Por Carlos M. Licona

La socialización de la reforma propuesta a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) ha dejado mucha incertidumbre en los docentes, no tanto por lo que se propone sino más bien, por los sectores interesados en atizar la disconformidad en el gremio educativo. Es complicado comprender justicia, igualdad y dignidad cuando cada individuo asume que su propia opinión es la que debe prevalecer.

La sostenibilidad del INPREMA depende de las aportaciones del docente, del patrono y de las inversiones. La principal inversión del INPREMA es en los docentes a través de los diferentes préstamos que se hacen, muchos maestros son del criterio que no se les deben cobrar intereses o que estos deben ser muy bajos, entonces; ¿cuál es la inversión si no se cobran intereses? Por supuesto que deben cobrarse, quizás lo que se debe discutir es cuál es el porcentaje justo.

¿La consigna levantada es por mejorar la propuesta de reforma o por el retorno a la Ley de 1980?

Los docentes muy fáciles se han confundido entre lo que se grita a todo pulmón, lo que se desea y lo que se puede recibir. Si se parte de la premisa de que en primera instancia debe prevalecer la sostenibilidad del INPREMA, entonces, todo lo que se discuta debe partir de este principio que es el sentido de la existencia del Instituto para poder cumplir con sus obligaciones. Hay que tener claro que, la primera obligación del INPREMA es cumplir con el pago mes a mes de los maestros jubilados, seguidamente con el pago de los diferentes beneficios obligatorios, luego vienen los diferentes gastos en que incurre una institución.

El descontento en la base del magisterio proviene principalmente por la edad mínima de jubilación, la Ley de 1980 estipulaba la edad de 50 años, en la reforma hecha en el 2011 la edad mínima de jubilación es de 59 años para los preexistentes y de 65 para los que ingresaron posterior a la entrada en vigencia de dicha reforma. En la propuesta actual se estipula la edad de jubilación voluntaria a los 55 años. La discusión en torno a la edad de jubilación puede variar según sea el caso, lo cierto es que, hasta diciembre del 2011 la gran mayoría de maestros se jubilaban acercándose a los 60 años o más inclusive, son muchos los factores que incidían, siendo el principal la vocación docente, y, precisamente, este motivo incidía para que el maestro extendiera su jubilación más allá de los 50.

Con la entrada en vigencia del Estatuto Docente en 1998 se generó otro aliciente más para que los docentes esperaran los aumentos salariales cada año, de esta forma, elevaban el salario promedio de los últimos 36 salarios, en conclusión; trabajaban mucho más de los 50 años.

Un segundo punto que mal intencionadamente se ha distorsionado en la base del magisterio es el “Salario Base Promedio” en el que se basará la jubilación. Si bien es cierto la Ley de 1980 estipulaba los últimos 36 salarios, esta no consideraba el índice de inflación. Un maestro tenía que trabajar 30 años o más para lograr el 90 % de su “Salario Base Promedio”, si en los años 2013, 2014 y 2015 hubiera estado en vigencia la Ley de 1980, un maestro con 60 años de edad y con 40 años trabajados se hubiera jubilado con el 90 % de lo que ganaba, ya que su SBP  hubiera sido igual a su salario mensual porque no hubo aumentos esos años (excepto los que se recibieron por antigüedad).

En lo que respecta a la reforma hecha en el 2011 y la propuesta actual, el “Salario Base Promedio” es en base a los últimos 180 salarios, aquí es donde la mula botó a Genaro. Lo difícil de comprender para el maestro es llevar los salarios promedios anuales a valor presente, obviamente, estos van ligados a los índices brindados por el Banco Central y estos los tiene el INPREMA, pero, los desconocen los docentes.

Ese mismo maestro, con la Ley del 2011 si fuera ahora el caso, llegaría al 100 % de su salario, o quizás más del 100 %. En la propuesta que se está socializando ahora, ese mismo maestro llegaría a más del 100 % y recibiría los 400,000 lempiras de bono.

Los otros 3 puntos que han generado mucha incertidumbre en los docentes son los beneficiarios, el pago en vida de las 60 rentas y la cotización del 10%. Obviamente, recibir en vida las 60 rentas entra en contradicción con la designación de beneficiarios. Con la Ley de 1980, al morirse un maestro sus beneficiarios recibían 60 rentas (sin importar quienes fueran), con la reforma hecha en el 2011 los beneficiarios deben cumplir ciertos requisitos y deben ser solamente hijos o cónyuges. La propuesta prácticamente recoge los mismos artículos.

En el 2019 se aprobó un Decreto para que los docentes jubilados con la Ley de 1980 recibieran en vida las 60 rentas, un Decreto que excluye de tal beneficio a los docentes jubilados con la reforma hecha en el 2011 o quienes piensan jubilarse con la Ley actual. Sobre este Decreto del 2019 se está a la espera de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

 En el caso del aumento de la cotización universal del 10% es discutible, la posición debe ser que el docente al iniciar a laborar cotice un menor porcentaje y que el mismo se le vaya incrementando de acuerdo a su salario y antigüedad hasta llegar al 10 %.

