Por Victoriano Sánchez

Estados Unidos está aplicando contra los gobiernos “rebeldes” de Venezuela y Nicaragua (contra Cuba aplica un bloqueo general) un sistema de sanciones individuales contra altos funcionarios, con el objetivo de obligarlos a realizar reformas democráticas.

La Ley Magnistky

En diciembre del 2017, bajo la administración de Donald Trump, al amparo de la “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” o “Ley Magnistky”, una ley norteamericana que tiene efecto extraterritorial, sancionó a Roberto Rivas Reyes, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusado de organizar sucesivos fraudes electorales.

En julio del 2018, cuando se desarrollaba la “operación limpieza” de la dictadura contra los tranques, Trump sancionó al comisionado Francisco Díaz, sub jefe de la Policía Nacional, y a Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, uno de los principales operadores políticos de la dictadura.

La Orden Ejecutiva de Trump

A raíz de los acontecimientos de abril-julio del 2018, Trump no utilizó la Ley Magnistky para presionar a la dictadura Ortega-Murillo, sino que , el 27 de noviembre de ese año, firmó una Orden Ejecutiva  que en su parte medular, ordenó lo siguiente: “(…) la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el sistemático desmantelamiento y debilitamiento del régimen de Ortega, (…) así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. , y por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza (…)”

En noviembre del 2018, con esta Orden Ejecutiva, Trump sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional.

En diciembre de ese año, después de varios fallidos intentos, y un largo boleo de dos años entre la Cámara de Representantes y el Senado, finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobó a finales del 2018 la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, siendo inmediatamente promulgada por Donald Trump.

Oleada de sanciones de Estados Unidos

Pero Trump no utilizó la Ley Magnistky ni la NICA ACT, sino la Orden Ejecutiva del 27 de noviembre, para continuar presionando a la dictadura Ortega-Murillo.

Después del fracaso del segundo Dialogo Nacional, en junio del 2019, continuaron las sanciones contra otros altos funcionarios: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de salud, el ahora difunto Orlando Castillo, ministro de TELCOR, y Oscar Mojica, ministro de transporte. En noviembre, fueron sancionados Ramón Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral, y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En diciembre, fueron sancionados los negocios relacionados con PETRONIC, la caja chica de la familia Ortega-Murillo.

En marzo del 2020, fue sancionada la Policía Nacional como institución. El 22 de mayo, fueron sancionados el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército Nacional (EN) e Iván Acosta, ministro de Hacienda.

Sanciones de la Unión Europea

El 4 de mayo del 2020, la Unión Europea (UE) anunció sanciones contra seis altos funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo que ya habían sido sancionados por Estados Unidos.

En agosto del 2021, la UE sancionó  a Rosario Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega, y ocho altos funcionarios: Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial de asuntos económicos; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional; Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General; y los comisionados generales de la Policía Nacional, Fidel Domínguez Álvarez, jefe de la Policía en León; y Juan Antonio Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla en Managua.

La resistencia de la dictadura

Tanto Estados Unidos y la UE tienen un gran dilema: si bien es cierto critican los desmanes de la dictadura Ortega-Murillo por la constante violación de los derechos humanos, reconocen que estos manejan el país con mano de hierro, y que aplican políticas neoliberales. Y por eso las sanciones no están destinadas a derrocar al gobierno, sino para sofocar al círculo gobernante, presionándolo para que haga las reformas democráticas al régimen político.

Hasta el momento la dictadura ha resistido ese tipo de presiones o sanciones individuales, porque pueden burlarlas a través de terceras personas, manteniendo intactos sus negocios o capitales.

La Ley RENACER

Ante el evidente fracaso de la estrategia de sanciones individuales aplicadas bajo el gobierno de Trump, la administración de Joe Biden ha readecuado su estrategia, reconociendo que las sanciones en realidad no buscan derrocar gobiernos, sino obligarlos a negociar.

Republicanos y demócratas han establecido un nuevo consenso bipartidista, como ocurrió con la aprobación de la NICA ACT, con el objetivo de presionar a la dictadura Ortega-Murillo. Inicialmente, la iniciativa de “Ley de Fortalecimiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021” estaba destinada, como su titulo lo indica, a ejercer presiones y sanciones para obligar a la dictadura a realizar una reforma electoral democrática de cara a las elecciones del 7 de noviembre, pero esta ley fue aprobada a inicios de noviembre, cuando la realización de las elecciones era un hecho consumado.

