Por Frandav Lifú
El artículo 151 de la Constitución de la República en materia de educación laica dice “…La educación en Honduras será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia…”. Mientras que el Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 36 “El derecho a la educación incluye el de tener acceso a una instrucción actualizada y de calidad, sin discriminación, son deberes del Estado, asegurar la enseñanza primaria, laica, obligatoria y gratuita, además ajena a cualquier doctrina religiosa”. Proceso Digital (26/05/2018).
La Ley Fundamental de Educación aprobada en el 2012, en su artículo 13 define “Laicidad” de la siguiente forma: Es la condición de la educación nacional de ser independiente de cualquier organización , confesión, asociación o creencia religiosa.
Con la creación de esta mesa de trabajo los diputados cachos están violentando la ley al eliminar el principio básico de laicidad de la misma, afanados en contrarrestar el repudio que se han granjeado en la población, pretenden hacer creer que la violencia imperante en el país es producto de la falta de lectura de la Biblia. Es así que, en los últimos días, la banda criminal del Congreso Nacional, dirigida por el Partido Nacional se ha dedicado a utilizar la religión como una punta de lanza para incidir o cambiar el pensamiento de la población.
El diputado nacionalista Tomás Zambrano manifestó “Mientras otros impulsan que un niño escoja si es hombre o mujer y temas que pueden traer a la perdición a nuestros jóvenes, este Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto”. Un argumento muy torpe que se le escucha a este diputado y a diferentes líderes del narco partido Nacional, reflejando el guion al pie de la letra de un discurso aprendido pero que no tiene pies ni cabeza.
La moción aprobada y ratificada por el Partido Nacional dice “… consideramos que es importante y es el momento que la Secretaría de Educación, este Congreso Nacional con una comisión especial o la comisión de educación, la Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica puedan establecer una mesa de trabajo y salgan algunas propuestas para inculcar valores, lectura de la Biblia como se hacía antes y así como nosotros oramos en el Congreso y debe existir un grado… de fe, de valores, de moralidad”.
La doble moral de los delincuentes
En resumen, un Partido Nacional con muchas de sus figuras presas en New York culpadas por narco tráfico y con muchos otros líderes que se les menciona a los 4 vientos que están involucrados en tal actividad delictiva, incluyendo al presidente actual, Juan Orlando Hernández, ahora pretenden curarse en santidad rompiendo el laicismo del Estado y de la educación y que terminarán obligando a que los docentes y educandos profesen la religión cristiana, independientemente de la forma en que pretendan maquillar lo aprobado en ese nido de serpientes llamado Congreso Nacional.
La misma Constitución de la República le prohíbe a los religiosos inmiscuirse en asuntos de Estado u optar a cargos de elección popular, sin embargo, desde el 2009, tanto líderes de la religión católica como la protestante en reiteradas ocasiones han hecho declaraciones políticas, sobre todo; apoyando a la narco dictadura.
En este régimen es cuando más espacio les han otorgado a los religiosos para entrometerse en decisiones políticas, en 2014 Juan Orlando Hernandez “…prometió dar dinero del presupuesto a otras denominaciones religiosas (cristianas católicas, cristianas evangélicas, protestantes, etc) mientras a su vez eliminaba la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes y reduciendo su presupuesto en 40 millones de Lempiras, mientras mantenía una secretaría de religión y culto. Su apoyo a las empresas piramidales religiosas le facilita la compra de voluntades y popularidad mientras regala los bienes del estado y deja de utilizar los recursos que deberían servir a la población para beneficiar a cúpulas religiosas del país”. https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo_en_Honduras.
El pueblo hondureño y principalmente el magisterio nacional no deben permitir la imposición de la religión en los centros educativos públicos, la única forma de bajar los índices de violencia en la juventud es terminando con la corrupción en el Estado y acabar con la impunidad, mejorar las condiciones económicas de la población y asegurar educación de calidad con alimentación y transporte gratuito. Mientras siga gobernando la banda criminal de ahora, ni haciendo un millón de exorcismos se elimina la violencia.