Por Armando Tezucún

El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el gobierno, por la firma del nuevo pacto colectivo se ha prolongado, sin dar visos de que llegue a su fin. Al plantón iniciado el 26 de mayo en la Plaza de la Constitución y los alrededores del Palacio Nacional, se sumaron tres días de bloqueos de carreteras y cuatro caminatas iniciadas en ciudades del interior el 15 de julio, que se supone que arribarán a la ciudad capital el 21 de julio.

Los días 10, 11 y 14 de julio, los compañeros sindicalistas bloquearon puntos carreteros y algunos sectores de la capital. En los tres días, fue obstaculizado el tránsito en un promedio de 20 sitios, desde tempranas horas de la mañana hasta inicios de la tarde. Durante las tres jornadas se hizo presente la Policía Nacional Civil con agentes antimotines, quienes implementaron los protocolos de diálogo para desalojar a los docentes; en todos los casos se logró que los bloqueos fueran suspendidos de forma pacífica, excepto el día 11, en el km. 292 de la Ruta al Atlántico, cerca de Puerto Barrios, donde los maestros fueron desalojados por la fuerza y con el uso de gases lacrimógenos.

El jueves 10, en el plantón ubicado en las cercanías de la sede del Ministerio de Salud, se hicieron presentes miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) para solidarizarse con los maestros, ya que ambos sindicatos pertenecen a la misma corriente sindical, los Sindicatos Globales de Guatemala, y tienen conflictos en curso con el gobierno de Bernardo Arévalo.   

Durante las protestas de ese mismo día, el STEG dio a conocer una nueva plataforma de 21 demandas que van más allá de los puntos que discute en torno al pacto colectivo con el Ministerio de Educación (Mineduc). La plataforma exige la creación de una mesa de diálogo nacional para atender una Agenda Social Nacional, y, entre las demandas ajenas al tema educativo, se encuentran el control de los precios de la canasta básica; la reparación, construcción y mantenimiento de carreteras a nivel nacional; el control de la inseguridad desmedida; y el rechazo de la minería a cielo abierto.

El martes 15, en horas de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil desalojaron a los miembros del STEG que mantenían un plantón con carpas alrededor del Palacio Nacional de la Cultura. El desalojo se dio luego de que el 14 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazara una apelación presentada por el STEG contra la orden de que el sindicato ponga fin a los bloqueos y medidas de hecho. Empero, continúa el plantón en la Plaza de la Constitución. Entre todas las demandas legales que acompañan el conflicto entre el STEG y el gobierno, hay una contra el líder del sindicato magisterial, Joviel Acevedo, por daños causados al Palacio Nacional por los maestros, ya que es parte del patrimonio cultural de la nación.

En una maniobra para evadir responsabilidades, el 13 de julio el Comité Ejecutivo y dirigentes del STEG emitieron un comunicado a sus afiliados, anunciando que, en cumplimiento a un amparo provisional del Juzgado Quinto de Trabajo del 3 de junio, que les ordenó deponer las medidas de hecho, suspenden las convocatorias que han hecho a instalar asambleas permanentes; sin embargo, apelaron al derecho individual de cada afiliado para continuar con las acciones, ya que la orden atañe solo al Comité Ejecutivo, dirigentes seccionales y subseccionales. En los hechos, esto significa que las medidas de protesta continuarán.

Entre todas las múltiples medidas legales que se han interpuesto, aprobado o rechazado en el marco de este conflicto, destaca la dada a conocer el 17 de julio, en la que el Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social impuso sanciones económicas contra los integrantes del Comité Ejecutivo del STEG, y sus dirigentes seccionales y subseccionales, un total de 863 personas. La multa fue impuesta por desobedecer la orden del juzgado de suspender la declaratoria de Asamblea Permanente y las medidas de hecho tomadas, emitida el 24 de junio, y cada uno deberá pagar Q 4 mil, para un total de Q 3 millones 442 mil.

Otra decisión destacable en este marco es la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que resolvió, el 17 de julio, no otorgar un amparo provisional que buscaba que el borrador de pacto colectivo del magisterio en discusión sea hecho público. Con esta resolución, tanto la CC como la CSJ satisfacen el deseo del STEG de mantener la confidencialidad del pacto, sin que se pueda saber lo que se está negociando.

La negociación del nuevo pacto colectivo entre el STEG y el Ministerio de Educación dio inicio el 29 de febrero de 2024. El medio digital Prensa Comunitaria solicitó acceso a las actas de las sesiones, las cuales, a diferencia del borrador del pacto, no son confidenciales. Según este medio, a partir del 25 de septiembre las discusiones se estancaron, pues los representantes sindicales exigen la inclusión de nueve artículos que representan una cantidad millonaria, para cubrir la cual el ministerio ha explicado reiteradamente que no tienen disponibilidad financiera (Prensa Comunitaria 15/07/2025). En las actas no se especifican los montos en discordia, ni los temas en discusión.

Por otro lado, el gobierno ha afirmado que los pactos colectivos que el STEG ha firmado con gobiernos anteriores, a los que ha respaldado, le han dado injerencia en muchos ámbitos del funcionamiento del sistema educativo, convirtiendo a Joviel Acevedo en un “cuasi viceministro”. A este respecto, vale aclarar que la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas e instituciones para las que trabajan es una reivindicación válida para incrementar las instancias de poder obrero. Pero esto es válido en etapas de claro ascenso del movimiento de luchas revolucionarias, y más aún en el contexto de un gobierno revolucionario. Pero en un período de ausencia de luchas o de estancamiento, tal participación solo alimenta la ilusión de que los trabajadores participan en la gestión empresarial, cuando solo están siendo parte del engranaje del sistema capitalista. Los verdaderos beneficiados son los burócratas sindicales, que reciben cuotas, dietas, viáticos y toda clase de ventajas que los comprometen a defender el sistema.

Lo mismo sucede con la participación de representantes sindicales en las juntas directivas de diferentes instituciones del Estado. En Guatemala hay representantes en las juntas de Instituto de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Electrificación, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, el Banco de Guatemala, el Ministerio Público, el Consejo Económico y Social, y al menos otras seis instituciones públicas. Por participar en las reuniones de Junta Directiva, los sindicalistas reciben dietas, que se convierten en un privilegio y alimentan la conformación de camarillas burocráticas sindicales, que se aferran a estos cargos.

Reiteramos el llamado a las bases magisteriales para que reflexionen a qué clase de dirigentes están dando su respaldo, dirigentes que en el pasado han pactado con gobiernos corruptos de derecha. Varios otros sindicatos magisteriales han planteado la discusión del pacto colectivo sin la presencia del STEG, como el Sindicato de Direcciones Departamentales de Educación, y otros han llamado a los maestros a reanudar las clases y dar prioridad a la educación de las niñas y niños, como el Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango.