Por Sebastián Chavarría Domínguez

A finales de agosto se produjeron dos muertos, en la zona de Wawa Esperanza, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). A inicios de septiembre recrudeció el enfrentamiento entre indígenas misquitos y colonos que han invadido los territorios indígenas.

La tensión por las tierras ha originado enfrentamientos militares entre indígenas y colonos. Recientemente, los indígenas quemaron 18 viviendas de colonos y estos respondieron atacando a balazos a las comunidades, lo que originó varios muertos. El 14 de Septiembre murió en un tiroteo el dirigente de YATAMA, Mario Leman Müller. YATAMA responsabiliza al Ejército y la Policía, pero estos afirman que fueron atacados. En este mar de acusaciones mutuas, la violencia aumenta en la costa caribe de Nicaragua, teniendo como contexto el conflicto por la propiedad de las tierras indígenas.

El origen del conflicto en la costa caribe

La anexión de la Mosquitia (extenso territorio de la nación misquita que abarcaba la costa caribe de Honduras y Nicaragua) al territorio nicaragüense, en 1894, se produjo con el apoyo militar de los buques de la marina de los Estados Unidos. La Convención Misquita, producto de la anexión, planteo el problema de la autonomía de los indigenas: “Todas las rentas que produzca el Litoral Mosquito serán invertidas en su propio beneficio reservándose así la autonomía económica, pero dichas rentas serán colectadas y administradas por 10 empleados fiscales del Supremo Gobierno”.

La autonomía estaba implícita, aunque limitada y controlada por el gobierno central. No se mencionaban los territorios indígenas, pero el problema de la propiedad de las tierras comenzó a tener mucha importancia, por las riquezas naturales de la costa caribe.

En Marzo de 1895 se aprobó una ley que permitía la venta de los territorios comunales para fomentar la instrucción de los indígenas. Esta disposición fue retomada en 1906 con la Ley de Comunidades Indígenas. En 1963, bajo la dictadura somocista, la Ley Agraria dispuso la desarticulación de la propiedad comunitaria para crear cooperativas agrícolas. Durante todo el siglo XX, toda la legislación tendía a destruir la base material de las comunidades indígenas: las tierras comunales.

Bajo la revolución sandinista (1979-1990) se cometieron grandes atropellos contra las comunidades indígenas, factor que posibilitó que misquitos, sumus y ramas engrosaran las filas del ejército contra. En 1987, la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comprendió la magnitud de sus errores, y dio marcha atrás aprobando la Ley No 28, o Estatuto de la autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua, creando los gobiernos regionales autónomos. No obstante, el reglamento de dicha Ley se aprobó hasta octubre del año 2003.

Aunque la Constitución y las leyes protegen sus derechos, y los indígenas pueden elegir los gobiernos autónomos, en la realidad siguen sojuzgados económicamente, al grado que, a pesar de las riquezas naturales, las zonas de extrema pobreza están ubicadas dentro de las regiones autónomas.

La Ley No 445

Para comprender lo que ocurre en la costa caribe, tenemos que diferenciar a estas comunidades indígenas, que conservan tradiciones, lenguaje y formas de organización social comunal, de las comunidades indígenas del pacifico y centro (Subtiava, Monimbó y Sébaco), las cuales se encuentran en avanzado estado de disolución.

Las reducidas comunidades indígenas de Matagalpa y Jinotega, por ejemplo, aunque conservan todavía tierras comunales, viven del alquiler de las mismas, algo que no ocurre en la costa caribe.

En el año 2003 la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 445, consagrada a demarcar y titular los territorios indígenas en la costa caribe, una reivindicación histórica, creando la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).

Sin embargo, al analizar en detalle dicha ley, queda claro que estaba destinada a proteger con mayor énfasis los títulos de propiedad otorgados bajo la reforma agraria sandinista (1979-1990), cuyos beneficiarios no necesariamente eran indígenas, sino combatientes provenientes de otras zonas de Nicaragua.

El artículo 36 de la Ley No 445 ordenaba que “El tercero que posea título agrario en tierras indígenas y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este título, tiene pleno derecho de continuarla poseyendo. En caso que pretenda enajenar la propiedad, deberá vender las mejoras a la comunidad”.

Este es el origen del malestar indígena. Los colonos tienen igual derecho de posesión. La invasión de colonos, en las últimas décadas, los convierta casi en la población mayoritaria dentro de los territorios indígenas.

Milicias indígenas y milicias de colonos

Tanto los colonos como los indígenas saben que el tiempo se está agotando, porque viene la fase de titulación de las tierras de los territorios indígenas. El largo historial de conflictos entre estos dos sectores, ha originado la creación de milicias en ambos bandos, quienes se acusan mutuamente de ataques traicioneros, y por ello proceden ambos a organizar la autodefensa.

Estos combates ya han producido muertos en ambos bandos, agudizando los enfrentamientos en los meses de agosto y septiembre de este año.

