Por Francisco Machado

En las universidades estatales de Latinoamérica se fraguaron las oposiciones más francas contra los sistemas dictatoriales y militares que asolaron el siglo XX en nuestros países. México, Chile, Argentina, Guatemala y otros países hermanos, vieron cómo los gobiernos envestidos de armas y control militarista, propinaban golpes a la ya frágil libertad de expresión ejercida por estudiantes y civiles disidentes de aquellos regímenes nefastos.

Centroamérica no era la excepción a esta regla impuesta por aquellos gobiernos represores, asesinos de jóvenes estudiantes que enfundaban libros, pensamientos, e ideas, en oposición a aquel absurdo sistema que arremetió con las armas, persecución y asesinatos: en Guatemala Oliveiro Castañeda de Léon, asesinado el 20 de octubre de 1978 por el ejército; y más cerca de nosotros, Eduardo Becerra Lanza, desaparecido el 1 de agosto de 1982.

La criminalización que se ha venido dando en la Universidad Nacional ¿Autónoma? de Honduras desde el 2015 –primero con los tres compañeros que ya enfrentaron un veredicto injusto y desfavorable que los condena por delitos absurdos de usurpación, y luego los 20 compas que hoy 15 de junio esperaban las igualmente absurdas y mal infundadas sanciones por la toma del edificio administrativo– ha desembocado en la expresa violación de la autonomía universitaria que expele cualquier presencia sanguinaria de militares.

¿Cómo pueden las autoridades universitarias despachar a la ligera y disponer a su libre interpretación y usanza, las repercusiones de un siglo XX que fracasó en la defensa de la vida de muchos estudiantes asesinados a diestra y siniestra por órdenes de los Estados, y los abyectos militares? Los tiempos actuales no se prestan para dejar en el olvido estos viles asesinatos. Las universidades públicas y autónomas no coinciden con las contestaciones represivas de los gobiernos que mandan militares a aniquilar a estudiantes: las sangrientas armas no son compatibles en ningún sentido con las nobles ideas.

Hoy 15 de junio de 2017 mientras 20 compañeros en el IUDPAS recibían sanciones administrativas por parte de las autoridades, militares irrumpieron en el edificio de Química y Farmacia de la Universidad intimidando a estudiantes y pacientes, y lo peor de todo, sacando a varios compañeros del recinto universitario para trasladarlos a una posta policial. Mientras estén pendientes temas como el cese total de la criminalización de estudiantes –más de 20 compañeros criminalizados–, un tan esperado diálogo abierto y sincero que diluya los intrincados temas de las elecciones estudiantiles y las normas académicas, estaremos ahogados en la crisis que la administración actual de la UNAH ha creado: entiéndase la arbitraria administración de Julieta Castellanos.

Llamamos a todos los grupos, corrientes, frentes estudiantiles, asociaciones, etc., a cerrar filas contra la criminalización de las luchas estudiantiles, a luchar unidos repudiando la actitud de Julieta Castellanos. Llamamos a cerrar filas en la defensa de los estudiantes procesados, así como no permitir nuevas violaciones a la autonomía universitaria.