¿Quiénes son los que exigen la Ley de 1980?

La Ley de 1980 planteaba que un docente se podía jubilar a los 50 años como mínimo y diez años continuos trabajados, con el “Salario Base Promedio” de los últimos 36 salarios, aclarando que solo llegaba al 90 % si trabajaba 30 o más años. Entonces, el mayor reclamo proviene de las personas que desean jubilarse a los 50 años, es decir, todos aquellos docentes que ingresaron al magisterio sin la pasión ni la vocación, lo hicieron por un salario y tuvieron las conexiones requeridas para ingresar de forma fácil al sistema. Existe otro gran número de maestros que desean jubilarse para dedicarse a otras actividades o irse al extranjero. De ahí que, la exigencia se vuelve doble; jubilarse joven y con un excelente beneficio.

Por supuesto que hay un número de maestros que ingresaron al sistema con muchos años de edad y se visualizan trabajando 39 años que les eleva a más de 60 años de edad, sin importar los motivos por lo que haya sucedido, la pregunta es ¿Sin un docente cotizó 15 años (sin importar la edad a la que se jubile) debe obtener el mismo beneficio con el que recibirá alguien que cotizó 40 años y se jubila a los 60?

En río revuelto ganancia de pescadores

Si la propuesta de reforma implica una jubilación en la que se obtendrá más de lo que se ganaba, sin duda alguna que favorece. Si un año después de jubilarse se iniciará la entrega de 400,000 lempiras en cuotas de 100,000 cada año, entonces favorece.

Las particularidades de cada docente serán diversas y cada quien exigirá que se le favorezca como él lo crea, sin embargo, no hay que olvidar; a) la sostenibilidad de la institución, b) los años laborados y, c) la edad de jubilación. En base a estos 3 aspectos debe girar cualquier discusión para plantear una propuesta. Porque, sería injusto que alguien que trabajó 20 años pretenda lo mismo que otro que trabajó 40 años. Sería indigno que alguien que cotiza el 8.5 % merezca lo mismo del que cotiza el 10 % y, es desigual que unos logren las 60 rentas y otros no.

Al parecer, lo predominante en las asambleas realizadas para socializar la propuesta de reforma es la desfavorable imagen de los otrora dirigentes magisteriales ahora convertidos en funcionarios del Sistema Educativo, este rechazo a las autoridades educativas se ha canalizado en el rechazo a la propuesta de reforma, pero, además, la pésima estrategia en que realizaron las asambleas departamentales para la socialización de la reforma se volvió en contra de los técnicos enviados por el INPREMA. A este descontento hay que agregar el interés de muchos maestros de levantar perfil para los siguientes procesos electorales dentro de sus respectivos colegios y, el permanente papel de boicoteadores de los maestros activistas del Partido Nacional que aprovechan cualquier coyuntura para enfilar baterías contra lo que sea que venga del gobierno.

¿Qué hay que hacer?

En sus envíos diarios que hace el docente Ruy Díaz con el título de “Monitoreo de contexto” del jueves 16 de marzo, escribe lo siguiente: “En lo que respecta al INPREMA, la crítica es necesaria. La lucha de calle siempre será un recurso que posibilite mostrar el músculo a la derecha. Pero, también se requiere que las neuronas del magisterio se iluminen en las propuestas departamentales y que tengamos la sabiduría para (1) Trasladarlas al lenguaje escrito y (2) Para escoger a nuestras tres representantes por departamento”.

“Respeto a quienes se movilizan por sus convicciones, pero no puedo acompañarlos… porque… mis herramientas de lucha, las utilicé contra el gobierno de la narcodictadura para promover la Propuesta Ilse Velásquez, que es la base de la reforma actual”.     

Considerando que la Ley de 1980 ya es descontextualizada, la consigna de exigir que se nos devuelva esa Ley se vuelve una consigna arcaica que solo sirve al propósito del Partido Nacional. Lo más urgente es que; 1) el maestro conozca la Ley de 1980, las reformas hechas en el 2011 y la propuesta que se anda socializando, b) en segundo lugar ubicar aquellos aspectos de la propuesta que se consideran deben mejorar, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad del INPREMA, 3) consensuar sobre los beneficiarios, 4) buscar un equilibrio para aquellos maestros que ingresaron muy mayores al sistema y que al trabajar los 39 años llegan a la vez, a los más de 64 años de edad 5) propuesta coherente sobre plan de inversión.

En conclusión; la propuesta de reforma encamina al maestro para que voluntariamente trabaje los 39 años y a la vez llegue a los 59 de edad.  En este tipo de discusiones no se gana la guerra pegando sombrerazos ni a quién grita más, sino más bien; buscando nuestras visiones para contraponer a la propuesta, obviamente, muy bien argumentadas. Lo positivo es precisamente la misma socialización, en el 2011 la narcodictadura de un trancazo nos dejó casi muertos.