Por Maximiliano Fuentes

La Rectora Julieta Castellanos ha logrado durante su gestión desarticular a las organizaciones sindicales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto el SITRAUNAH como el ADUNAH. La desarticulación de la oposición se hizo bajo un clima de desmovilización y descrédito de los dirigentes sindicales, producto de la corrupción imperante y de la pérdida de confianza de la base ante la embestida neoliberal y la ineficacia de la burocracia de dar respuestas sólidas a las exigencias de los trabajadores.

Durante el proceso, las autoridades universitarias han logrado consolidar su proyecto de reforma, que entre algunas cosas, ha logrado asestar duros cambios a los instrumentos de Ley que regulan las relaciones obrero-patronales; nos referimos al Estatuto del Docente Universitario y al XIV Contrato Colectivo.

El año anterior se aprobaron reformas al proceso de contratación docente, donde los consejos de selección docente pasaron a ser órganos consultivos, irrespetando las normas anteriores, donde la selección del personal docente se realizaba a través del cuerpo de docentes de las Escuelas y Facultades seleccionados para valorar las competencias profesionales de los aspirantes. Con esta iniciativa se eliminaban los procesos de selección anteriores, que por cierto eran partidistas, sesgados y clientelistas. Los nuevos mecanismos de selección contribuyen a engrosar la concentración del poder por parte de la Rectora y su estructura de poder, dado que al final de cuentas las autoridades deciden sobre las nuevas contrataciones, que por cierto, las mismas se realizan en función de la línea y orientación política de la señora Rectora.

Las autoridades universitarias encabezadas por Julieta Castellanos han articulado un discurso y un clima de gobernabilidad que se fundamenta en la represión laboral y estudiantil. Han implementado un estricto sistema de vigilancia para el control y supervisión del personal docente y administrativo, y en algunos casos sin fundamento constitucional, dado que el control a través de las huellas dactilares carece de fundamentos jurídicos, pues ninguna ley establece que el Estado supervisará a sus empleados a través de dicho mecanismos. Deducciones salariales son las penas establecidas por las autoridades de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Personal.

A nivel de lo laboral las autoridades universitarias han irrespetado de manera continua las cláusulas laborales, tanto las que establecen los aumentos continuos como el pago de bono de vacaciones. En los últimos dos años no ha hecho efectivo el pago del costo de vida, adeudando el año de 2014 y por ahora el mes de enero del presente año. Si bien es cierto realizó el pago del año de 2013 un año después y por partes. Es tanto el retroceso, que durante su gestión tan solo en el año de 2009 se hizo efectivo el pago a la base salarial por desindexación. De la misma manera, hasta el año anterior se le dio trámite a la reclasificación por categoría docente, teniendo por cinco años congeladas las mismas.

Como parte de la embestida, se eliminó la posibilidad de que el personal docente que labora de forma permanente impartiera los cursos extras, que por cierto, era la única vía por la cual los docentes lograban equilibrar sus salarios ante la política de deterioro de los ingresos del gobierno.

Julieta y su gabinete, ante la necesidad de elevar el índice académico, sobre todo para mostrar mejores cifras ante el gobiernos y organismos cooperantes, aprobó modificar los índices de aprobación y permanencia en la UNAH, sin considerar las condiciones socio culturales de los jóvenes universitarios, quienes ingresan a la Universidad con un sinnúmero de dificultades: bajo capital cultural, escolar y familiar producto de el bajo nivel de escolaridad de sus padres y la extrema pobreza en la que se desarrollan, así como los bajos índices obtenidos en su proceso de formación anterior. Esto generó un proceso de movilización estudiantil en Ciudad Universitaria y en la Universidad Valle de Sula, los dos centros de mayor concentración poblacional en el país. Dicho proceso fue fuertemente reprimido por las autoridades universitarias, entre acusaciones directas ante el Ministerio Público y expulsiones de los principales dirigentes.

Frente este clima de hostilidad y represión, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los diferentes sectores que conforman el Sindicato, trabajadores administrativos, docentes y estudiantes universitarios a crear un frente amplio de lucha para detener las represiones selectivas, exigir que se restablezcan los derechos de los estudiantes expulsados, exigir que se cumplan de forma efectiva la cláusulas de aumento salarial establecidas en el Estatuto de Docente y Contrato Colectivo. Solo la unidad permitirá restablecer las conquistas y derechos eliminados por las autoridades universitarias.