A pesar que la NICA ACT contemplaba algún tipo de bloqueo financiero, Trump no recurrió al cerco financiero. La ley RENACER aprobada, y que fue firmada y promulgada por Biden el pasado 10 de noviembre, contiene nuevos elementos de presión, que supera las sanciones individuales para altos funcionarios, y establece un cerco financiero sobre la dictadura.

La Ley RENACER, que también tiene efecto extraterritorial, ordena que Estados Unidos “ (…) utilizará la voz, el voto y su influenciade para alentar a las instituciones financieras multilaterales a aumentar los mecanismos de supervisión de los préstamos nuevos y existentes, o la asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua”.

También ordena que el “(…) Secretario de Estado y el  Secretario del Tesoro, en consulta con la comunidad de inteligencia (según se define en la sección 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 1947), elaborará e implementará una estrategia coordinada para alinear los esfuerzos de compromiso diplomático con la aplicación de sanciones selectivas a fin de apoyar los esfuerzos para facilitar las condiciones necesarias para unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

Este párrafo indica claramente que la política de Estados Unidos se centrará en obligar a la dictadura a anular las elecciones del 7 de noviembre, y convocar a un nuevo proceso electoral, previa reforma del sistema electoral. En pocas palabras, si podemos hacer una comparación, estamos al inicio del abril del 2018, cuando la principal reivindicación democrática era la renuncia de la pareja presidencial y el adelanto de elecciones, consignas que fueron frustradas por la represión de la dictadura, pero en esta coyuntura con una situación muy diferente, marcada siempre por la represión y la dispersión del movimiento autoconvocado.

En una parte de la Ley RENACER se menciona que el secretario de Estado deberá informar al Congreso en un plazo de 90 días, cuáles son las relaciones militares que la dictadura Ortega-Murillo ha establecido con Rusia. Este acápite es una presión directa sobre el Ejército de Nicaragua, cuyo equipamiento y tecnologías ha sido compradas en Rusia. Es una especie de regreso a la época de la guerra fría, en nueva disputa por el liderazgo mundial, entre Estados Unidos, Rusia y China

Además, la Ley RENACER contempla un acápite destinado a investigar los bienes y fortuna de la familia Ortega-Murillo. El Secretario de Estado deberá presentar un informe sobre la corrupción y origen de los bienes, “ (…) una lista de todos los canales de televisión, estaciones de radio, sitios de noticias en línea y otras plataformas de medios que operan en Nicaragua que son directa o indirectamente propiedad o están controladas por el presidente Daniel Ortega, miembros de la familia Ortega o aliados conocidos del gobierno de Ortega”.

También deberá presentar el Secretario de Estado “(…) a las comisiones competentes del Congreso un informe que documente la comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Ortega contra los ciudadanos de Nicaragua, incluidos los campesinos y las comunidades indígenas del interior de Nicaragua”.

Indudablemente, la investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en 2018 es un punto sensible de presión sobre la dictadura.

Por último, aunque los medios de comunicación se han referido a una posible revisión del tratado CAFTA-DR, en realidad hay una mención muy general de la sección sección 101 de dicho tratado, referido a que las partes pueden aplicar las medidas necesarias “ (…) para el cumplimiento de  sus obligaciones con respecto al mantenimiento o el restablecimiento de la paz o la seguridad internacionales, o a la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”, que la da una enorme facultad discrecional a la administración Biden para tomar cualquier tipo de medidas relacionadas con el cumplimiento del tratado CAFTA-DR.

¿Una nueva Nota Knox?

En 1909, el secretario de Estado, Philander Knox, emitió una nota que era un ultimátum al presidente Jose Santos Zelaya para que renunciara, lo que hizo. La dictadura Ortega-Murillo tiene una notable similitud histórica con la de Zelaya, aunque los objetivos y contextos son diferentes.

La Ley RENACER no persigue la renuncia de Daniel Ortega, sino montar una negociación para reformar el régimen, mediante nuevas elecciones, manipulando los sentimientos democráticos de la mayoría del pueblo nicaragüense. El resultado de este forcejeo no dependerá de las presiones o sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, sino que dependerá de si las masas vuelven a las calles y, con una dirección independente, se convierten en el principal factor de democratización.