Por Diego Lynch

A como ha sido costumbre, año con año el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ha amarrado con la empresa privada para que los incrementos de los salarios mínimos sean irrisorios, a gusto de los empresarios y una burla para la clase trabajadora. Las políticas del gobierno sandinista resguardan el bolsillo de los empleadores y grandes empresarios nacionales, dentro de los que encontramos a los altos dirigentes Sandinistas y también grandes dirigentes sindicales (que también son empresarios) que militan en las líneas del partido de Gobierno.

En el mes de enero de este año 2018, se instauró la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM), para negociar y aprobar el incremento salarial para el primer semestre del año. Dicha comisión tripartita está integrada por el Gobierno, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Sobre el tema, Luis Barboza en representación del Frente Nacional de los Trabajadores-FNT, dijo: “Hoy estamos aquí en la instalación de la mesa de negociación, para hacerla con seriedad y responsabilidad debemos hacer las propuestas lo más antes posible, este año los empresarios están hablando de un digito, esto es un gran avance porque están demostrando que podemos negociar”. (Nota 01-2018; Ministerio del Trabajo).

Proponen un incremento igual al de las zonas francas

Durante el mes de junio del año 2017, a los trabajadores de las zonas francas se les aprobó un aumento del 8.25% anual, por un periodo de cinco años, el que entraría en vigencia a partir del corriente año 2018. Dicho incremento además de ser absurdo ya que no logra cubrir las necesidades básicas de las familias obreras. Este aumento no es económicamente correcto ya que un incremento a largo plazo, como lo son cinco años, no puede ser calculado de esta manera, ya que el deslizamiento de la moneda oscila entre el 7% y 10% cada año. Esta indexación del córdoba en relación al dólar, es un factor determinante de la caída permanente de los salarios. Ahora, la empresa privada pretende que al igual que las zonas francas, a los demás sectores del país se les otorgue el mismo 8.25% de incremento al salario mínimo, lo que sería una burla hacia la clase obrera y trabajadora del país. Con el aumento a trabajadores de zonas francas, no se compensa el deslizamiento de la moneda, mucho menos la inflación.

Los empresarios del COSEP están muy felices. “Hemos comprendido que no podemos ir más allá de ese incremento salarial, porque ir más allá se traduce en vender menos, lo que representa menos posibilidades de emplear gente”. (El Nuevo Diario; 15 de febrero del 2018).  Aguerrí mencionó que, aunque la Ley del Salario Mínimo de Nicaragua establece que el incremento es la sumatoria del crecimiento económico y la inflación que en 2017 es de 10.6%, en esta ocasión propondrá un aumento el 8.25%, aplicable en dos semestres y para todos los sectores”.

Estas afirmaciones del presidente del COSEP son puras mentiras, llevan años expresando que un incremento salarial mayor a un diez por ciento significaría mandar al desempleo a un gran número de trabajadores, y bajo esta farsa el gobierno y los sindicatos escudan sus argumentos para defender sus propios intereses como empresarios y nuevos burgueses en el poder. Lo que si está claro es que cada año el salario real pierde por lo menos un 10% de su valor

Adultos Mayores también piden incremento

Un incremento al salario mínimo no solo vendría a favorecer a la clase trabajadora, sino que también seria parte de la lucha que en estos momentos tienen los adultos mayores. Muchos de ellos reciben una pensión reducida porque no lograron completar las 750 semanas mínimas cotizadas, y solamente reciben una pensión reducida por vejez, que no llega siquiera al salario mínimo establecido. Por eso la lucha de los trabajadores por un aumento real al salario minino está ligada a la consigna que la pensión reducida sea equivalente, por lo menos, al salario mínimo del sector industrial.

Los diarios han vuelto a registrar las marchas de los adultos mayores. “La Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) demandó al Gobierno descartar una reducción de las pensiones, como lo propuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero a la vez los jubilados pidieron se les incremente el monto de las pensiones reducidas conforme el salario del sector industrial… Victorino Carranza, dirigente de la UNAM en Chinandega, refirió que la pensión reducida no se ha ajustado con respecto al salario mínimo del sector industrial, a pesar de que ese es un mandato de la Ley 720”. (La Prensa; 14 de febrero del 2018).

Unidad de trabajadores y pensionados

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a unir fuerzas, trabajadores activos y los adultos mayores con pensión reducida, para exigir un incremento al salario mínimo que se equipare por lo menos al de Panamá y Costa Rica, el que ronda entre 500 y 600 dólares. De igual manera, que la pensión reducida sea equivalente al salario mínimo, tal como lo señala la Ley. Los trabajadores deben cubrir al menos la canasta básica y las necesidades mínimas; y los adultos mayores deben vivir una jubilación digna y de calidad.

El Estado debe de garantizar una pensión mínima a todos los ciudadanos que no puedan tener una pensión del INSS, y estos fondos deben de salir del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, del presupuesto nacional. ¿De donde deben salir los fondos? M uy sencillo, los grupos bancarios y financieros obtienen las ganancias más altas en Centroamérica. Debe haber un impuesto a estos grupos para que ellos aporte los fondos que el país necesita para que las personas pobres y aquellos trabajadores que no lograron completar el número de cotizaciones, tengan una pensión mínima, una renta básica, que les permita vivir dignamente sus últimos días.