia más cercana que tenemos es el gobierno de Álvaro Colom (2008 – 2012), quien tomó medidas más “radicales” que el actual gobierno, como intentos de reforma fiscal, leyes agrarias, programas asistencialistas más extensos, ganándose la oposición del conjunto de la burguesía, quien saboteó insistentemente a Colom y sus políticas.

Arévalo es mucho más moderado que Colom, y seguramente tratará de contentar a sus aliados empresariales. Claro, el sector emergente corrupto de la burguesía ya está envalentonándose con el triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos, y esperará que la próxima administración republicana accione contra el gobierno de Arévalo. Pero la política de demócratas y republicanos hacia Guatemala tiene los mismos ejes, la diferencia es la altanería de Trump para demandar el cumplimiento de acuerdos.

Rechazamos la propuesta del gobierno de aumento del 10% de los salarios mínimos, porque es insuficiente para aliviar las necesidades de la población trabajadora. Animamos a las centrales sindicales a iniciar una campaña para exigir al gobierno el control de precios de los productos de primera necesidad, y la eliminación del IVA a los alimentos, medicinas y demás artículos básicos.