Por Julián Bonilla

El gobernante nacionalista Juan Orlando Hernández logró introducir las reformas al código penal bajo el argumento de fortalecer la seguridad de los jueces y administradores de justicia, sector que ha sido blanco directo de distintas bandas de sicarios.

Sin embargo, la argumentación logra esconder muy bien la verdadera intención del gobierno, que está preparando las condiciones necesarias para reformar la constitución y asegurar la tan pretendida reelección.

No deja de llamar poderosamente la atención la rapidez con la cual los congresistas aprobaran el proyecto promovido por Juan Orlando Hernández durante la semana. Solo los quince diputados de Libre se abstuvieron del debate, lo cual permite entender las distintas contradicciones interburguesas con el sector que concentra el poder.

El bonapartismo de Juan Orlando

La organización burocrática del Estado se ha diseñado a partir de las distintas pretensiones del gobernante en turno, quien ha diseñado una política de asistencialismo con los sectores más marginales de la sociedad hondureña, para mantener a través del clientelismo su base social, y desde luego ganar nuevos adeptos.

Las reformas institucionales en el actual gobierno han sido aprobadas sin la más mínima oposición, dado que Juan Orlando controla el aparato estatal desde su gestión como Presidente del Congreso Nacional, situación que le permitió acentuarse en el poder y consolidar sus pretensiones de reelección.

La laceración de la institucionalidad democrática a partir del control y el bonapartismo de Juan Orlando no dejan de preocuparnos como socialistas revolucionarios y amplios defensores de la democracia. Estamos frente a un proceso promovido desde el propio régimen que permitirá al sector de la burguesía hondureña, ampliamente favorecida con las políticas de ajuste fiscal y el endeudamiento público, mantenerse en el poder bajo la figura del gobernante de turno.

El fortalecimiento de los organismos represores y las reformas penales permitirán contener a los distintos sectores que se opongan a las reformas introducidas desde el propio régimen. Las reformas introducidas protegen la figura del presidente, dado que el artículo 322 indica que “quien diere muerte al presidente de un poder del Estado y a los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o personas que por invitación participen de manera permanente en las sesiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, será sancionado con cuarenta años de reclusión a privación de por vida de la libertad”. En el artículo 323 quedó consignado que, además de los 40 años de prisión, la pena quedará incrementada en un cuarto a las personas que cometan los delitos en perjuicio del presidente del Poder Ejecutivo. Este apartado incluye el magnicidio, la conspiración y la extorsión. En lo que se refiere al artículo 324, dice que la conspiración para cometer alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores se sancionará con la pena de reclusión asignada al delito consumado disminuida en un cuarto; y la proposición, con la misma pena del delito consumado, disminuida en un tercio. Cuando la pena máxima señalada sea la de privación de libertad de por vida se entenderá que las disminuciones se deberán aplicar sobre cincuenta años.

El ataque de los carteles desde la institucionalidad del Estado

Este proceso de reformas ha ido acompañado de la más efectiva cacería de las principales cabecillas del narco hondureño. Existe toda una política por parte del Estado y sus instituciones para desvanecer el crimen organizado que trafica con cocaína y otras drogas, sobre todo, los sectores instituidos dentro del territorio nacional. Sin embargo, la verdadera intención es desarticular a los sectores que durante décadas manejaron el tránsito de drogas hacia México y los Estados Unidos para acentuar a los sectores vinculados con el propio Estado, y de esa manea lograr el control absoluto de los negocios ilícitos. En otras palabras, el gobierno de Juan Orlando promueve el combate contra el crimen organizado, pero lo hace con una intención de por medio; a nuestro parecer la verdadera intención es colocar a los sectores que él representa, desarticulando a través de fuertes operativos a la competencia.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, hacemos un llamado a la clase obrera, campesinos y sectores populares a organizarse para emprender un proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, populares, patronales y de resistencia para hacerle frente a la embestida económica, política y jurídica del gobierno Juan Orlando Hernández. Solo la más amplia unidad hará retroceder los planes de ajuste de miseria y continuidad del actual Presidente de Honduras.