Por Sebastián Chavarria Domínguez

Desde mucho antes del estallido social de abril del 2018, los diferentes grupos de la oposición burguesa, a pesar de sus diferencias e incapacidades, coincidían en un solo punto: en que la condena de los organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), ablandarían a la dictadura, y con ello se lograría la ansiada apertura democrática.

La realidad ha sido muy diferente. Aprovechando la incapacidad política de la oposición burguesa, la dictadura asestó golpes mortales al movimiento de masas, cambiando la correlación de fuerzas a lo interno.

La celebración de elecciones bajo las restrictivas y antidemocráticas condiciones de la dictadura, el encarcelamiento de los posibles candidatos presidenciales, aceleró la crisis y disgregación de la oposición burguesa. Y como tabla de salvación, todos los grupos dirigieron sus miradas hacia las posibles sanciones internacionales, para que la llamada comunidad internacional, sea Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o la propia OEA, quienes metan en cintura a la dictadura.

La naturaleza de la OEA

La OEA fue creada en 1948 por Estados Unidos, potencia vencedora de la segunda guerra mundial, con el objetivo de consolidar la influencia y control de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Las políticas de la OEA han sido reproducciones de la política de Estados Unidos.

En la época de las dictaduras militares, por ejemplo, la OEA no jugo ningún papel contra estas. Fue hasta que Jimmy Carter impulso su política de “derechos humanos”, que la OEA emitió una histórica resolución en 1979 contra la dictadura de Somoza. Desde entonces, la OEA impulsa una política de defensa de los derechos humanos pero que no contradiga los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

No en vano, el Che Guevara, en una oportunidad la llamo “el ministerio de colonias de Estados Unidos”.

Desde la crisis de abril del 2018, la OEA ha jugado un lamentable papel, acorde a su propia naturaleza

Las inocuas resoluciones anteriores

La OEA tiene un triste historial en la crisis de Nicaragua. En enero de 2017, reconoció el resultado de las elecciones del 2016, donde hubo una alta abstención, y firmó un Memorándum de entendimiento para impulsar una reforma electoral de cara a las elecciones generales del año 2021. El levantamiento popular del 2018 cambió radicalmente el panorama, y comenzó el forcejeo por las elecciones anticipadas, aunque la OEA mantuvo una actitud bastante ponderada, esperando el resultado de los acontecimientos.

Mientras la dictadura aplastaba militarmente a los tranques, el 4 y 5 de junio de 2018, en Washington, Estados Unidos, se desarrolló la 48 asamblea anual de la OEA, la cual emitió una vergonzosa Declaración sobre Nicaragua, llamando “(…) al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia”.

En agosto de ese mismo año, una sesión extraordinaria del Consejo Permanente (CP) de la OEA, votó la creación de la primera Comisión Especial con el objetivo de realizar gestiones diplomáticas en Nicaragua, pero esta no fue recibida

Un año después, la 49 asamblea general de la OEA, reunida en Medellín, Colombia, del 26 al 29 de junio del 2019, reconoció que en Nicaragua hubo “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir siendo analizados”. La conclusión fue  crear una nueva Comisión Especial, que tampoco fue recibida por la dictadura, (tuvo que reunirse en Costa Rica y El Salvador) para que rindiera un informe en un plazo de 75 días.

Esta segunda Comisión Especial rindió su informe ante el Consejo Permanente de la OEA, el lunes 25 de noviembre del 2019, y solicitó a la OEA que “declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

La 50 Asamblea General de la OEA, reunida en octubre del 2020, volvió a emitir otra resolución sobre Nicaragua, llamando a “(…) La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (…) Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”.

Para esa fecha, la dictadura, que había ganado tiempo, hizo todo lo contrario: endureció la Ley Electoral y apresó a los posibles candidatos presidenciales. Las resoluciones de la OEA, si bien planteaban la necesidad de una reforma electoral, resultaron inocuas contra la firme voluntad de la dictadura de permanecer en el poder.

