Por Mateo Raudales

A casi 14 años de engendrada la Cuarta Reforma Universitaria, la crisis de legitimidad se profundiza de forma extensiva en todos los niveles y con todos los actores involucrados del proceso de educación superior. Hoy, tras un año de comenzado el conflicto universitario que mantuvo paralizadas las actividades académico-administrativas de la UNAH más de 50 días en 2016, nuevamente en Ciudad Universitaria se vuelven a escuchar los ecos -un tanto disonantes- de tomas. En 2010, las contradicciones del proyecto de reforma, encabezado por el gobierno de Julieta Castellanos, acentuaron los desencuentros de las autoridades por perpetuar su política de exclusión y reajuste administrativo y, por otro lado, los estudiantes, urgidos de espacios de participación para representar sus dinámicas multisectoriales en la política universitaria.

En horas de la noche, del miércoles 24 de mayo de 2017, un grupo de compañeros y compañeras decidieron “recuperar” el Edificio Administrativo (mal llamado “Alma Mater”) de la UNAH-CU, haciendo pública su solidaridad con el proceso de criminalización que desde 2009 se ha venido desarrollando, teniendo consecuencias penales más graves a partir de 2015 y llegando a significar para julio de 2016 más de 70 procesos judiciales a nivel nacional a estudiantes universitarios.

La lucha estudiantil, una lucha que ha enfrentado desde el siglo pasado las tiranías de los grandes poderes en estas haciendas liberales, construye su rebeldía desde la resistencia permanente; muchas veces en reconocimiento de nuestros mártires y hermanos, otras, por la necesidad misma de querer cambiar la triste realidad que cubre nuestra cotidianidad política, social, cultural, económica y espiritual. Esta forma de lucha, sin embargo, no ha permitido sistematizar las experiencias organizativas en una plataforma consecuente de coordinación nacional a nivel superior y medio, no ha consolidado la organización y politización de las asociaciones de carrera y disputa sus principios, métodos y discursos en una alzada espontanea; que no ha dejado de exponer las mismas problemáticas, con sus respectivas víctimas y victimarios, pero sin una propuesta sólida y políticamente construida desde todos los espacios y sectores estudiantiles.

La encrucijada del movimiento estudiantil hondureño parece ser el traspaso inesperado de generaciones. En cada momento de su formación, el movimiento estudiantil padecía de un mal reduccionista, que subrayaba el carácter activista y panfletario de muchos/as de sus más recónditos discursantes. La universidad construye su propio campo de poder, pero siempre en el marco de una red de macro-relaciones institucionales, factuales, militares e intelectuales del país e internacionalmente. Ningún proceso actual es ajeno al embate neoliberal que asalta a Centroamérica a finales del siglo XX, y ni éste explica ampliamente los contenidos, formas y medios académico-educativos que se desarrollan a nivel de docencia, investigación y vinculación, sin antes comprender la contradictoria relación histórica de las Universidades latinoamericanas con los Estados centrales y los grupos de poder dominantes. La conquista de la autonomía fue -por ejemplo- una gesta desde la negación intencionada del carácter “colonial” educativo y la necesidad de una Universidad responsable con el desarrollo social de las naciones moderna.

Esta “crónica de una muerte anunciada” expone con crudeza el fracaso sistemático de dirección del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), surgida en 2016 como plataforma de articulación estudiantil de Asociaciones de Carrera, de Facultad, Movimientos Independientes y la comunidad estudiantil organizada o no organizada. Tras la firma del acuerdo del 28 de julio, el MEU catapulta una conciencia frágil, resguardada por la comodidad pequeñoburguesa del arreglo institucional, traicionando los principios y escudando sus argumentos en cuestiones inalcanzables e incomprensibles para la mayoría de estudiantes: consenso de reglamento, normas académicas, tomas escuetas y el último circo, más irrisorio que el propio Congreso Nacional, el “Congreso Estudiantil Eduardo Becerra Lanza”; el colapso de las asociaciones despolitiza las bases, creando una reacción negativa a cualquier situación de toma, a finales de 2016 el movimiento estudiantil debatía sus horizontes: cada vez más cercanos a la comedia.

