Por Gerson de la Rosa

La captura de Yankel Rosenthal, hijo del empresario del partido Liberal de Honduras, Jaime Rosenthal Oliva, por parte de las autoridades de los Estados Unidos por suponerlo responsable de los delitos de lavado de activos, es la razón fundamental por la cual los gobernantes del Estado de Honduras, incluyendo al presidente Juan Orlando Hernández, se oponían de forma rotunda a la creación de un ente internacional que vigilará los negocios ilícitos en los que se encuentran involucrados una buena parte de los altos funcionarios del gobierno.

Los gringos a la caza de bancos-lavandería

La detención del hijo de uno de los empresarios más poderosos del país, vislumbra parte de la gran red de corrupción que se ha tejido a lo largo de la historia de Honduras, y que por cierto, en los últimos años las grandes empresas han servido como espacios para blanquear capitales que proviene en buena parte del narcotráfico y del crimen organizado.

Yankel Rosenthal fungió como Ministro Asesor de Inversiones del gobierno de Juan Orlando Hernández y en los últimos días se le ha acusado de lavar activos por una Jueza de la Corte de Clyde Atkins en Miami.

Durante el mes de junio del presente año, El banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. FICOHSA, había sido acusado junto a otros doce bancos de haber recibido fondos de un programa social del gobierno de Panamá, por lo que sus representantes legales, entre ellos Camilo Atala Faraj enfrentan los delitos de blanqueo de capitales, ocultación de liquidez financiera y fraude en el mercado de valores. Es de recalcar que los Atala junto a sus empresas han sido uno de los sectores más favorecidos con los diferentes negocios que han tejido con el Estado de Honduras durante los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Por otro lado, durante el presente año fue capturado Fabio lobo Sosa, hijo del Ex presidente Porfirio Lobo Sosa, quien fue detenido en Haití y fue procesado por conspirar para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos y podría ser condenado a prisión perpetua.

Se puede observar la clara participación de los funcionarios de Estado en crímenes por blanqueo de capitales y distribución de drogas en los Estados Unidos.

Sin dejar de mencionar el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por parte de Mario Zelaya y otros funcionarios de Estado provenientes del Partido Nacional, sin dejar a un lado a Lena Gutiérrez, actual Vice-Presidente del Congreso Nacional, diputada nacionalista y fiel colaboradora de Juan Orlando Hernández.

La maniobra de la OEA

Las intensas movilizaciones encabezadas por el incipiente movimiento de los Indignados y los acontecimientos políticos que determinaron la acusación y renuncia del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la vice-presidente Roxana Baldetti obligaron a los organismos del Imperialismo Norteamericano a emprender una nueva estrategia para desmovilizar y lograr imponer su política de control en el país.

Para ello desplazaron a varios representantes de la OEA, entre los que figuraba Jhon Biel del Río, y desplegaron una política que ha dado muchos resultados: la del diálogo nacional. Si bien es cierto, el proceso no se desarrolló de la mejor manera, el imperialismo por medio de la Organización de Estados Americanos (OEA) logró aplacar las intensas movilizaciones y logró dividir a la dirección del movimiento. Lo anterior, provocó que el número de protestantes disminuyera y con ello el impacto social de la lucha por la instalación de la CICIH en Honduras.

La instalación de la MACCIH

La estrategia de los Estados Unidos no culminaba con la desarticulación del amplio movimiento social que se había gestado repudiando la corrupción y la impunidad. Para ello, la (OEA) por medio de su Secretario General Luis Almagro anunciaba una iniciativa para combatir la corrupción e impunidad. En otras palabras, un ente configurado a partir de los intereses de los Estados Unidos y los gobernantes del país.

Por ello, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) será presidida por un jurista de reconocimiento internacional y alto nivel de competencia. Un candidato de los organismos internacionales y los Estados Unidos, pero no un representante del pueblo trabajador electo por mecanismos democráticos desde las bases.

De acuerdo a los cinco puntos presentados, en ningún momento se manifiesta la persecución y el debido proceso contra todos aquellos funcionarios de Estado que han violentado la Ley y hayan acumulado riqueza por actos de corrupción. Se observa una intención de vigilar el desgastado sistema de justicia pero sin establecer ningún tipo de pena para aquellos que gozan de la impunidad.

Es evidente que los trabajadores y el pueblo en general no pueden caer en la trampa tendida por la (OEA), los Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por tal razón, desde el PSOCA hacemos un llamado a los trabajadores organizados en gremios, sindicatos, patronatos, comités, a los grupos campesinos y demás organizaciones beligerantes para exigir por medio de movilizaciones y un paro general la cárcel para todos aquellos que se encuentran involucrados en casos de corrupción. Por otro lado, se debe de exigir la instalación de un organismo de obreros y campesinos que vigilen de forma constante y permanente el funcionamiento de las instituciones y sus representantes.