Por Ricardo Velásquez
La Ley Marco de las Telecomunicaciones que se pretende aprobar, nuevamente pone ante la palestra pública las diferencias entre un sector burgués que ha controlado al país y un nuevo grupo liderado por Lobo-Hernández; hay que recordar que en el golpe de estado del 2009 ambos sectores se unieron graníticamente para consolidar el golpe.
El régimen Lobo-Hernández ha entrado en contradicciones con el sector que ha controlado el país por décadas y que fueron los principales promotores del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya. El dúo Lobo-Hernández representa a una clase política ligada a los agro-terratenientes, grupo que emerge económicamente dilapidando los fondos del Estado. Solo para recordar un ejemplo, cuando Porfirio Lobo fue presidente del Congreso Nacional (2002-2006) se aprobó una condonación de 4,000 millones de lempiras a grandes terratenientes -incluyéndolo a él- que sufrieron pérdidas cuando el huracán Mitch azotó el país. Dicha condonación hubiera sido correcto darla a los pequeños productores, sin embargo, los terratenientes políticos como Lobo y otros, aprovecharon la coyuntura y exageraron las pérdidas para verse favorecidos.
 Ley Marco de Telecomunicaciones, nueva manzana de la discordia
El grupo liderado por los apellidos Larach, Asfura, Nodarse, Ferrari, Atala,  Rosenthal  y otros, son los que controlan los principales medios de comunicación en el país. Sin embargo los Rosenthal se posicionaron en contra del Golpe de Estado, pero apuestan por la unidad del Partido Liberal, que también fue protagonista principal del golpe, mientras los otros apoyaron financieramente el golpe y establecieron un cerco mediático en contra de la lucha encabezada por el FNRP. Actualmente estos medios siguen con su misma política de arremeterla en contra de los campesinos del Aguán, de la lucha magisterial y de todo lo que huela a lucha sindical.
El apellido Larach está ligado a los multimillonarios negocios con el Estado en salud y en la venta de armas, son dueños de  dos de los grandes periódicos del país, Ferrari es dueño del grupo Televicentro, que acapara diferentes frecuencias de televisión y de radio.
El régimen Lobo-Hernández pretende aprobar la Ley Marco de Telecomunicaciones, situación que lo ha puesto en contradicción con el grupo burgués ya mencionado. Los puntos torales que aducen, que son la fuente de la discordia, son los que tienen que ver con la regulación, la censura y la asignación de frecuencias, ley que estaría siendo asumida y controlada por el Estado.
Desde nuestro análisis, partimos con el hecho de que -casi en su totalidad- los empresarios de las comunicaciones y el régimen liderado por Lobo-Hernández fueron los propiciadores, financistas y ejecutores del golpe de estado de 28-J 2009, lo que los divide ahora es quién se queda con la mejor tajada de negocios con el Estado.
Según registros de Hondutel “de 83 canales de TV, 4 son de Televicentro, el resto está distribuido entre diferentes empresarios, políticos, iglesia católica e iglesia evangélica”, pero también hay que señalar que una radio o un canal de TV, dispone de muchas frecuencias en diferentes zonas del país. LT (11/04/2013).
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio –que también apoyó paladinamente el golpe- manifestó “Las reformas propuestas en el anteproyecto de ley claramente atentan en contra de la garantía a la libertad de prensa, la de expresión…establece censura previa, vulnera los derechos de propiedad privada…” LT (06/04/2013).
En cambio, Porfirio Lobo aludiendo a la Ley manifestó “Es una ley constructiva, no pretendo destruir nada…hay temas que hay que resolver como el uso del espectro radioeléctrico, el uso de las exoneraciones, así como el pago de impuestos…” (04/04/2013).
Sindicatos, organizaciones populares y comunidades étnicas deben tener su propia frecuencia de radio o TV
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone que en la nueva Ley que se pretende aprobar deben concederse frecuencias a las organizaciones populares, de campesinos, sindicatos, gremios y organizaciones sociales, para que puedan expresar sus planteamientos y la defensa de sus derechos. Los grandes medios de comunicación hasta ahora solo reflejan las políticas de los dueños y protegen solo sus intereses. El Estado debe liberar las comunicaciones para beneficio del pueblo y no para favorecer una nueva clase política.