Por Andrés Morales

Desde abril del año 2018 varias de las notas dirigidas en la prensa oficial remarcaban títulos como el siguiente: El salario de los diputados rebasa los 100 mil lempiras con otros beneficios (El Heraldo, 15 de mayo de 2018); en esta nota se ponía en claro todos los jugosos beneficios que los diputados ostentan hasta la fecha, como ser las compensaciones por zonas, seguros médicos de lujo, viáticos mensuales en transporte y hospedaje, fondos departamentales y un largo etcétera. Y en aquel momento se añadía a todos estos gastos, el oneroso aumento salarial que llevó a 90 mil lempiras la cifra promedio de ingreso mensual de nuestros congresistas, equivalentes a 3,610 dólares, cifra que compite con los ingresos de los diputados mejor pagados de Centroamérica.

No sólo el hemiciclo legislativo recibe salarios que succionan las débiles finanzas del Estado, también existen funcionarios públicos que redoblan sus ingresos, así lo manifiesta un reciente titular: Los funcionarios mejor pagados de la administración pública hondureña (La Prensa, 17 de febrero de 2020). El contenido de esta breve nota señala que hay varias instituciones que tienen dentro sí a los presidentes, directores y encargados con el mayor ingreso a nivel nacional. Encabeza la lista la presidenta del Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda Banhprovi, Mayra Falck, con la estratosférica cifra de 341.769 lempiras mensuales equivalentes a 13,865 dólares, o en sentido gráfico: equivale al salario mínimo ―aproximadamente 10 mil lempiras― que reúnen 34 obreros calificados en un mes. A ella le sigue el presidente del Banco Central de Honduras BCH, Wilfredo Cerrato, con 235,961 lempiras mensuales que se traducen en 9,568 dólares; y la larga pirámide de salarios que remedan los sueldos de los funcionarios de los países industriales, continúa.

Definitivamente los numerosos incentivos que reciben todos los diputados de las diferentes bancadas, terminan convirtiéndose en privilegios que sostienen niveles de vida impensables en un país tan desigual como el nuestro.

El endeudamiento sostiene los altos salarios

Honduras es uno de los países que ha dispuesto de la mayor asignación de dinero para hacerle frente a la crisis. Se conocían 3,742 millones de dólares en lo que corría el mes de abril, entre fondos propios y préstamos con la banca internacional. En el mes de mayo el periódico Forbes, auxiliándose con datos del BCH, anunció que “la deuda externa hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de dólares en el primer trimestre de este año…”, y que la deuda en el sector público llega a los 7,863.5 millones de dólares (Forbes, 18 de mayo de 2020). El 14 de mayo la ministra de finanzas, Rocío Tábora, presentó las justificaciones de un nuevo préstamo de 20 millones de dólares suscrito con el Banco Mundial, para, supuestamente, comprar más suministros médicos.

De ser las compras de los supuestos hospitales móviles y demás implementos para los ya existentes hospitales, como ser también las contrataciones de personal médico, la base y excusa del endeudamiento; ocuparía el segundo lugar de prioridades de esta administración nacionalista, el pago de los inflados salarios y sus respectivos 14avos de los magnates de la administración pública, como ser Wilfredo Cerrato y Mayra Falck. Hasta el momento existen varias instituciones del Estado que no han hecho efectivo el pago del 14avo mes a sus trabajadores, pese al anuncio de la ministra de finanzas que asegura haber efectuado el 100% de este pago, 3,553 millones de lempiras en total (Twiteer, Sefinhn, 30 de junio de 2020).

Una oportunidad para estar del lado del pueblo

El pasado 24 de junio, un día antes de la aprobación del nuevo código penal, los diputados de oposición convocaron a una sesión virtual extraordinaria, que tuvo la presencia mayoritaria de 70 diputados distribuidos en 4 partidos: Libre, Alianza Patriótica, Partido Liberal y Pinu. El motivo de esta sesión giraba en torno a la abrogación del código penal y la elección de una nueva junta directiva. La selección de una nueva junta directiva provisional fue un hecho, ocupando los puestos de presidencia, vicepresidencia, secretaría y prosecretaría un diputado de cada partido. Y al conformarse este nuevo órgano de decisión provisional, se decidió unánimemente la derogación total del código en cuestión. Entregado el documento que hace constar las decisiones de la sesión extraordinaria al poder ejecutivo, solamente quedaba la espera de una respuesta favorable, ocurrió todo lo contrario, el régimen desestimó la abrogación el pasado 4 de julio.

Varias expresiones de victoria y redención que bautizaba a esta iniciativa como el surgimiento de un congreso que está del lado del pueblo, surgieron pese a las ofensivas legales que iniciaron los diputados nacionalistas, acusando primeramente de “usurpación de funciones”, llevando el asunto a los tribunales. Un diputado de libre sostuvo lo que sigue: “Así como hoy hemos abrogado el nuevo Código, podríamos haber hecho muchas cosas para detener al oficialismo y que han golpeado al pueblo hondureño, la oposición debe permanecer muy unida, ojalá que de ahora en adelante podamos demostrarle eso a nuestra gente” (radioprogresohn.net, 24 de junio de 2020). Ese “ahora en adelante” que manifiesta el diputado de libre, debe arrancar con la aceptación de propuestas que pongan en el centro de toda política, a los sectores más desfavorecidos en esta crisis.

De manera que, si el Congreso Nacional ya se encuentra escindido por las diferentes circunstancias que han pasado en las últimas semanas, es posible aún que varios diputados de oposición, que reivindican sus puestos como “surgidos” de la representación popular, decidan hacer retroceder, así como lo hicieron abrogando el código penal, todos estos privilegios y altísimos salarios ―incluyendo los suyos― que son un puñetazo en la cara de los pobres, en medio de una cruel pandemia.