La criminalización de la protesta estudiantil continua vigente. Tras la “recuperación” del Edificio Administrativo, más de 15 compañeros y compañeros fueron detenidos ilegalmente en el campus de Ciudad Universitaria; no sin antes haber sufrido un atentado de agresión física y violencia por parte de la mafia de seguridad ESPA, liderada por Roger Aguilar, anterior miembro del escuadrón de la muerte 3-16 durante la caza de “disidentes políticos” en la Guerra de Baja Intensidad de Honduras, en la década de 1980. Compañeros y compañeras que, en su legítimo derecho de asumir las formas de manifestación que son garantizadas por su libertad de expresión, ahora serán expuestas –nuevamente– a un sistema de justicia que ha demostrado constantemente su radical fracaso, no obstante fortaleciendo sus mecanismos de represión y control social, parafraseando la memorable reflexión del Sub-Comandante Marcos, serpiente que muerde sólo los pies descalzos de los más desprotegidos.

Este hecho constituye un notable atraso en la lucha estudiantil. Sin una coordinación clara en las políticas que deben dar contenidos a las denuncias y exigencias de los estudiantes, más 15 compañeros y compañeras servirán de nuevo como excusa perfecta de la dirección oportunista del MEU para conciliar, desde una representación ilegitima, los acuerdos que más favorezcan el proyecto de exclusión y mercantilización en la UNAH. La experiencia del MEU entre mayo y julio 2016 demostró una maduración de los métodos de lucha, generando una estrategia mediática excepcional y conduciendo una “recuperación del territorio universitario” por más 50 días, en todos los Centros Universitarios y Centros Regionales Universitarios. Este momento de la lucha estudiantil se logró gracias a la convergencia de generaciones que aportaron diversas experiencias compartidas en procesos como la Huelga por la Dignidad en 2008, el Golpe de Estado de 2009, la Huelga de Hambre y la lucha indignada en 2015, y el acompañamiento a la lucha contra el asesinato de la compañera Berta Cáceres en la Segunda Peregrinación Indígena en 2016.

El Movimiento Amplio Universitario (MAU) fue quizás el espacio que más políticamente aprehendió estas circunstancias, enfrentando de forma aguerrida el ejercicio de la justicia al margen del derecho que impone y no construye, que legisla y no garantiza, que sentencia y no da oportunidades. Sin embargo, tanto el MAU como los demás MI y las Asociaciones de Carrera, no han sabido cómo dar profundidad a la solución de una crisis que involucra el sistema educativo nacional, entregando irresponsablemente a más y más compañeros y compañeras a la comidilla jurídica que no tiene más salidas que sujeción a la corrupción de jueces, fiscales, abogados, leyes, acuerdos, conciliaciones, pactos, negociaciones, homologaciones y cualquier otra verborrea propia de las quimera legales que se refunden –a más de 190 años de vida “independiente” centroamericana– entre honorables trajes y protocolos de palacios y parlamentos.

La ruta ahora es reagrupar la solidaridad estudiantil a nivel nacional. Las autoridades propician esta actuación porque se hace necesario plantear condiciones propias para evitar un conflicto a mayor escala: el llamado a diálogo o negociación estará vigente en el discurso mediático de ambas partes. El movimiento estudiantil, por su parte, carece de condiciones. Desmovilizadas las bases, despolitizadas las asociaciones de carrera, absorbida la vida orgánica de los MI por la plataforma del MEU, la comunidad estudiantil no responderá con la misma intensidad un proceso de lucha; y la autoridades, buscando no disputar la gobernabilidad de la UNAH en un año electoral tan crucial como el presente, propiciará un campo favorable para la mediación de sus intereses y propuestas. Las bases ahora deben volver a Asambleas. Desde las asociaciones el llamado a asambleas permanente debe ser urgente, porque a pesar de estas condiciones desfavorables, la solidaridad por la violencia en contra de compañeros y compañeras se puede canalizar en acciones concretas. La oportunidad de replantear las estructuras del MEU es otra prioridad; esta plataforma no puede representar el espacio de articulación y acción en esta coyuntura, de así hacerlo se infiltraran las mismas visiones y salidas comunes a una crisis que va más allá de interés estudiantil, teniendo sus raíces en la escalonada desigualdad social que sufre Honduras, y que corroe todas las dimensiones de la vida nacional e individual.