Por Sebastián Chavarria Domínguez

Después de haber sido proclamado candidato ganador, en un proceso electoral antidemocrático en el que la oposición burguesa, la única que existía en ese momento, fue encarcelada y excluida, finalmente el pasado 10 de enero Daniel Ortega asumió nuevamente la presidencia, en su cuarta reelección continua (2007-2022).

Las condiciones antidemocráticas de las elecciones de noviembre del 2021, provocaron un mayor aislamiento internacional de la dictadura, pero esta no se ha detenido en la aplicación de su estrategia de sostenerse en el poder a cualquier costo. Al acto de toma de posesión, asistieron únicamente los presidentes de Cuba, Venezuela, Honduras,  y algunos invitados especiales de China, Irán, Rusia otras delegaciones internacionales de menor importancia.

Nuevas sanciones

El mismo día que Daniel Ortega se colocaba nuevamente la banda presidencial, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos aplicaron nuevas sanciones contra altos funcionarios pertenecientes al circulo de hierro de la dictadura.

La UE aplicó sanciones contra los magistrados Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). La UE justificó las sanciones por considerad que el CSE “es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.

Nahima Janett Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), también fue sancionada por considerar que esta institución reprime la actividad del periodismo independiente.

La Policía Nacional (PN) fue sancionada como institución por ser “responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”

Fueron sancionados Laureano Ortega y Camila Ortega, hijos del matrimonio presidencial. La sanción contra Laureano Ortega tiene mucha importancia política porque se perfila como el sucesor natural de Daniel Ortega. Fue sancionado Luis Ángel Montenegro Espinoza, director de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), lo que constituye un duro golpe económico que amenaza el normal desenvolvimiento de las operaciones financieras internacionales.

El mismo día, en una acción coordinada, Estados Unidos aplica sanciones contra la alta cúpula del Ejército de Nicaragua (EN). El general Bayardo Pulido Ortiz, jefe del departamento personal y cuadros del EN y miembro de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que administra los fondos del sistema de pensiones de los militares.

Fueron sancionados también el general de división, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del estado mayor general del EN y miembro de la junta directiva del IPSM; Rosa Adelina Barahona, ministra de Defensa y también miembro de la junta directiva del IPSM.

Fueron sancionadas Nahima Janett Díaz y Celina Delgado Castellón, directora general propietaria y adjunta respectivamente de TELCOR y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). También fue sancionado el general en retiro Ramón Humberto Calderón Vindell, ex presidente de la Petróleos de Nicaragua (PETRONIC) y presidente de la junta directiva de la Empresa Nacional de Minas (ENIMINAS).

Las sanciones contra cúpula policial y militar persiguen que la Policía Nacional y el Ejército se rebelen contra Daniel Ortega. La administración Biden está aplicando la misma política que Donald Trump aplicó en Venezuela en 2017-2018 con el objetivo de estimular un golpe de Estado y que terminó en un rotundo fracaso, y más bien tuvo el efecto contrario: la cúpula militar venezolana cerró filas con Maduro. Pero en el caso de Nicaragua hay un nuevo elemento: las sanciones están destinadas no solo a presionar al alto mando del Ejército, sino también a los titulares de la SIBOIF, ENIMINAS y ENATREL con el objetivo de provocar una asfixia financiera, al dificultar las transacciones económicas de los rubros de energía y minas, los que más divisas aportan a la economía. Al aplastar la rebelión popular en 2018 e imponer el control total, la dictadura aplicó un ajuste y una austeridad brutal que le ha permitido obtener un superávit financiero, por medio de préstamos internacionales y una agresiva política de recaudación fiscal.

La prórroga y el reconocimiento tácito de la OEA

El redoblamiento de las sanciones de Estados Unidos y la UE pretende presionar a la dictadura para que inicie a corto plazo lo que han denominado “restablecimiento de la democracia”. Sin embargo, las nuevas sanciones y el creciente aislamiento internacional pueden provocar una falsa visión sobre lo que realmente ocurre. Ante los hechos consumados, que permitieron a Daniel Ortega recetarse un nuevo periodo presidencial, comienza a predominar el pragmatismo.

Y una prueba de ello es la actitud de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución, el pasado 8 de diciembre, en la que autorizaba a Almagro realizar gestiones ante el gobierno de Nicaragua y rendir un informe antes del 17 de diciembre.

Al vencerse el plazo, Almagro envió una carta solicitando prorroga con un lenguaje diplomático: “No existiendo al momento de cursarle la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular, y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre como fecha límite, prorrogándolo hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, si existiera acuerdo del cuerpo que preside a partir de las coordinaciones necesarias que Usted entienda a bien realizar”.