La resolución del CP de la OEA en octubre 2021

El CP de la OEA, reunido en octubre del 2021 para analizar nuevamente la crisis en Nicaragua, resolvió lo siguiente: “Reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos. (…) Tomar nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del Gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral. Urgir con vehemencia al Gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble”.

Un cambio sustancial en esta resolución fue que aumento la votación de los países con una visión crítica hacia la dictadura: 26 votos a favor, 7 abstenciones y un ausente que fue Nicaragua. Ni un solo voto en contra, lo que indica un reagrupamiento internacional en contra de la dictadura.

A pocos meses de la realización de las elecciones de noviembre del 2021, y estando presos los precandidatos de la oposición burguesa, en realidad esta resolución del CP cerraba los ojos ante la cruda realidad, y resultó un llamado lastimero que la dictadura despreció. Toda la maquinaria electoral bajo contra la dictadura estaba en marcha, y las presiones de la OEA no pudieron paralizar. Las elecciones se realizaron bajo las condiciones de la dictadura, con la exclusión de todos los grupos y fracciones de la oposición burguesa.

La resolución de la 51 Asamblea General de la OEA

Después de consumadas las elecciones, bajos las condiciones antidemocráticas de la dictadura, se reunió la 51 Asamblea General de la OEA y el 12 de noviembre se aprobó una nueva resolución sobre Nicaragua, declarando que “(…) en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Concluir que, con base en los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno. Reiterar sus llamamientos anteriores para la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil (…)”.

En esta ocasión, nuevamente hubo un bloque mayoritario de países en contra de Nicaragua: 25 votos a favor, 7 abstenciones y el voto de Nicaragua en contra.

La dictadura se retira de la OEA

Esta segunda votación aplastante contra la dictadura, encendió las alarmas en Managua, ya que los votos indicaban claramente que había condiciones para aplicar sanciones contempladas en la Carta Democrática de la OEA. Siguiendo el ejemplo de Nicolás Maduro, el 19 de noviembre el canciller Denis Moncada anunció que Nicaragua se retiraba de la OEA, denunciando el tratado constitutivo de 1948, asumiendo una fraseología antiimperialista.

La resolución del CP de la OEA del 8 de diciembre del 2021

A pesar del tono amenazante de la resolución de la 51 asamblea general de la OEA que declaró que las elecciones del 7 de noviembre “no tenían legitimidad democrática”, que anunciaba la inminente aplicación de la Carta Democrática de la OEA, entre el 12 de noviembre y el 8 de diciembre, se produjeron intensas negociaciones con el objetivo de crear condiciones para un nuevo Dialogo Nacional, que tanto han reclamado Estados Unidos, Canadá, la UE y el bloque de países alienados con Estados Unidos en la OEA.

En cierta medida, fueron varios pasos hacia atrás. El CP de la OEA instó “(…) al Gobierno de Nicaragua a que, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA con el mandato de llegar a un acuerdo sobre un proceso que conduzca a lo siguiente: a) La realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional; b) La revocación de todas las leyes que restrinjan la participación política y limiten los derechos humanos de una manera contraria a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos; y c) Un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.

Antes de esta resolución, Estados Unidos, Camada y la UE habían solicitado realizar nuevas elecciones, en esta ocasión la OEA fue mas flexible al referirse a la celebración de “elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas”.

Y nuevamente concluyó en crear la tercera comisión de alto nivel para realizar gestiones ante el gobierno de Nicaragua, e informar de estas gestiones a la OEA. El plazo ya se esta terminando y no se conocen los resultados de estas gestiones.

Igual que en 2017, la OEA esta reconociendo en los hechos la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquellas organizaciones, como la UNAB y la ACJD, que han sembrado ilusiones en las gestiones de la OEA, deben revisar sus posiciones. En el fondo, la OEA esta creando condiciones para el nuevo Dialogo Nacional bajo las condiciones de la dictadura.