Por Gerson de la Rosa

Desde hace algunas décadas en Honduras, el crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, así como el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión, ha experimentado un crecimiento estrepitoso que lo ha conducido a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y hasta cultural del país. Es tan profunda la vinculación del narcotráfico en la vida social del país, que los sectores que lo dirigen se encuentran insertos en el deporte, las instituciones del Estado y la banca privada nacional. Tal es el caso de la familia Rosenthal, una de las más poderosas económicamente hablando, y otras, vinculadas a los Valle y a los Cachiros.

Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto internos como externos. Por un lado, a la profunda crisis del sistema capitalista, pero también se suman factores derivados de la aplicación de las cruentas políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno.

Esta combinación de factores ha conducido a Honduras hacia una profunda crisis, constituida por un alto déficit fiscal y un crecimiento económico insuficiente, lo que ha conducido a un exagerado aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales. Lo anterior ha desembocado en niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea del país, y en una creciente militarización del Estado.

El modelo económico neoliberal vigente, basado en la apertura externa, ha constituido un terreno propicio para el surgimiento de una economía, sociedad y gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico y de las distintas agrupaciones del crimen organizado (Smith, 1997).

Esto ha llevado a que ciertos sectores de la opinión hayan caracterizado al Estado hondureño como un "Estado fallido”.

En los últimos años, se ha presenciado la constitución de una nueva forma del Estado burgués hondureño; además de ser un Estado periférico ampliamente explotado por el imperialismo norteamericano, se ha convertido en un narco Estado, muy similar a México. Es decir, en el Estado de Honduras se ha instaurado un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, en la economía y las finanzas. Este fenómeno está vinculado a las políticas implementadas en los años noventa, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, cuando se desmanteló el modelo de Estado benefactor y se crearon las condiciones para impulsar un nuevo régimen de acumulación, fuertemente trasnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables del capital.

A nivel del régimen político, esto ha conducido a los distintos gobiernos de turno a agravar la contradicción entre las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la credibilidad de las instituciones. Sobre todo porque se han reducido presupuestos y liberalizado los distintos servicios, que en décadas anteriores, tan solo el Estado ofertaba.

Esta contradicción ha conducido a profundizar una tendencia de crisis a nivel de la economía y a la militarización del aparato de Estado, cuyo subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por otro lado, la corrupción y la impunidad, males endémicos en Honduras a lo largo de su historia, han alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e institucional del país. Es tan profunda la corrupción en Honduras, que ha logrado interiorizarse y ser parte la vida social y de las prácticas culturales más habituales.

La fallida transición a la democracia formal burguesa, por cierto instaurada con la constituyente de 1982 y sus continuas reformas, sumado a la crisis de representatividad que vive el sistema político acrecentado con el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, han ocasionado en la población la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto con los partidos políticos. El famoso "Estado de derecho" tan solo llega a ser una expresión sin ningún tipo de contenido. Lo cierto es que el Estado de Honduras se expresa por medio de un régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad.

Por lo anterior, desde el PSOCA hacemos un llamado a la población en resistencia e indignada a expresarse en contra de la articulación de redes del narcotráfico al interior del Estado de Honduras, la mejor manera de combatirlas es por medio de la movilización permanente y la constitución de un nuevo Estado. De lo contrario, seguirán perpetuando la miseria y el hambre a los trabajadores, que al final de todo son los únicos perjudicados con las incautaciones y la perdida de dominio de las empresas que se orientan para lavar activos y blanquear capitales.