Por Frandav Lifú

A finales de enero e inicios de febrero de 2016 (durante 3 semanas), en el sexto intento, el Congreso Nacional terminó de elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia actuales, siendo el Presidente de la misma, el último electo de esos 15 candidatos en aquel entonces.

Al respecto, en un artículo publicado en Revistazo.com se lee lo siguiente «El análisis de Revistazo muestra que estos 15 miembros no son los más idóneos entre los aspirantes. Según la medición de Revistazo, ocho miembros de la Corte obtuvieron puntuaciones inferiores al 75%, apenas dos de los candidatos entre los “10 Mejores” de Revistazo llegaron a integrar la Corte y tres de los “10 Peores” obtuvieron un asiento (algunas observaciones formuladas sobre los candidatos: “nerviosa y confusa en sus respuestas”, “indecisa”, “pobreza en su argumentación jurídica”, “sin experiencia jurisdiccional”). De acuerdo con la clasificación de la Junta Nominadora oficial, 13 magistrados obtuvieron entre el 66% y el 75% en las evaluaciones, y ninguno consiguió resultados superiores al 85%». (19/02/2016).

Peor aún, en el mismo artículo leemos «tres magistrados no superaron la prueba de polígrafo obligatoria, en la cual se les preguntó sobre nexos con la delincuencia y el narcotráfico. Uno de los candidatos cuestionados por la embajada estadounidense, Rafael Bustillo Romero, también consiguió un asiento en la Corte Suprema». DPLfblog.com (19/02/2022).

La conformación del Congreso Nacional ese año era la siguiente; Partido Nacional 48, LIBRE 37, Partido Liberal 27, PAC 13, los partidos PINU, UD y PDCH obtuvieron 1 cada uno. La elección de cada magistrado es con mayoría calificada (86 votos como mínimo), situación imposible sin el apoyo de algunos diputados del PAC (antiguo partido de fundado por Nasralla) o bien, del Partido LIBRE. De ahí que, en un reportaje de Reporterosdeinvestigación.com del 22 de enero de 2022 en alusión a la Corte electa en el 2016, nos dice lo siguiente «El financiamiento de la narcoactividad influye además en las decisiones del Congreso Nacional. Durante el gobierno del Partido Nacional, la elección de la Corte Suprema de Justicia estuvo signada por denuncias de ofrecimientos de soborno a diputados para adoptar decisiones que blindan la corrupción y el narcotráfico».

Se da el pitazo para la elección de la CSJ en enero del 2023

El 19 de julio recién pasado, el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema”, de los 28 artículos la polémica se dio en el artículo 15, que alude a los abogados que pueden postularse para ser magistrados. La Ley se aprobó con 73 votos a favor y 44 votos en contra del PN. Los 73 votos con los que se aprobó la Ley corresponden a 50 diputados del Partido LIBRE, 22 del Partido Liberal y, el de Luis Redondo, Presidente del Congreso Nacional y miembro del PSH. Los otros 9 diputados del PSH se abstuvieron de votar.

Más allá de lo que implica la aprobación de la Ley sobre la Junta Nominadora, queda en evidencia el inicio inevitable de una ruptura entre la alianza LIBRE y el Partido PSH de Nasralla. A esto se suma las reiteradas declaraciones de líderes del PSH (incluyendo a Nasralla) para reformar la Ley de Amnistía, mal llamada por ellos mismos “Ley de Impunidad”. Un nuevo elemento que surge en la palestra pública y que da lugar a que se agrande la fisura de la alianza son las voces que ya claman la expulsión de Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras.

Considerando la procedencia de la mayoría de los 10 diputados del PSH, la actitud de sus líderes y, principalmente de Salvador Nasralla, no falta mucho tiempo para que se agriete la unidad que derrotó a la narcodictadura. Arduo trabajo el que queda que, sin lugar a dudas, la elección de los 15 magistrados en enero de 2023 terminará siendo un acuerdo entre los 3 partidos mayoritarios; LIBRE, PN y PLH.  Sin embargo, debe ser el mismo pueblo el encargado de elegir a los magistrados con voto directo.

El pueblo hondureño que votó por un cambio en noviembre de 2021 lo que anhela es una Corte Suprema de Justicia ciega, justa e igualitaria, donde la serpiente no solo muerda a los de pies descalzos. Nefasto es que, ahora, sectores estrechamente ligados a Juan Orlando Hernández hablen de despolitizar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. La misma debe quedar integrada por abogadas y abogados honorables y transparentes, y, sobre todo, que no tengan ninguna conexión con personas involucradas en corrupción. El pueblo aún puede exigir el derecho a seleccionar los magistrados, aun hay tiempo de salir a las calles.