Por Frandav Lifú

El alto porcentaje de criminalidad en Honduras es consecuencia principalmente de; alto grado de pobreza, falta de empleo, un alto grado de impunidad, enorme retroceso en educación y, sobre todo; la penetración del crimen organizado en las instituciones operadoras de justicia.

Durante doce, de los últimos veinte años, el país fue gobernado por dirigentes narcotraficantes del Partido Nacional, a tal grado que este partido fue calificado como “narcopartido” en una corte de New York. Por supuesto, también hay narcos en los otros partidos, sin embargo, los hasta ahora extraditados y presos en USA, fueron máximas figuras del PN, siendo el caso más sonado el de Juan Orlando Hernández ya condenado y preso en New York.

Tener a narcotraficantes administrando al país, elevó la criminalidad en lo que corresponde a; extorsión, sicariato, tráfico de drogas, asesinatos (en muchas ocasiones múltiples), lavado de activos, femicidios, saqueo al erario, explotación sexual, tráfico de armas, tráfico de personas y secuestro de mujeres.

Según los datos estadísticos, al asumir Porfirio Lobo la presidencia de la República (enero de 2010), recibió una tasa de homicidios de 66.8 por cada 100 mil habitantes, cifra que en el 2011 ya era de 86.5 por cada 100 mil habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo, aún por encima de aquellos que estaban en conflicto bélico.

Es evidente el aumento de la criminalidad asociado a la administración del Estado por delincuentes desde el 2010, luego, viene el otro factor; alto grado de impunidad. Por supuesto, los operadores de justicia como fiscales, jueces y policías  se han asociado a los delincuentes recibiendo cuantiosas cantidades de dinero como pago por la impunidad, a estos hay que agregar banca y militares. Según informe de la CIDH, en el 2022 “se registró una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos ese año”. EL País (15/05/2024)

Ser asesinado en Honduras implica el trillado cliché “se fue de gobierno”, es decir, nunca encontrarán a los culpables. De no ser casos mediáticos como el asesinato del hijo de la Rectora Julieta Castellanos en el 2011, el de Berta Oliva en el 2016 o el del hijo de Porfirio Lobo en el 2022, los culpables materiales nunca serán encontrados.

Prolongado el Estado de Excepción

Desde diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro aprobó el Estado de Excepción en casi todo el país, entre las medidas más impactantes están; entrar a casas a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana, lo pueden hacer la policía Nacional y la Policía Militar del Orden público, no obstante que se han reducido los asesinatos, no es así con la extorsión a cualquier persona que tiene un negocio. Tampoco se ha logran detener los asesinatos múltiples relacionados con el crimen organizado o el tráfico de drogas.

Los extorsionadores no pueden delinquir sin tener el apoyo de la institucionalidad del Estado, ese momento en que se generó la alianza entre delincuentes e Institucionalidad, se ha ido afianzando con el transcurrir del tiempo y perfeccionando, generando miles de millones de lempiras que son lavados en los bancos de empresarios, situación que vuelve imposible que se erradique el delito, volviendo el cuento de “nunca acabar”.

Es por eso que a mitad de junio se anunciaron nuevas medidas para reforzar el Estado de Excepción, estas incluyen “la intervención de las fuerzas públicas de municipios con altos índices de criminalidad, la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia entre los Departamentos de Olancho y Gracias a Dios y el Centro de Reclusión Penitenciario en Islas del Cisne; la captura de miembros de maras y pandillas, narcotraficantes y extraditables; reformas al Codigo Penal y el Código Procesal Penal, este último con el propósito de incorporar medidas de juzgamiento colectivo ”. Criterio.hn (24/06/2024)

Al parecer, la presidenta Xiomara Castro, en alguna forma pretende emular a Nayib Bukele en El Salvador, odiado por muchos pero aplaudido por haber logrado parar a las maras. En Honduras, los mayores socios de las maras para extorsionar son los militares, policías, fiscales, jueces y banqueros, indudablemente que esto vuelve imposible de dar seguridad a la población, además de que, también tienen alianza para el tráfico de drogas y demás delitos conexos.

¿Organizar las comunidades para detener la criminalidad?

El ejemplo más típico de la complicidad de jueces y fiscales son; el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y, el de la directora de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, Soraya Cálix, personas que aun y cuando han sido muy señaladas de estar involucradas en el narcotráfico, también está el del ex fiscal Chinchilla.

Pero también hay otro punto en todo este tema; los militares y la policía han sido tratados con guantes de seda por el actual gobierno, de tal forma que; aún y cuando hay CSJ nueva, fiscalía nueva, los tentáculos del crimen organizado siguen profundamente dentro de la institucionalidad.

Una de las promesas de la presidenta Castro fue crear la Policía Comunitaria, obviamente, esto pondría en peligro a las FFAA y Policía Nacional, otra promesa incumplida, mientras los criminales siguen libremente.