Por: Claudia Ayala

Uno de los objetivos de la oligarquía y la empresa privada del país, siempre ha sido mantener al magisterio agachado, timorato y obediente. Para lograr tal propósito y con la anuencia de los organismos internacionales, el golpe de estado del 2009 fue el suceso perfecto que permitió que el Partido Nacional con la complicidad y todo el apoyo del Partido Liberal y otras hierbas, asumiera al poder y se entronizaran amenazando con prolongar una dictadura a los Tiburcio Carías. El principal objetivo lo cumplieron; derrotar al magisterio y mantenerlo sumiso en el aula de clases. Para lograr esto fue necesaria una campaña de desprestigio lanzada a través de la mayoría de los medios de comunicación, como consecuencia de tal campaña, al maestro se le dejó de respetar, y ya suman varios los asesinados dentro de las aulas, o bien los docentes agredidos por madres o padres de familia.

En los últimos meses varios centros educativos de segunda enseñanza son visitados y “resguardados” por agentes de la Policía Nacional y del Ejército con la consigna de brindar seguridad a consecuencia de los asesinatos de estudiantes pero que la verdadera intención es cuidar los bienes del Estado y no a las personas que los frecuentan.

Esto se demuestra con el último suceso ocurrido en horas de la mañana del miércoles 20 de septiembre cuando el profesor Mario Morazán, que laboraba como Consejero de Estudiantes del Instituto Técnico Honduras, en cumplimiento de sus obligaciones fue ultimado a balazos por el familiar de una alumna de séptimo grado. El día anterior la joven había protagonizado una riña con otra alumna de la misma institución y cuyos padres fueron citados a la Dirección para resolver el caso, llegó acompañada por su hermano y una mujer pero él, contrariamente a la buena costumbre de escuchar y ser escuchado, trató de agredir a la alumna rival de su familiar. Al observar el grado de violencia de este individuo, el Director le solicitó se retirara del instituto siendo acompañado a la salida por el profesor Morazán y fue allí cuando el agresor de menores se convirtió en asesino, sacó su arma y disparó tres balazos al profesor Morazán. Tras el hecho, se dio a la fuga.

Este evento nos trae malos recuerdos pues el 23 de marzo del 2010 fue asesinado nuestro compañero y amigo José Manuel Flores Arguijo, también docente que laboraba como Consejero de Estudiantes del Instituto San José del Pedregal cuyo caso quedó en el archivo de los olvidados.

Es por esto que la frase de Honduras está cambiando con paz y seguridad se torna un insulto a la inteligencia del hondureño que ve como cada día los índices de violencia se acrecientan a tal grado que los asesinatos ocurren en combos de tres, cinco o más personas a la vez en aldeas y caseríos, grupos organizados de campesinos y profesionales (abogados, periodistas, docentes), dirigentes sociales y estudiantes, asesinatos que van más allá de la delincuencia común o un ajuste de cuentas entre grupos antisociales, sino que muchos de ellos obedecen a una política estatal de reprimir de todas formas los movimientos sociales y la lucha popular, un sector muy golpeado con los asesinatos son los Movimientos Campesinos y Defensores del Medio Ambiente, entre ellos: Tomás García en 2014, Francisco Martínez Márquez, Silvestre Manueles García y Javier Vásquez en el 2015, Berta Cáceres, Lesbia Yaneth Urquía, José Ángel Flores, Silmer Dionisio George en el 2016, sin olvidar a Margarita Murillo, por mencionar algunos ya que según el informe de la ONG Global Witness son más de 120 defensores de la Tierra y del medio ambiente que han sido asesinados desde el año 2010.

Es en estos dos últimos gobiernos nacionalistas que la violencia se ha incrementado a pesar del Plan de Nación de Pepe Lobo y las continuas Operaciones Avalancha de la Policía Militar y el Ministerio Público del gobierno actual contra la Mara Salvatrucha en las que han decomisado varios bienes materiales propiedad de este grupo, además de la presencia militar en las calles de las ciudades del país, el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles denominadas El Pozo y el cobro de la llamada tasa de seguridad que se cobra en los bancos por cada retiro de dinero que hace el ciudadano. Esto no ha garantizado nada y los niveles de inseguridad se incrementan.

Debemos exigir justicia y respeto por la vida regresando a las calles, manifestando nuestra inconformidad y descontento. Volver a la protesta callejera es necesario, aunque esta se haya penalizado.