Por Melchor Benavente

La industria maquilera en Nicaragua, a través del sistema de concesiones de Zonas Francas, agrupa en la actualidad a unos 120,000 trabajadores, más de la mitad son mujeres. La mayoría de estos trabajadores no superan la edad de 30 años.

Esta es la nueva clase obrera industrial, con bajísimos niveles de organización sindical, y sometida a brutales jornadas de trabajo y sobreexplotación.

El crecimiento de las maquilas en Nicaragua forma parte de una estrategia económica del gobierno de Daniel Ortega, que consiste en abrir las puertas a la inversión extranjera aprovechando los altos índices de desempleo y los bajos salarios imperantes en Nicaragua. La burguesía nicaragüense es muy débil y por ello, el gobierno sandinista prefiere establecer relaciones y hacer concesiones directamente al capital extranjero transnacional, atrayéndolo con el obsoleto sistema de zonas francas.

Álvaro Baltodano, presidente de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) y principal asesor del gobierno sandinista en materia de inversión extranjera, declaró recientemente que la meta del gobierno es generar 150,000 empleos para el 2020 o 2021.

¿Cómo lo van a lograr?

Según la revista Forbes, Baltodano declaró que “Nosotros esperamos llegar a los 150,000 empleos, esa es la meta que nos hemos propuesto, hemos llegado a los 115,000 desde el 2009. En 2009 estábamos en 69,000 ahora estamos en 115,000, la meta es que en 2020 o 2021 lleguemos a 150,000 trabajadores”. (Forbes, 09/06/2017)

El gran atractivo para las corporaciones transnacionales son los bajos salarios, y la garantía que no habrá huelgas ni pleitos obreros por aumento de salarios. Esto último es garantizado, no solo por la mano dura del gobierno sandinista, sino porque los trabajadores de las maquilas no están organizados en sindicatos, y los pocos que existen están en manos de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST), una central.

El último acuerdo sobre salario mínimo.

En febrero del presente año, se reunió la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) (empresarios, gobierno y sindicatos) y, violentando la Ley No 625, Ley del Salario Mínimo, establecieron el salario mínimo del 8,25%. La violación consiste en que, según la Ley No 625, la CNSM debe reunirse cada seis meses para revisar el salario mínimo, analizando la situación económica, el deslizamiento de la moneda y la inflación.

AL establecer el salario mínimo por el periodo de un año, les da garantías a los empresarios que en ese periodo no habrá revisiones salariales. El gran problema que afrontan los trabajadores, es que solo el deslizamiento diario del córdoba en relación al dólar, es del 6% anual. El 8,25% de aumento del salario mínimo resulta insuficiente en una económica altamente dolarizada.

El otro acuerdo de salario mínimo en las zonas francas

Este acuerdo de febrero del 2017 sentó el nefasto precedente del establecimiento del salario mínimo para un año. Pero ahora el gobierno sandinista, superando vacilaciones, decidió ir más allá, estableciendo para los trabajadores de zonas francas un salario mínimo del 8,25% para el periodo de cinco años (2018-2022). Actualmente el salario minino es de C$ 5,044.00 (uno 170 dólares).

Este acuerdo inconsulto fue firmado por Josa Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el asesor Álvaro Baltodano, y los sindicalistas de la CST y de la Confederación de Unidad Sindical (CUS) que dirige José Espinoza.

Todos estos sindicalistas se deshicieron en elogios a la firma del acuerdo, pero ninguno de ellos se atrevió a consultar con sus bases sindicales. Este salario mínimo por cinco años, lejos de garantizar el trabajo y las inversiones productivas, lo único que garantiza es una caída constante de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de zonas francas.

El salario mínimo debe aumentar conforme el costo de la vida

El acuerdo suscrito es un duro golpe contra los trabajadores. Es una locura pensar que se puede establecer un salario mínimo por un periodo de cinco años, sin tomar en cuenta el deslizamiento o devaluación acumulada del córdoba en relación al dólar y los efectos también acumulativos de la inflación internacional.

Este acuerdo suscrito a espaldas de los trabajadores demuestra, una vez más, que el único camino posible es la construcción de sindicatos independientes que luchen por un aumento de salarios cada vez que suba el costo de la vida.