Por Sebastián Ernesto González

El sábado 8 de abril, en cuatro cárceles del país, de forma simultánea y con la sincronización de un reloj suizo, se realizaron amotinamientos que dejaron como resultados un muerto y varios heridos. Los hechos se registraron en las cárceles de Ilama, departamento de Santa Bárbara (oeste); Morocelí, departamento de El Paraíso (este), y dos cárceles en el departamento de Francisco Morazán (la Penitenciaría Nacional en el valle de Támara y la de Oropolí).

Las peleas sangrientas dentro de las instituciones penitenciarias han sido permanentes en el país a través del tiempo, son focos de concentración de líderes de las maras y del crimen organizado. Desde esos lugares salen las órdenes de sicariato, asaltos y los cobros de extorsión, con el dinero que obtienen del crimen se fortalecen alargando sus tentáculos ante la indefensa población.

La lucha por el poder y control a lo interno de las cárceles ha ocasionado diversas masacres disfrazadas de incendios, reyertas o simples peleas domésticas. De las tragedias más impactantes en los últimos 20 años se pueden mencionar el incendio en el Centro Penal de Comayagua en febrero del 2012 que dejó 355 muertos, el 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula donde murieron 107 reos (por este caso el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos).

El 15 de abril del 2003, una pelea entre las maras 13 y 18 dejó una tragedia de 68 reos muertos en la cárcel de El Porvenir, Departamento de Atlántida. En mayo del 2020 murieron seis mujeres vinculadas a la MS13 a manos de integrantes de la mara 18.

El crimen organizado y el narcotráfico en el país lleva más de 40 años, el mismo fue potencializado en los últimos doce años con el ascenso al poder por el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández a la cabeza. De ahí que, desde afuera hacia adentro de las cárceles o desde adentro para afuera pululan las órdenes para cometer actos criminales en las que el gobierno que esté de turno se vuelve cómplice. Según un comunicado de La Policía Nacional de Honduras, el amotinamiento sincronizado podría ser ordenado de grupos o personas interesadas en perjudicar al gobierno de doña Xiomara Castro; “Una de las organizaciones criminales habría recibido instrucciones de un grupo de personas desde fuera de las cárceles para tratar de desestabilizar la seguridad nacional durante los últimos días de la Semana Santa”. Agregando “No se descarta que las mismas personas que han orquestado actividades delictivas en el pasado para perjudicar la imagen del actual gobierno estén tras la planeación de estas acciones de amotinamiento en algunos centros de reclusión en el país”. Infobae (09/04/2023).

Aunque el gobierno se sienta perjudicado, lo cierto es que, es desde las mismas estructuras del Estado (Militares, policías y operadores de justicia) que se utilizan las estructuras criminales tanto dentro como fuera de las cárceles. De ahí que, no resulta extraño la proliferación de armas y drogas de todo tipo dentro de las cárceles.

¿Mano dura y respeto a los derechos humanos?

A consecuencia de los acontecimientos del 8 de abril, la presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención de los centros penitenciarios. Desde los organismos defensores de Derechos Humanos, desde los grupos de oposición al gobierno o desde la opinión de analistas independientes, de una u otra forma todos cuestionan la falta de una política de Estado para detener el crimen que se genera desde el interior de las cárceles. Algunos sectores aplauden la intervención siempre y cuando esta termine con el crimen organizado y otros condenan desde ya la violación a los derechos humanos.

Para el sociólogo Armando Orellana “la promesa de mejorar la situación de los centros penitenciarios debe ir de la mano con la mejora de condiciones de vida tanto de los privados de libertad como de los agentes penitenciarios. Hay que reconocer el negocio de administrar la gestión de la institución penitenciaria, el enriquecimiento ilícito por parte de oficiales tanto del Ejército como de la Policía. Toda esta situación se debe analizar a profundidad teniendo en cuenta que los policías requieren un mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de remuneración, debido a que la situación de precariedad en la que se encuentran permite que puedan ser fácilmente convencidos o persuadidos para recibir dinero a cambio de ingresar drogas y armas a los centros penitenciarios”. ContraCorriente (13/04/2023).

Para disminuir o terminar con el crimen organizado se requiere de una política revolucionaria que encuentre y castigue a todos los funcionarios que fomentan el crimen desde las mismas entrañas del Estado, tal y como sucedió con el asesinato de la fiscal Sheryll Hernández, que investigaba rutas del narcotráfico, en occidente, su muerte fue ordenada desde la misma cúpula del poder del Estado ligado a los Hernández, la Fiscalía que dirige Oscar Chinchilla catalogó la muerte como un suicidio.