Por Agustín Raudales

El 28 de julio de 2016 se firmaba un acuerdo entre estudiantes -articulados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)- y autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dándole una supuesta “solución” a la crisis universitaria que paralizó las actividades académicas a nivel nacional y, en general, provocó un período de poder dual entre estudiantes y autoridades por más de 55 días.

El MEU logró articular un espacio amplio y democrático de representación estudiantil, integrando a las legítimas Asociaciones de Carrera, algunos movimientos independientes como el Movimiento Amplio Universitario (MAU), Avanzada, Movimiento Estudiantil Participativo (MEP), etc., al Frente de Reforma Universitaria (FRU), y comunidad estudiantil en general; sentó las bases de una articulación a nivel nacional a través de todos los Centro Regionales, y desarrolló una serie de propuestas académico-políticas que vendrían a respaldar, desde mayo de 2016, la madurez organizativa del movimiento estudiantil en más de 6 años de formación y politización en la UNAH.

La crisis universitaria, sin embargo, no fue -ni continúa siendo- un fenómeno aislado o coyuntural. El proceso de Cuarta Reforma Universitaria, por medio de una Junta Interventora del Congreso Nacional en 2004, vino a redefinir las estructuras administrativas, políticas, jurídicas y académicas de la UNAH, intentando diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo para una “Reforma Integral”, iniciando en 2005 con la aprobación de la nueva Ley Orgánica; y propiciando la conformación estratégica de una Comisión de Transición (CT) hasta el 2008, que definiría líneas generales de construcción, planeación y seguimiento del proceso de Reforma.

A grandes rasgos, la Cuarta Reforma Universitaria en el aspecto académico involucró la creación de nuevas unidades académicas, entre Facultades y Centro Regionales Universitarios; se planteó además un proceso -estancado- de reforma curricular y actualización docente. Y a nivel administrativo-político reestructuró los órganos de gobierno, generando una ruptura con la Ley Orgánica de 1957 y, por tanto, con algunas conquistas obtenidas en la década de 1950 por medio de luchas obreras y estudiantiles, en específico durante la Junta Militar de Gobierno de 1956-1957.

En ese sentido, la paridad estudiantil, consolidada a través de la lucha integral entre la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), algunos sectores profesionales de la UNAH, partidos políticos, y en general, como consenso de la comunidad estudiantil, fue abolida; pasando a un sistema de participación tripartito entre estudiantes, docentes y autoridades. Con el sistema paritario los estudiantes representaban la mitad de la decisión en cualquier espacio colegiado del cogobierno universitario; quedando pues, con la Ley Orgánica del 2005, a casi un tercio, es decir, un 33.33% entre estudiantes, docentes y autoridades.

La Comisión de Transición, a sabiendas del conflicto que generaría no sólo la conformación del nuevo Consejo Universitario, sino también la nueva estructura orgánica y política del movimiento estudiantil universitario, llama a todas las Asociaciones de Carrera por medio del acuerdo CT 67-2006, a elegir dos representantes que pasarían a integrar la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria (ACEU). La ACEU se plantearía en dos niveles, uno explícito de carácter organizativo-legal, y otro tácito desde lo político-gremial. En el nivel organizativo-legal, la CT veía necesario que la conformación de la FEUH fuera dispuesta sólo si sus instrumentos orgánicos estuvieran en armonía con la nueva Ley Orgánica en el marco de la Cuarta Reforma; por lo que es explicita en cuanto que delimita el objetivo principal de discutir, construir y -posteriormente- socializar los nuevos estatutos de la FEUH, así como el nuevo Reglamento Electoral Estudiantil, que garantizaría un proceso de elecciones en el autogobierno estudiantil, desde Asociaciones de Carrera (si fuera necesario), Asociaciones de Facultad, Centro Universitario y Centro Regional Universitario, hasta la FEUH.

Por otro lado, el planteamiento de una ACEU a un nivel político-gremial fue en principio una forma efectiva de garantizar la representación estudiantil, que desde años anteriores a la intervención se veía envuelta en un letargo ideológico, político y práctico, siendo cómplice -incluso- de actos de corrupción dentro de la UNAH. Y aunque fue previsto así por la CT, las autoridades de la UNAH, en sus diferentes gobiernos, han invisibilizado y frustrado cualquier intento de organización a través de este mecanismo. Desde el 2011, el MAU, junto con otros sectores como el MER-LZ, algunas asociaciones como Historia y Sociología, impulsaron no sólo el uso legal de esta garantía, sino que lo dimensionaron desde la legitimidad autónoma que surge desde la decisión estudiantil inmediata en las asociaciones de carrera. En ese sentido, la ACEU pasa a significar un espacio primordial para redefinir la identidad, principios, políticas, ideología y visiones generales del movimiento estudiantil universitario, en el marco no solo de la Cuarta Reforma, sino de los procesos de globalización neoliberal, reflejados en la progresiva privatización de la educación pública, privatización de los servicios públicos en general, medidas de extractivismo, etc.

