Por Sebastián Ernesto González

El gobierno ilegítimo de Pepe Lobo se sigue moviendo entre la convulsión social y las amenazas de la oligarquía hondureña junto a la ultraderecha de la clase política del país. La última fricción interburguesa se ha dado por el control del canal 8, disputado entre el empresario Elías Asfura y el estado desde el año 2005, en ese año el gobernante era el nacionalista Ricardo Maduro Joest, en el gobierno de Manuel Zelaya siguió la disputa pero CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)  emitió un dictamen concediéndole la frecuencia al estado y se comenzó a transmitir las actividades populistas de Manuel Zelaya. Elías Asfura siguió la pelea judicialmente y fue en el gobierno espurio de Micheletti donde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia otorgándole la frecuencia a TELEUNSA –empresa de Elías Asfura-.  Micheletti aludiendo a esta situación en días recientes manifestó que TELEUNSA le alquiló a su gobierno el canal a un precio simbólico de un lempira mensual durante ocho meses, mientras Ricardo Maduro, Manuel Zelaya y el gobierno heredero del golpe de estado de Pepe Lobo no accedieron al deseo avorazado de Asfura.

Oligarquía y ultraderecha secuestran poder judicial

Elías Asfura es miembro del Partido Nacional al igual que lo es Ricardo Maduro y Porfirio Lobo, Micheletti y Manuel Zelaya son hasta la vez miembros del Partido Liberal ya que ninguno de los dos ha sido expulsado o ha renunciado al mismo. Sin embargo, el que  concedió el canal 8 a TELEUNSA  fue el gobierno de facto de Micheletti, surgido de un golpe de estado militar contra Manuel Zelaya. Micheletti le pagó un favor a Elías Asfura por su participación en la planificación, ejecución y financiamiento del golpe de estado, al igual que todos los favores que pagó con todos los empresarios que lo convirtieron en presidente de facto.

Hay que recordar que la actual Corte Suprema de Justicia fue impuesta por Micheletti y la oligarquía del país, esta fue elegida a inicios del año 2009 a través de un proceso viciado y fraudulento donde casi todos los 15 magistrados electos (7 del Partido Nacional y 8 del Partido Liberal) representan lo más rancio y podrido del poder judicial y están al servicio de los intereses empresariales y políticos. Esta Corte Suprema de Justicia es la misma que se confabuló con el Congreso Nacional para asestar el golpe de estado del 28 de junio del 2009.

CONATEL es la única institución del estado con la facultad de administrar el espectro radioeléctrico, dentro de las facultades que tiene está la de otorgar o regular el uso de frecuencias, CONATEL emitió un dictamen en el 2008 concediéndole el canal 8 al estado, un Juez de la Corte Suprema de Justicia -cuestionado por que fue empleado de Elías Asfura y actualmente amigo de este- se toma la atribución de emitir una sentencia otorgándole el canal al TELEUNSA, y finalmente; el ejecutivo a través del Congreso Nacional, vía decreto le otorgan el canal al estado y le ordenan a CONATEL conceder otra frecuencia a TELEUNSA.

El abogado Mauricio Velasco directivo de la Unión Cívica Democrática (UCD, más conocidos como “camisetas blancas”)  manifestó: “Como lo hicimos el año pasado, vamos a defender la constitución de la república. Vemos que la situación en nuestro país no ha variado…” (El heraldo 09/09/10). Lo anterior significa que las estructuras orgánicas que participaron en el golpe de estado del año pasado siguen intactas y consideran que cualquier acción que vaya en contra de los intereses de cualquier empresario será un fundamento para arremeterla contra el individuo o institución que se preste para ello. La amenaza del Fiscal General Luis Rubí sale a la palestra al igual que se la pasa amenazando a Manuel Zelaya y a miembros de la resistencia, dijo que: “las leyes son para cumplirlas y no para tenerlas de adorno, que quienes la desobedezcan incurren en responsabilidad”.

Los mismos personajes que danzaron al son del dinero después del golpe de estado nuevamente han cerrado filas en esta ocasión para condenar la decisión del poder ejecutivo y legislativo, tal es el caso de las organizaciones de la empresa privada, la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público, Ramón Custodio, el Cardenal, el pastor evangélico Oswaldo Canales, etc. Todos se esmeran en señalar el fiel respeto a una sentencia judicial.

Por el otro lado, Rodolfo Zelaya, diputado nacionalista manifestó que: “…la corte suprema de justicia emitió una sentencia sobre un asunto exclusivo del poder ejecutivo…la sentencia interfiere en las facultades de CONATEL, y es allí donde nace el problema…”

Canal 8 debe estar bajo control de los trabajadores

La nacionalización de un canal de televisión como una medida populista no necesariamente significa que sus resultados sean a beneficio del pueblo hondureño, si bien es cierto que esta acción del gobierno de Pepe Lobo le ha congraciado el beneplácito de un gran sector del pueblo y de la resistencia, el asunto no termina ahí; desde el PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA) señalamos que la nacionalización es una nueva forma de privatización donde el estado puede regresar el canal vía decreto a la empresa privada, o tal como lo planteara el decreto que le otorga el canal 8 al estado y que facultan a CONATEL para que le entregue otra frecuencia a TELEUNSA, aun a sabiendas de que Elías Asfura ya es dueño de dos canales de televisión, o bien; para utilizar el canal tal y como lo utilizó el dictador de Micheletti despotricando en contra de todo lo que olía a resistencia.

El canal 8 debe ser entregado a la clase trabajadora para que de verdad sea del pueblo, tanto la visión del canal como sus programas deben ser consecuentes con los intereses de la clase más sufrida del país, si Porfirio Lobo hace esto, sin duda alguna que habrá comenzado a hacer algo bueno por el pueblo.