Propuestas de ajuste salarial surgidas en medio de la pandemia

Las propuestas de reducción de los enormes ingresos de los funcionarios no ha sido un tema de agenda, prioritario en las discusiones centrales de los partidos de mayor tradición en la política hondureña. Si bien han existido políticas de ajustes salariales en el pasado reciente, por un lado, como lo fue el 2007 y 2008 en el gobierno de Zelaya (2006-2009), en donde hubo aumentos al salario mínimo; y discursos que “clamaron” en su momento una especie de austeridad gubernamental, por el otro, como nos hizo creer el nacionalista Porfirio Lobo (2010-2014) luego de la crisis económica desatada en el golpe de estado de 2009, en el transcurso de todos estos años lo que ha ido acelerándose aún más, son los aumentos salariales de los altos funcionarios.

El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, planteó a su propio gabinete nacionalista a inicios de marzo, en las “selectas” mesas multisectoriales, la rebaja a los sueldos de sus correligionarios que ocupan altos puestos en las instituciones públicas: “lo hemos propuesto, ni siquiera esperamos que lo propusieran de afuera, nosotros lo hemos propuesto en la mesa y todo ese tema se está revisando para hacerlo de manera integral” (El Heraldo, 26 de marzo de 2020). La imprecación en voz baja que entonó con desgano el ministro de la presidencia, ya lleva tres meses sin que haya causado algún tipo de reacción; lo que preocupa es que la rebaja salarial planteada por estos justicieros a la inversa, es que alcance los ingresos empequeñecidos de los trabajadores que apenas llegan al salario mínimo.

El pasado 3 de abril, a un mes del confinamiento, Luis Zelaya, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), dio a conocer al Congreso Nacional un paquete de medidas para enfrentar la crisis, una de ellas consistía en “reducir el 10 o 20 % del salario de funcionarios públicos en labores no esenciales contra la pandemia” (Proceso Digital, 3 de abril de 2020).  Los voceros del FOSDEH lanzaron la propuesta de un necesario ajuste salarial que recorte los inflados salarios de la burocracia: “Esperaríamos que los sueldos de los altos funcionarios se reduzcan en al menos un 40%. Eso daría mayor libertad presupuestaria a las instituciones” (Tiempo Digital, 8 de mayo de 2020).

A su vez, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), expresó la misma iniciativa de reducción de los salarios, pero en un 50% y dirigida “a los empleados públicos que devengan sueldos superiores a los 75 mil lempiras mensuales” (Criterio.hn, 30 de junio de 2020). Una reciente posición sobre el tema la dio la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Andeph) que exigen la justa rebaja salarial, pero con la salvedad de que se mantengan intactos los sueldos de la mayoría de empleados que devengan sueldos normales (Ltv.hn, 4 de julio de 2020).

Bajar altos salarios para asegurar los ingresos de los trabajadores

Las consecuencias de la pandemia han dejado entrever con mayores luces de realismo, la ineptitud con la que hoy se maneja una desconcertante crisis, en un país plagado de corruptos y narcotraficantes que están metidos de lleno en las instituciones y el gobierno. En ese sentido, las políticas a cuenta gotas que dependen de numerosos endeudamientos, no toman en cuenta el histórico desequilibrio salarial en el cual nos encontramos, y demuestra que nuestra ministra de finanzas y Cia, piensan más en sostener la lujosa vida del presidente del BCH, que en asegurarle el salario a los trabajadores que hoy no cuentan con la certidumbre de que se les pague el atrasado mes de junio.

A los trabajadores del sector público y privado que estuvieron paleando sus necesidades con los pocos ahorros que les quedaban, se les presenta hoy un panorama más crítico que el de los primeros meses del confinamiento. El gobierno no ha podido sostener políticas más o menos creíbles, debido a los hechos que hablan por sí mismos: desabastecimiento de hospitales, grandes estafas en compras de equipo e infraestructura médica y sobrevaloración de los mismos, falta del pago del 14avo mes a todas las instituciones y la incertidumbre en el pago de los meses subsiguientes.  

Sostenemos que bajarle el salario a la mitad a Wilfredo Cerrato y a la señora Mayra Falck, y a la larga fila de adinerados funcionarios, puede asegurarle más meses de pago a los trabajadores del sector público, y porqué no también, asegurar el verdadero rescate a los trabajadores del sector privado e informales. Lo cierto es que no se deja ver el reflejo de todas las declaraciones en favor de iniciativas como éstas, en acertadas mociones de ley de parte de los congresistas, y mucho menos en decretos de emergencia emitidos desde el ejecutivo. La oportunidad para asumir como suyas estas exigencias de los diferentes sectores, ―que esperamos se aclamen de nuevo en manifestaciones y protestas a nivel nacional―, la tienen hoy, los diputados de oposición.

Tanto el movimiento sindical hondureño compuesto por las organizaciones CGT, CTH y CUTH, como otras organizaciones sociales que están del lado de los más desfavorecidos en esta crisis, deben unir esfuerzos por promover un proyecto de ley que busque la justa confiscación de los salarios desmedidos de estos funcionarios ricos, para así reorientar todos estos fondos a las golpeadas finanzas de los trabajadores que merecen salarios más realistas, y al implemento de políticas de rescate económico mejor ajustadas a la crisis. Es necesario volver partícipes de esta verdadera iniciativa a los diputados de los diferentes partidos políticos que quieran participar en su creación, y que demuestren que pueden sacrificar sus privilegios ante la necesidad de las mayorías.