La visión crítica de URACCAN

En una extensa entrevista al diario digital La Trinchera de la Noticia, Cyril Omeir, secretario general de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), expone el punto de vista de los costeños en torno al conflicto armado:

“El gobierno ha demarcado 22 de las 23 territorios indígenas y ha entregado títulos. El problema es que el proceso de demarcación tiene cinco etapas. La quinta etapa es el saneamiento, pero lo que ha pasado es que entregan los títulos, pero no llegan a la quinta etapa que es saneamiento. En las comunidades han preguntado cuando van a comenzar el saneamiento y como no hay repuestas, entonces quieren resolver el problema con sus manos (…) El saneamiento es la tarea de analizar la condición de todo los colones que están viviendo dentro de un determinado territorio, ver quienes tienen títulos y quiénes no. Si tienen títulos, entonces ver como consiguieron esos títulos, porque cuando entro en vigencia la ley de demarcación, ley 445, a partir de esa fecha (23 de enero del año 2003), se prohíbe al Poder Judicial emitir títulos supletorios. La ley de autonomía prohíbe la venta o la hipoteca, no se puede hacer ninguna transacción con la tierra indígena. Eso es lo que está parqueado, desde el 2007 al 2011 han estado recibiendo títulos, pero no se ha dado el saneamiento, esto ha provocado que los pueblos indígenas hagan su propio saneamiento, ellos lo hacen solo, sin acompañamiento, ahí viene el problema, ellos no van a analizar, solo dicen, están viviendo en territorio indígena y ya no los quiero aquí, han quemado casas y los colonos han matado a varios indígenas”. (La Trinchera 17/09/2015)

¿Qué autoridades entregan títulos?

Como se puede observar, ha continuado la entrega de títulos sin que se produzca la fase del saneamiento. Nadie responde. El resultado es que ha aumentado considerablemente la cantidad de colonos en el extenso territorio indígena, cuya población va en descenso.

Cyril Omeir afirma categóricamente que “en los últimos años ha habido prácticamente una invasión de colonos que vienen de otros departamentos y están destruyendo todo el bosque y la tierra que pertenece al pueblo indígena (…) este problema escapa del control de las autoridades, los consejos regionales deberían estar al frente de este problema, a estas alturas deberían de estar tratando de mediar en esta situación para buscar una solución, (…) desde hace tiempo se está pidiendo que traten de parar la invasión de las tierras, pero nadie ha hecho caso (…) los indígenas no tienen la posibilidad de comprar armas (…) tanto el Ejército como la Policía han tomado una posición bastante pasiva en esta situación. (…) Es peligroso que quieran regar la idea de que el Ejército es el que se está involucrando con más violencia. Hay una pérdida de control y no sabemos a quién responde la gente armada, eso es un problema. ¿Quién les está dando armas? Quien está detrás de que la gente tome armas para defender sus tierras, no lo sabemos. El gobierno debe involucrarse en esto (..)” (Ibid)

El sentimiento generalizado entre los indígenas es que detrás de los colonos están sectores de la alta oficialidad del Ejército y la Policía, interesados en la explotación de los bosques y la minería.

Gobierno responsabiliza a dirigentes de YATAMA

En el momento de conflictos, los indígenas cierran filas con sus antiguas organizaciones, entre ellas YATAMA, que fue aliada del FSLN en las elecciones del 2006 y 2011.

El gobierno rompió el silencio con las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó: “Hay familias que son desmovilizadas por estafadores que contactan a los dirigentes de las comunidades que les venden la propiedad provocando un conflicto legítimo (…) Es un problema que se debe resolver con los pastores y líderes religiosos en coordinación con la autoridades e instituciones”. (http://radionicaragua.com)

Días después, la Asamblea Nacional, por iniciativa de la bancada sandinista, con mayoría de 62 votos procedió a despojar de la inmunidad al diputado Brooklin Rivera, histórico dirigente de YATAMA, a quien responsabilizaron de la venta de tierras comunales. La desfloración es un primer paso para el procesamiento criminal de Rivera.

Comisión Independiente de Investigación

La confusión creada en relación al tiroteo del 14 de septiembre, que produjo la muerte de Mario Leman Müller, y las denuncias de que Brooklyn Rivera es “traficante de tierras”, deben ser aclaradas.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) demandamos la formación de una comisión de investigación independiente, conformada por las autoridades del Consejo Regional, la municipalidad, el Consejo de Ancianos y con representación de las organizaciones indígenas afectadas, como es el caso de YATAMA, para que proceda dilucidar, a la mayor brevedad posible, quienes son los responsables del asesinato de Mario Leman Müller, y si es cierto que los dirigentes de YATAMA son los responsables de la venta de tierras comunales.

Solucionar el problema de la tierra

El gobierno de Daniel Ortega debe conformar una comisión de alto nivel que dialogue con las organizaciones indígenas y con los colonos.

Dado el nivel de violencia, el COSEP y las Iglesias Católica y Evangélicas están planteando la necesidad de un dialogo de los sectores en conflicto. Nuestro llamado es diferente. Si bien es cierto que llamamos a las milicias de colonos y las milicias indígenas, a parar en el enfrentamiento fratricida, entre dos sectores en extrema pobreza, la solución la debe dar el gobierno. El gobierno debe respetar los convenios para demarcar y titular los territorios indígenas, pero de igual manera debe dar respuesta a la necesidad de tierras por parte de los colonos.

El Ejército y la Policía no deben criminalizar la protesta indígena, deben de abstenerse de presionar con su presencia a los sectores en conflicto. Cuando nos referimos a dialogo de los sectores en conflicto, creemos conveniente convocar a una conferencia de indígenas y colonos donde se ventilen de manera pública los orígenes de este problema que está ligado a la propiedad de la tierra. Nuevamente se pone a la orden del día la necesidad de una revolución agraria en Nicaragua.