Al solicitar la prorroga de las gestiones diplomáticas a realizar hasta mediados de enero, estaba aceptando lisa y llanamente que Daniel Ortega se impusiera nuevamente la banda presidencial, un hecho consumado desde mediados del año pasado cuando la dictadura decidió realizar elecciones encarcelando y excluyendo a la oposición burguesa.

Cualquier gestión diplomática de Almagro se realizará ante el nuevo gobierno de Daniel Ortega. No es una casualidad que Estados Unidos, Canadá y la UE abandonaron rápidamente la exigencia de nuevas elecciones generales, y ahora las sanciones persiguen obtener dos peticiones: liberación de los presos políticos y un Dialogo Nacional “sincero” para restablecer la democracia.

Aprovechando el contexto internacional

Las dictaduras se establecen por una correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional. A nivel interno, la dictadura logró aplastar militarmente la rebelión, y disgregar al movimiento autoconvocado. La oposición burguesa se centró en las elecciones, creyendo que la dictadura iba a ceder como en 1990. ¡Error fatal!

En el plano internacional, los vientos son favorables a la dictadura, a pesar de las sanciones. Estados Unidos vive una crisis sin precedentes, que lo obliga a concentrarse en sus problemas domésticos. El surgimiento de nuevos imperialismos, como Rusia y China, que compiten económicamente y militarmente con Estados Unidos, esta creando un nuevo orden mundial “tripolar”.

La dictadura ha estrechado sus vínculos económicos y militares con Rusia, y ahora al establecer relaciones diplomáticas con China, esta buscando la sombra protectora del gigante asiático. Aunque Nicaragua esta situada en el patio trasero de Estados Unidos, es evidente el deterioro de la dominación imperialista norteamericana. Si a lo anterior sumamos la crisis pavorosa del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), que obliga a Estados Unidos a mantener una política prudente, tenemos definitivamente que la dictadura tiene un contexto internacional que, si bien no les es completamente favorable, le da cierto margen de actuación independiente y de maniobra.

El “borrón y cuenta nueva” de Daniel Ortega

Contrario a los rumores esparcidos antes del 10 de enero, en el sentido que la dictadura liberaría y enviaría al exilio a los presos políticos, y que inmediatamente convocaría al Dialogo Nacional, Daniel Ortega reafirmó sus ataques al imperialismo de Estados Unidos y la UE, y no se pronunció sobre la liberación de los presos políticos y la convocatoria al Dialogo Nacional.

En una parte de su discurso, se refirió en un lenguaje intencionalmente ambivalente a que “nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril (2018). Es borrón y cuenta nueva, y vamos adelante queridos hermanos nicaragüenses, construyendo paz para combatir la pobreza”.

Aunque Daniel Ortega se refirió a su gestión gubernamental antes del 2018, que era aplaudida por el gran capital, la frase “borrón y cuenta nueva” genero especulaciones sobre una inminente amnistía.

Al día siguiente, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, y tercero en la línea de sucesión presidencial, aclaro que “(…) yo no entiendo que el comandante Daniel Ortega haya dicho la palabra amnistía, eso hay que dejarlo absolutamente claro, aquí borrón y cuenta nueva es hay gente que cometió actos delincuenciales, tiene que recibir su castigo, tienen que ser investigados y juzgados eso es una cosa aparte”.

Algunas conclusiones

Las sanciones que aplican Estados Unidos, Canadá y la UE tienen el objetivo de forzar a la dictadura a abrir una negociación política para liberar a los presos políticos y “restaurar la democracia”. Ortega ha logrado revertir los últimos tres años, estamos prácticamente en una situación similar al año 2017, la dictadura ha logrado imponerse, presentando la cuarta reelección de Daniel Ortega como un hecho consumado, con la diferencia que el rechazo a la dictadura es mayor que antes.

En noviembre del 2022 se realizarán las elecciones municipales, pero por el grado de confrontación con el imperialismo norteamericano y europeo es poco probable que se produzca una apertura democrática antes del 2022.

La dictadura necesita ganar las elecciones municipales, y en condiciones democráticas no podría lograr ese objetivo, por ello necesita prolongar la confrontación para que el proceso electoral de las municipales sea similar a noviembre del 2021.

La posible liberación de los presos políticos se producirá probablemente, según palabras de Porras, hasta que estos sean condenados. Debemos tomar nota y sacar las conclusiones pertinentes.