Por Justo Severo Izquierdo

 El 12 de de junio del año en curso, el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), denunció mediante un comunicado el desalojo violento de más de mil quinientas familias dentro de las tierras tomadas en días anteriores. Esta acción fue ejecutada por los jueces y fiscales a través de los órganos represores del estado: policía preventiva, Dirección Nacional de Investigación Criminal,  escuadrón cobras y miembros del ejército.

La zona en conflicto es una extensión de tierra que abarca  4 mil 252 manzanas, ubicadas en el sector conocido como el COOWLE entre el municipio de La Lima y El Progreso, en pleno centro del  Valle de Sula, a escasos minutos de la ciudad de San Pedro Sula.

Origen del conflicto

La disputa de tierras entre el MOCSAM y las compañías azucareras llamadas, Inversiones San Manuel (INVERSAN), Compañía Azucarera de Honduras S.A. (CASAH) y el empresario José Jacobo Zacapa, obedece, según los desalojados y el dirigente campesino Rafael Alegría, coordinador de Villa Campesina Centroamericana, a las siguientes causas: “Estas tierras han sido expropiadas a favor del Instituto Nacional Agrario y han pasado al poder del Estado de Honduras. La resolución dice claramente que son terrenos que deben utilizarse para la reforma agraria y que le corresponde a los campesinos” (Diario Tiempo, 12/6/2012).

Monopolio Azucarero

Para nadie es desconocido que la explotación agrícola del fértil  Valle de Sula, en un gran porcentaje, corresponde al lucrativo negocio de la caña de azúcar, después de los no menos lucrativos cultivos de plátano y banano.

Los empresarios azucareros se han apropiado de manera ilegal de grandes extensiones de terreno, con el fin de llenar sus bolsillos sin informarle al Estado de las ganancias reales que entran a sus arcas. A esto hay que agregar las dispensas y exoneraciones que les otorga el Estado, por su contribución al ingreso de divisas  por la exportación del grano dulce. De esta manera el cultivo de caña de azúcar constituye un negocio que deja ganancias exorbitantes, obtenidas a costa de esfuerzo de los trabajadores cañeros y de la usurpación de tierras de los campesinos asentados en terrenos vecinos.

En declaraciones absurdas, los terratenientes y dueños de ingenios aducen que no es rentable el negocio de la producción de azúcar y que se dedican al rubro por compromisos con el Estado y el pueblo; esto los obliga a mantener abastecidos a todos los centros de consumo sin obtener las grandes ganancias. Si eso es cierto, ¿por qué no abandonan  el negocio y les brindan la tierra a todo aquél campesino que las quiera trabajar? ¿Cuál es el interés por pelear  la tierra?

Esto es aprovechado de manera vil por los magnates azucareros, que se llevan  de encuentro a un gobierno despreocupado, que no tiene ningún plan de supervisión ni garantiza el cumplimiento los derechos laborales respectivos para centenares de labriegos. En las propias barbas de los funcionarios gubernamentales persiste la esclavitud de todos aquellos compatriotas que por extrema necesidad acuden a las “cañeras” para realizar las distintas faenas de limpiar, sembrar, cortar y recolectar el producto mediante la famosa “zafra” en plena canícula. Un cuadro casi infernal para el que se ha enfrentado ante tal trabajo, y las repercusiones atmosféricas que afectan a los empleados y habitantes de los alrededores con la emanación de humo y ceniza, producto de métodos de cultivo anti ecológicos.

Explotación inmisericorde

La técnica empleada en la “Zafra”, es la quema de la caña de azúcar en pleno verano entre temperaturas que oscilan entre los 39 y 40 grados centígrados. Los corteros, en jornadas que superan las 8 horas, desde tempranas horas son desplazados a los centros de corte en autobuses a punto de convertirse en chatarras y sin las más mínimas garantías de seguridad humana. Son obligados a realizar su trabajo sin ninguna remuneración económica que se ajuste a las necesidades básicas del trabajador.

Para el caso, Marvin Morales, dirigente del MOCSAM sostiene que: “para ganar 80 lempiras uno tiene que cortar 200 metros (de caña). Es difícil ganar 200 o 300 lempiras en un día. La caña sólo da divisas a los dueños de los ingenios. Pero a lo que nosotros nos interesa es alimentarnos: maíz, arroz, yuca, frijoles” (Diario Digital, Honduras Laboral, 12/6/2012).

Es dramático lo que ocurre con el campesinado  de nuestro país, las opciones de sobrevivencia son casi nulas en un Estado anémico y plagado de parásitos que succionan la sangre sin escrúpulos.

Financiamientos Enmascarados

Un dato curioso que brinda la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de su titular Jacobo Regalado, es la disponibilidad  de 700 millones de lempiras con líneas de créditos de 300 millones para la SAG y 400 millones para BANADESA, con el objetivo de financiar la siembra de granos básicos en todo el país. Regalado argumenta que: “Buscamos fortalecer la construcción de una política de financiamiento agrícola más amplia, que pueda seguir respaldando el esfuerzo que mujeres y hombres hacen en el campo para hacer producir la tierra con resultados importantes” (La Tribuna, 7/6/12).

Este dato contrasta con la situación actual del campesinado Hondureño. La pregunta que nos formulamos es  ¿a dónde van a parar esos 700 millones de lempiras? La respuesta es clara y precisa, la mayor parte de la tierra productiva está en manos de los terratenientes y transnacionales. Éstos  buscan la forma de maquillar sus empresas, convirtiéndolas en semiestatales para beneficiarse de los préstamos y otras prebendas que brinda el Estado. Los esfuerzos de estos hombres y mujeres a los que se refiere Regalado, son un sector campesino explotado de manera humillante, que no reciben las garantías laborales de ley. Además,  hay que agregar a un amplio sector campesino sin fuentes de empleo que exigen un pedazo de tierra para trabajarla y generar su seguridad alimentaria.

 

Antecedentes inmediatos

La lucha por la tierra la vienen sosteniendo los campesinos durante décadas. Actualmente, el sector más golpeado son los grupos campesinos debido la ola represiva perpetrada por terratenientes, quienes contratan pistoleros profesionales para dar muerte a sus líderes. El sector gubernamental es otro ente que emite órdenes a militares y policías para reprimir por la vía del desalojo.                         

El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), en su lucha sostenida contra el terrateniente Miguel Facussé, perdió en dos años 57 miembros. Los atentados ocurridos a los compañeros dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es una clara política de terror que tiene el fin de desarticular todo avance organizado de las masas populares que claman por una sociedad justa, donde existan los derechos más elementales de desarrollo humano.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado al gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo Sosa, para que resuelva de manera inmediata el conflicto agrario, y desarrolle un programa que dote al campesinado hondureño de tierras, mediante una verdadera reforma agraria que garantice la asistencia técnica y de crédito a todas las comunidades. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantes y organismos de derechos humanos, para frenar todo acto cobarde que ponga en riesgo la vida de todos aquellos luchadores populares.