Por Sebastián Ernesto González
El llamado gobierno de la “Refundación” o del “Socialismo Democrático” ya lleva más de la mitad del periodo que le corresponde (2022-2026), la cuenta va en regresiva y, del tercer año ya han transcurrido casi los cinco meses. Es normal en todo gobierno desgastarse según transcurre el tiempo, el desgaste es mayor aun cuando se ha dejado montada toda una estructura en las instituciones del Estado, tal y como lo hizo el Partido Nacional que gobernó durante doce años (2010-2022).
Sin importar las situaciones adversas al asumir la administración del Estado por un mandato popular, lo cierto es que, la población exige cambios y se desilusiona muy rápido ante las promesas incumplidas. Al final, la valoración que se hace es si se cumplió lo prometido o no. En el caso de la presidenta actual, Xiomara Castro, aún le falta mucho por hacer, de ahí que, no es extraño que en la decimotercera edición de Sondeo de Opinión Pública (SOP), realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), arroje información muy interesante, como por ejemplo “…que 8 de cada 10 hondureños y hondureñas consideran que el desempleo, la situación económica y la inseguridad siguen siendo las principales preocupaciones y los grandes fracasos y desafíos del gobierno de la presidenta…”.
El problema del desempleo, el económico y el de inseguridad son inherentes a cada gobierno en cualquier país, de ahí que, todo político cuando es candidato lo primero que promete es dar trabajo, mejorar la economía y reducir la inseguridad, promesas muy difíciles de cumplir cuando no se cuenta con un programa de gobierno ambicioso y revolucionario.
Según el análisis que hace el ERIC-SJ, “Los resultados del Sondeo de Opinión Pública revelan una imagen desgastada de la mandataria y una administración que no genera confianza ni esperanza de progreso para el país”. Según el SOP, “…el 53.2 por ciento de la población percibe que no hubo ningún logro en el segundo año de gobierno (2023)”.
Por supuesto, hablar de percepción y su respectiva medición de forma objetiva, va implícitamente ligado al tipo de encuesta que se realiza, pero, además, también va ligado a todos los problemas del país que en la mayoría de las ocasiones son sobredimensionados por los medios de comunicación con un guion previamente establecido. Sin embargo, esto no significa justificar el incumplimiento de las promesas del gobierno.
¿Es válido colocar un igual entre la corrupción de los doce años nacionalistas y los dos años de Xiomara Castro?
Entre los más corruptos, el SOP reveló los siguientes porcentajes; que el 51.6 por ciento cree que la corrupción sigue igual, 32.1 por ciento cree que ha aumentado. Se considera que los partidos políticos son los principales corruptos (86.2%), Congreso Nacional (83.4); la Policía Nacional (78.2%) el Gobierno Central (73.3%) y los diputados (83.4%).
Los casos de corrupción en los doce años del Partido Nacional implicaron muchos miles de millones de lempiras, mientras que, hasta ahora, en el gobierno de LIBRE se habla mucho de nepotismo pero no de un tan solo caso de corrupción en el que se mencione que un funcionario se robó un centavo.
De ahí que, cuando el 51.6 por ciento opina que la corrupción sigue igual, es un dato en el que se tendría que analizar el tipo de pregunta que se realizó.
Lo anterior, deja sembradas muchas dudas con el tipo de encuesta que se realizó, ya que, el mismo Sondeo de Opinión Pública preguntó sobre el daño que hizo Juan Orlando Hernández (recordar que en el mes de marzo fue el juicio en NY), “el 29.5 por ciento indicó que convirtió a Honduras en un narco Estado; el 20.6 por ciento que violó las leyes; y un 19.9 por ciento piensa que saqueó las arcas del Estado”.
Sumadas las tres cantidades hacen un 70%, pero, al sumar el 29.5 (narcoestado) más el 19.9 (saqueo) hacen un 49.4, es decir ¿fue más decente el gobierno de JOH que el actual?
Promesas incumplidas
Si hay algo de lo que si se puede acusar al actual gobierno es de incumplimiento de promesas, sin embargo, muchas de las promesas están ligadas a la aprobación por mayoría calificada en el Congreso Nacional (86 diputados) como es el caso de la Ley de Justicia Tributaria; la promesa de la CICIH depende de los acuerdos a los que se llegue con la ONU; otras promesas dependen del procedimiento legal como es el caso de las ZEDE, en que el gobierno anterior dejó maniatado al gobierno actual, y; en otros casos, por lentitud de los funcionarios como es el caso de la aprobación a la Reforma a la Ley del INPREMA, para devolverle a los maestros un derecho cercenado.
En lo que si sale aplazado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro sin necesidad de realizar encuestas, es en el pésimo uso de la información, al parecer, el gobierno de LIBRE no conoce estrategias de comunicación.
La población debe manifestarse en las calles para; derogación de las ZEDE, aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, y en el caso de los docentes; a salir para exigir la aprobación de la Reforma a la Ley del INPREMA, entre otros casos.