Por Sebastián Chavarría Domínguez

Este 20 de Agosto se inició la campaña electoral en Nicaragua, en medio de un clima de creciente polarización política. Las encuestas coinciden en que Daniel Ortega tiene, solo para arrancar, la intención de voto del 42% de los electores, lo que lo coloca como el favorito para los comicios del 6 de Noviembre.

Los frutos del Neoliberalismo Social

Este inusitado alto porcentaje de intención de votos a favor de Daniel Ortega, tiene una profunda explicación económica. En Nicaragua, normalmente el ejercicio del poder tiene un alto costo político para el partido gobernante, debido a que desde 1990 los gobiernos de turno han tenido que aplicar planes de ajustes y políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que significan recortes a las conquistas laborales y sociales, y con ello deviene el desgaste político.

En este segundo gobierno de Daniel Ortega, debido a que la alta dirigencia sandinista cambio su naturaleza social a partir de la derrota electoral de 1990, convirtiéndose en un sector importante de la nueva burguesía, las políticas económicas que han aplicado desde el año 2007 han sido absolutamente neoliberales, son una continuidad de las políticas de los gobiernos anteriores. No lo decimos nosotros, lo han dicho los representantes del FMI en Managua. Pero el sandinismo le ha agregado un nuevo componente: la aplicación de programas de asistencia social.

Imitando el ejemplo de Lula en Brasil, con mucho menos recursos, pero contando con 1000 millones de dólares extras anuales provenientes del convenio petrolero con Venezuela, los cuales por cierto están por fuera del presupuesto general de la república, el gobierno de Daniel Ortega ha contado con los discrecionales recursos necesarios para brindar asistencialismo social a los sectores en extrema pobreza.

La ayuda venezolana ha permitido implementar programas sociales como hambre cero, usura cero, plan techo, construcción de viviendas de interés social, etc. A lo anterior habría que agregar una agresiva política de titulación, es decir, de legalización de las propiedades obtenidas durante la transición en 1990, o producto de las luchas sociales. Los alcances y eficacia de los programas sociales del gobierno sandinista para reducir la pobreza y la extrema pobreza han sido objeto de polémicas entre los especialistas.

Según la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), la pobreza general en Nicaragua pasó de 48.3% en 2005 a 32.9% en 2009, lo que representa una reducción de 15.4 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema pasó de 17.2% en 2005 a 9.7% en 2009, para una reducción de 7.5 puntos.

El informe del FIDEG fue atacado furiosamente la oposición burguesa, pero el gubernamental Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) confirmó que para 2009 la pobreza rural se redujo en 6.9 puntos respecto de 2005 y la urbana en 4.1. Esto ocurría en medio de la onda expansiva de la crisis mundial. No obstante, esta reducción de la pobreza no es producto de un alza en la producción, de la generación de empleo y de una mejoría en los salarios. Desde 1990, superando relativamente el caos económico que se produjo durante la revolución, el PIB de Nicaragua ha crecido promedio un 3% en los últimos 20 años, manteniendo una meseta inalterable, mientras el país tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del mundo.

El problema estructural de la pobreza no ha sido superado, sino que ha sufrido un relativo retroceso producto de los generosos programas de asistencialismo social del gobierno sandinista, lo que, obviamente, tiene algún grado de influencia en el crecimiento de la base electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La cúpula sandinista se frotan las manos de la alegría porque están a punto de lograr la reelección de Daniel Ortega con una votación elevada, si no hay sorpresas desagradables durante la campaña electoral.

Combinación de condiciones favorables

El gobierno de Daniel Ortega ha tenido una combinación de condiciones favorables a su favor, tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional, la aguda crisis de la economía del capitalismo, obliga a los Estados Unidos a tener una política de mayor tolerancia para este tipo de gobierno con resabios nacionalistas. Para los Estados Unidos lo más importante es la estabilidad económica y política de la región centroamericana, y la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Y en estos dos aspectos, el gobierno de Daniel Ortega cumple todo los requisitos. La crisis de la economía mundial ha obligado también a los gobiernos imperialistas europeos a suavizar las críticas a los aspectos totalitarios del sandinismo. Incluso, las dudas sobre la organización de los procesos electoral también han bajado de tono. En última instancia, el posible apoyo o neutralidad dependen del comportamiento del gobierno sandinista en torno a temas claves como la economía y la lucha contra el terrorismo.

