Por Sebastián Chavarría Domínguez

“Consummatum est” (todo ha concluido). Desde el mes de mayo, cuando la dictadura Ortega-Murillo decidió aferrarse al poder, endureciendo aun mas el control sobre el sistema electoral, y encarcelando a los precandidatos de la oposición burguesa, estaba claro que, a diferencia de 1990, en esta ocasión no habría apertura democrática, sino todo lo contrario.

Nicaragua vive, desde julio del 2018, bajo un estado de sitio no declarado, que en los hechos reprime y desarticula a la oposición. El régimen político ha evolucionado de un bonapartismo hacia una dictadura familiar, que se apoya en la Policía Nacional y el Ejercito Nacional. Desde el 2014, el sistema electoral permite la reelección indefinida y ganar por mayoría simple, legalizando que una minoría puede llegar y sostenerse en el gobierno.

En ese proceso electoral, la oposición burguesa fue ilegalizada y sus principales dirigentes encarcelados o forzados al exilio. Las encuestas indicaban que el voto cautivo del FSLN había descendido a un peligroso 20%. Bajo esas condiciones, la derrota seria aplastante, por ello la dictadura decidió apretar tuercas, liquidó a la competencia y utilizó a 5 partidos colaboracionistas para montar un sainete electoral.

No hubo competencia electoral, se le confiscó al pueblo el derecho democrático de elegir libremente al nuevo gobierno.

Este endurecimiento totalitario de la dictadura, especialmente en la coyuntura electoral, ha acentuado las contradicciones con los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), quienes manejan un discurso democrático para debilitar a la dictadura y obligarla a negociar.

Estados Unidos y sus aliados, incluida la UE emitieron sendas declaraciones antes y después de las votaciones del 7 de noviembre, expresando su condena y no reconociendo los resultados, lo que abre un periodo de golpes y contragolpes, mientras el pueblo de Nicaragua sufre las consecuencias directas de la represión.

Todavía no se conocen los resultados oficiales, pero bajo las condiciones de la dictadura, ningún dato es creíble. En 2016 ocurrió algo similar al 2021: la oposición burguesa fue ilegalizada, pero en aquel momento hubo un silencio cómplice y colaboracionista del gran capital.

En 2016, de un padrón electoral se redujo a 3,8 millones de personas, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo obtuvieron un millón 803,944 votos, el 72.5% por ciento de los votos totales. Aunque el CSE afirmó que la participación ciudadana rondó el 68,2% con una abstención del 31,8%, en realidad la abstención anduvo por encima del 70%.

Si revisamos la votación histórica del FSLN, observamos que, de conformidad a las cifras oficiales del CSE, en el año 2016 el porcentaje de votos del FSLN, en relación a los votos válidos, disminuyó del 58,16% en 2011 al 44.88% en el 2016. Pero si tomamos como parámetro la población en edad de votar, el llamado padrón electoral bruto, entonces esta cantidad disminuye aún más, acercándose al histórico 38% o 40% de votos.

En las votaciones del 2021, el padrón electoral estaba en 4,4 millones de personas aptas para votar. El tercer informe parcial del CSE, nos indica que de un total de 2,759.743 votos válidos, la formula Ortega-Murillo obtuvo 2,093,834 votos, es decir un 75%, una cifra ligeramente superior al 72,5% del 2016, con la diferencia que el padrón electoral era mucho menor en 2016. En relación al padrón de 2021, el FSLN obtuvo el 47,5 de los votos.

Pero este ejercicio matemático es una simple ilusión, porque la abstención en 2021 fue mayor al 80%. Los votos nulos no fueron contabilizados. Hubo un rechazo masivo pasivo, un repudio generalizado contra la pantomima electoral, que se manifestó en la ausencia de votantes en las JRV. Aunque el CSE intenta maquillar la realidad, mostrando cifras similares al 2016, la realidad es que, aunque la dictadura preserve momentáneamente el poder con una mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, ha aumentado la cantidad de nicaragüenses que rechazan a la dictadura, lo que incluye un debilitamiento del voto duro del FSLN.

Con este golpe de timón de la dictadura, al garantizarse ganar unas elecciones espurias sin competencia, no solo se garantiza la permanencia en el poder, sino que en los hechos la situación se retrotrae hasta antes de abril del 2018. La represión de los últimos tres años ha debilitado la resistencia popular, pero el descontento del 80% que se abstuvo en cualquier momento puede volver a explotar, máxime si tomamos en cuenta el estancamiento económico del país.

La dictadura ganó un poco de tiempo, se volvió a imponer la banda presidencial, pero las contradicciones se han agudizado. La dictadura lucha contra el aislamiento internacional, contra el descontento popular y la desconfianza del gran capital.

La lucha por una reforma electoral democrática y nuevas elecciones libres y democráticas, cobrara fuerza en el próximo periodo. Los sectores populares deben saber luchar de manera independiente, contra la dictadura Ortega-Murillo, pero al mismo tiempo repudiando la demagogia democrática de Estados Unidos y la UE, solo que están interesados en defender los intereses del gran capital.