Por Sebastián Ernesto González

El día lunes 20 de octubre fue asesinado el conductor de bus Javier Antonio Ortega. Este crimen impulsó a dirigentes y compañeros del transporte urbano de Tegucigalpa a realizar una asamblea el martes, en la cual decidieron paralizarse el día miércoles desde las 6:00 de la mañana hasta horas de la tarde.

La movilización se dio en un momento en que ningún sector se encuentra en lucha, pero el constante asesinato de trabajadores del sector del transporte ha orillado a que se movilicen y exijan al gobierno de Juan Orlando mayores medidas de seguridad.

Según el informe del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), en los primeros seis meses del presente año se registraron 34 hechos violentos en autobuses que dejaron el saldo de 58 víctimas (elheraldo.hn 22/10/2014).

Los dueños del transporte reciben las ganancias y los trabajadores ponen los muertos

Grandes empresarios, políticos y funcionarios públicos son los dueños, en su gran mayoría, de las unidades de transporte; son pocos los ciudadanos que con mucho esfuerzo a través de préstamos adquieren una unidad para trabajar en el rubro.

El sector transporte ha sido un rubro de enormes ganancias para los grandes dueños de transporte De acuerdo a cifras oficiales, el Estado de Honduras eroga unos 400 millones de lempiras anuales en subsidios al transporte público (elheraldo.hn (26/08/2014).

Pero la mayor parte de ese dinero se lo queda los dueños de las unidades, mientras los conductores y ayudantes se las ingenian llevando excesivas cantidades de pasajeros en las unidades. Los pasajeros y pasajeras son los que terminan sufriendo la corrupta política del Estado en los entregados “subsidios”, donde al igual que sucedió con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, estos dineros son desviados a las cuentas particulares de personajes ligados a partidos políticos.

En julio del 2012 se dio una controversia entre el director de Soptravi y la IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), en la cual el director de Soptravi se negaba a darle la información a la IAIP, y le solicitó a esta institución “que la información respecto a los subsidios que otorga el Gobierno a los transportistas se manejara en reserva” (Radioamerica.hn.11/12/2012).

El titular de la Dirección General de Transporte (DGT), Geovanny Dubón, manifestó que el trasfondo del paro del transporte es el subsidio porque el gobierno le debe a los empresarios cinco meses y éstos quieren que se les pague todo lo que piden (elheraldo.hn.22/10/2014).

El Estado debe garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores

Un acto delincuencial que azota a la ciudadanía es la extorsión. Se culpa a mareros y pandilleros del cobro del “impuesto de guerra”, sin embargo, este acto delictivo no hubiera alcanzado tales dimensiones de no haber sido impulsado desde las mismas instituciones del Estado ligadas a la seguridad. Son muy conocidos los casos en que policías se ven involucrados con actos delincuenciales, ligados o no con mareros y pandilleros. A tal grado que hace algunos meses el Ministro de Seguridad manifestó que era mejor que la posta ubicada en el Barrio la Granja -policías ligados a esta posta fueron los que asesinaron al hijo de la rectora de la Unah hace algunos años-, tenía que ser desmantelada.

Entonces, el alto índice de violencia que abate al país refleja el fracaso en política de seguridad del gobierno de JOH y sus antecesores. Los principales actores del aumento de la violencia han sido las mismas Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El subsidio debe ser pagado directamente a los trabajadores y pasajeros

La medida adoptada por los transportistas golpeó a algunos rubros de la economía nacional y causó malestar en la población que utiliza el transporte público. Sin embargo, cualquier medida que exija parar la inseguridad en el país es correcta; pero se obtendrán mayores resultados si ésta es impulsada por trabajadores del transporte y pasajeros(as). Parte de las exigencias también debe ser que el subsidio no se les entregue a los grandes empresarios, sino que sea otorgado directamente a los usuarios y a los trabajadores. El Estado está obligado a garantizar la seguridad en las unidades de transporte, sin embargo, tanto usuarios como trabajadores deben asumir la protección ante los delincuentes.

Las organizaciones sindicales y sociales deben sumarse a condenar el alto grado de inseguridad que fue profundizado desde el mismo Estado.