Desde la conclusión emitida por la CT en 2006, muchos han sido los intentos de parte de los estudiantes por desarrollar un proceso autónomo hacia una legitima participación y representación estudiantil. Muchas han sido las experiencias de articulación que se han ido perdiendo en la efectiva política de las autoridades universitaria de la dilatación y el agotamiento.

Y en especial después del Golpe de Estado de 2009, el movimiento estudiantil universitario se vio en necesaria y pronta responsabilidad de pensarse y actuar desde la independencia de los lineamientos legales (que no reconocían sus estructuras en ningún nivel) para impedir la intromisión del sector administrativo, docente, y en un todo, alejados de la dinámicas y principios de los Frentes estudiantiles.

El 2010 vio nacer proliferar varias iniciativas de organización. Unas coyunturales, o bien articulaciones, como la Alianza de Movimientos Independientes (AMI), y otras como el Movimiento Estudiantil Lorenzo Zelaya (MER-LZ) o el MAU, que nacen como alternativas que defienden los principios de autonomía e independencia del movimiento estudiantil; y conscientes de la importancia de una visión amplia y consensuada del autogobierno presentan en 2011, junto con las Asociaciones de Carrera, una propuesta de ACEU, que como otras posteriores fueron anquilosadas entre silencio y la postergación.

Hoy, la síntesis de la organización del movimiento estudiantil universitario de la UNAH es un suspiro, un suspiro prolongado que lleva el aliento de generaciones frustradas, de generaciones quizás olvidadas, quizás necesariamente; lleva el aliento de 12 expulsados/as en 2014 por la democratización de la UNAH; lleva el aliento Morán y los gritos que frenaron la arrogancia; llevan el aliento de una semana de julio en 2015, y más de 20 compañeros/as entre letras rojas de penalistas; y llevan sobre la experiencia minúscula de 6 años, en especial, el reto de una sociedad que se irgue asolapada por sus verdugos entre la brutalidad y el hambre.

Si bien el MEU logró plasmar estos años de iniciativas y experiencias en sus estructuras, organización y dinámicas en general, la fragilidad en la claridad política pesó más hasta llevar a la firma de un acuerdo que acorraló al movimientos, dejando los dos grandes tareas de la articulación: consenso de un REE para consolidar en 2016 la representación estudiantil en el autogobierno y cogobierno universitario (Comité Técnico de Carrera, Junta Directiva de Facultad y Consejo Universitario) y discusión, derogación, debate y construcción de una nuevas Normas Académicas, con un límite todo esto hasta febrero de 2017; sin verdaderas condiciones objetivas que permitan, a todos los sectores estudiantiles, sentirse parte directa de un nuevo proceso de reforma.

El MEU alcanzó un nivel de coordinación a nivel nacional, con bases hacia una ambiciosa articulación permanente y cohesionada, pero terminó dilatando sus procesos internos según las exigencias aceleradas e inviables de unos acuerdos no socializados, y, lo que es más, en desmedro del apoyo que espontáneamente mostraba la masa estudiantil desde el inicio de la lucha. El MEU, además, sostuvo una imperativa pelea mediática en contra del supuesto apego a las política-partidistas de LIBRE, PAC o incluso del Partido Nacional, precisamente, porque basados en independencia se podía conseguir una visión auténtica por sobre el interés electoral, como el que en medio de supuestos se han lanzado una cantidad considerables de “personajes” activos, o en su defecto, simpatizantes de la lucha del MEU.

El MEU tiene la tarea redefinir sus principios organizativos en vista de no relacionar sus líneas políticas en el interés electoral-partidista. Esta tarea puede tener tres espacios de acción durante este año: el primero en la politización del estudiantado de la UNAH, para lograr crear cohesión en la lucha estudiantil y nacional; el segundo será la convergencia con otros grupos estudiantiles en lucha como UNA-Reforma, que si bien han acumulado experiencias negativas con respecto a las condiciones objetivas y subjetivas de su institución, no habían tenido hasta noviembre de 2016 un posicionamiento tan firme que obligó -sin mucha crítica de su parte, sino lo contrario- un proceso de intervención. El acercamiento a otros grupos estudiantiles es esencial en la conciencia gremial como sector vanguardista que ha demostrado estar al frente y activo en la crisis de las instituciones; al final, el objetivo pasa a ser una democratización de la educación pública. El último espacio es, precisamente, el acompañamiento popular. Porque si bien la lucha contra el gobierno nacionalista no es propia de un partido político, ésta todavía se relaciona con ciertos discursos populistas y cínicos.

El MEU debe mostrar posturas críticas y determinantes en la construcción democrática de espacios de participación popular; debe mostrarse, como en todas crisis políticas y sociales desde 2009, al frente, siendo capaz tanto de acuerpar, alegrar y acompañar, como discutir, construir y consensuar con los trabajadores, campesinos, pueblos originarios, etc.