Por Sebastián Chavarría Domínguez

La derrota de la revolución en 1990 inició una nueva etapa en Nicaragua. Con la derrota electoral del 15 de febrero de 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se vio forzado a entregar las riendas del gobierno a las fuerzas de la coalición burguesa denominada Unión Nacional Opositora (UNO), jefeadas por doña Violeta Chamorro.

No obstante, antes de abandonar el poder ejecutivo, el sandinismo se atrincheró en la Asamblea Nacional, y retuvo el control de las instituciones del Estado, especialmente de la Policía y el Ejército. Pero hubo una institución no estatal que resultaba vital para el desarrollo de la nueva burguesía sandinista: el control de la propiedad, producto de las confiscaciones a somocistas y no somocistas, que paso abruptamente de manos del Estado a manos privadas, en el proceso conocido como la “piñata”.

Muchos de los confiscados en 1979 se fueron al exilio y se hicieron ciudadanos norteamericanos. En 1990, cobijados con la nueva ciudadanía, vieron la oportunidad de recuperar sus propiedades, e hicieron formales reclamos al nuevo gobierno. Desde entonces, más de 3,166 ciudadanos nicaragüense-norteamericanos, o directamente gringos, solicitaron la devolución de propiedades confiscadas.

Desde el año 1993, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Mediante esa Ley, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho a bloquear fondos a cualquier país que violente los derechos de propiedad de ciudadanos norteamericanos.

Desde entonces, cada año, el gobierno de Nicaragua (primero con doña Violeta Chamorro, después con Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y ahora nuevamente con Daniel Ortega) debe solicitar al gobierno de Estados Unidos, una dispensa (waiver) para poder tener acceso a los préstamos internacionales, sobre todo ante aquellos organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la influencia de Estados Unidos es decisiva. Ya no digamos los préstamos bilaterales otorgados por Estados Unidos.

De esta forma, el famoso “waiver” o dispensa ha sido un poderoso mecanismo de presión sobre los diferentes gobiernos del llamado periodo neoliberal (1990-2006), incluso el sandinismo que recuperó el gobierno en el año 2007.

Cada vez que el “waiver” se ha quedado atascado en los laberintos del Congreso de los Estados Unidos, o del Departamento de Estado, los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM), así como prominentes dirigentes de la oposición burguesa, han tenido que viajar de manera urgente a Washington a destrabar los obstáculos, reimpulsando el nuevo “waiver” que le otorga un cheque en blanco al gobierno de Nicaragua, para obtener préstamos internacionales.

El pasado 5 de agosto la embajada norteamericana en Managua dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que “El gobierno de los Estados Unidos ha levantado algunas restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y apoyo para la concesión de préstamos internacionales a Nicaragua. (…) El levantamiento de estas restricciones, significa que el otorgamiento de esta dispensa o “waiver” anual ya no será necesario”.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, gran aliado del gobierno sandinista, calificó el anuncio como “una noticia positiva. Se cierra un capítulo de prácticamente 20 años. El gobierno de Estados Unidos decide ya no otorgar el ‘waiver’ y esto es un apoyo para lo que tiene que ver con préstamos internacionales. Es una señal positiva (…)” (El Nuevo Diario 06/08/2015).

De igual manera, Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), declaró que el anuncio “tiene un impacto simbólico importante por cuanto se reconoce la culminación de un largo y duro proceso de resolución de conflictos de propiedad. Es un reconocimiento de que el gobierno actual, al igual que los pasados, atendieron como prioridad estos reclamos, procurando solucionar un número significativo cada año y cumpliendo las metas de resolución.” (El Nuevo Diario 06/08/2015).

Se ha cerrado, pues, un largo capítulo de conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. Se han devuelto o indemnizado casi todos los reclamos de propiedades, pero lo más importante que debemos analizar es que la burguesía sandinista finalmente ha obtenido un certificado legal de su nacimiento, como el sector hegemónico de la nueva burguesía que surgió de la derrota de la revolución, y la que se quedó con la mayoría de las propiedades confiscadas.