En el plano nacional, ya hemos analizado el manejo de la económica y la relativamente exitosa política de neoliberalismo con remedios sociales, aplicados puntualmente a los sectores más vulnerables. El manejo de la macroeconomía tiene en éxtasis a los empresarios. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que agrupa a los residuos sobrevivientes de las confiscaciones de la revolución, se mantiene con una política de neutralidad amistosa con el gobierno sandinista.

Las características de la burguesía sandinista

Quizá el factor económico más determinante es que actualmente la burguesía sandinista es la fracción más fuerte e importante a nivel del aparato productivo. La burguesía sandinista se apoya en un denso entramado social de pequeños y medianos productores urbanos y rurales, con una cúpula mucho más rica, que está directamente ejerciendo el poder. No supera en capital a la oligarquía financiera de los Pellas y demás consorcios financieros, pero, solo para citar un ejemplo, la cooperativa sandinista CARUNA es actualmente uno de los grupos financieros más sólidos del país, que maneja y canaliza una parte importante de la ayuda venezolana.

Este fortalecimiento económico de la burguesía sandinista, que se venía operando desde 1990, ha dado un salto de calidad con este segundo gobierno de Daniel Ortega, con la particularidad que la familia presidencial Ortega-Murillo se está convirtiendo en el eje central sobre el cual gira la burguesía sandinista.

Esto incide directamente sobre la oposición burguesa, acelerando su división y fragmentación. La oposición burguesa se divide en dos sectores: los “arnoldistas”, seguidores del ex presidente Arnoldo Alemán, y los “eduardistas” seguidores del diputado Eduardo Montealegre. Los primeros, de origen plebeyo y de clase media, cogobiernan con el FSLN en todas las instituciones, aunque últimamente se han transformado en aliados incomodos y débiles. Los segundos están por fuera de las instituciones, y por ello su crítica es más virulenta. Pero ambo sectores son huérfanos, no tienen un sector burgués a quien representar

Ortega impuso su candidatura

Mediante la sentencia número seis, del 30 de septiembre del año 2010, dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Daniel Ortega logró burlar el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección continua y establece como máximo dos periodos presidenciales.

La sentencia número seis fue posible por la colaboración pasiva del arnoldismo. Con ese enorme instrumento legal, y con el férreo control de todas las instituciones del Estado, el presidente Ortega logró imponer su inscripción como candidato presidencial en la presente contienda electoral. Y con ello la suerte está echada.

Manipulación del proceso electoral

El sandinismo controla férreamente el aparato electoral, y a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones municipales del año 2008, y de la campaña por la renuncia de Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el eduardismo no ha podido hacer absolutamente nada para cambiar las reglas del juego.

En realidad, el llamado “fraude” o manipulación de los resultados electorales no se produce necesariamente a la hora de contar los votos, sino antes: desarticulación de los distritos electorales, cambio repentino en la ubicación de la Juntas Receptoras de Votos, manipulación del padrón electoral (otorgando cedulas de identidad a posibles votantes y castigando a los distritos opositores). El no otorgamiento de cedulas de identidad en zonas opositoras en el campo, como en Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega, ha provocado motines, tranque de carreteras, y enfrentamientos con la Policía.

Al mismo tiempo, el CSE castiga a los candidatos eduardistas de la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), inhibiendo las candidaturas a diputados de Maximino Rodríguez, Joel Lira y Gustavo Gross, bajo el pretexto que formalmente son militantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirige Arnoldo Alemán.

No hay por quien votar

Al anterior panorama, habría que agregar que la Ley Electoral del año 2000, ilegalizó a los dos únicos partidos de izquierda (El MAP y el PRT), dejando a la clase trabajadora y a la juventud sin opciones electorales. La contienda electoral entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la lianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la Alianza Por la Republica (APRE), será una pelea entre partidos burgueses que no brindan una opción para resolver la crisis del sistema capitalista. Definitivamente, no hay por quien votar!