Por Victoriano Sánchez

En el contexto de la oleada represiva contra las asociaciones civiles sin fines de lucro, a finales del año 2021 la Asamblea Nacional, a instancia del Ministerio de Gobernación, inició un proceso de cancelación de las personalidades jurídicas de varias universidades privadas, argumentando que estos organismos no habían cumplido con los requisitos de la ley que las regula.

Guillotina sobre una parte de las universidades privadas

Desde 1990 hasta la fecha, en un creciente proceso de privatización de la educación superior en Nicaragua, estaban autorizadas 52 universidades privadas, la mayoría de ellas de “zaguán”. Muchas de estas universidades recibían asignaciones del presupuesto general de la república, mermando ingresos del 6% a las universidades estatales. La privatización de la educación superior ha sido un negocio lucrativo.

No obstante, en un extraño giro de la dictadura, en el último periodo han sido canceladas un total de 14 universidades. Algunas de ellas ya habían dejado de operar o estaban en proceso de cierre, como es el caso de las universidades de origen norteamericano, como la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile.

También fueron canceladas la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Universidad Thomas More (UTM), la Universidad Particular en Ciencias del Mercado, la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) que pertenece a la Convención Bautista, la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) ligada a la Iglesia Católica, la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).

¿Estatizando la educación superior?

Evidentemente, que no se trata de un proceso de nacionalización o reestatización de la educación superior, porque todavía quedan con vida 38 universidades privadas, en su mayoría ligadas a empresarios sandinistas.

Había una queja generalizada de estudiantes sobre los aranceles y cobros exagerados de estas universidades privadas. Al parecer, la dictadura aprovechó el descontento para pasarle factura a algunas universidades que fueron el centro de las protestas en abril del 2018, como fue el caso especifico de la UPOLI y en menor medida la UCATSE en la zona norte del país.

Antes de asestar el golpe mortal, la dictadura fue preparando el terreno. En octubre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 1088, Ley de reconocimiento de títulos y grados académicos de la educación superior y técnico superior, que otorgaba más facultades y centralizaba muchas funciones en manos del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como el otorgamiento, reconocimiento e inscripción de los títulos universitarios

Universidades estatales, pero con mismos aranceles

La Asamblea Nacional aprobó las leyes 1108, 1109 y 1110, creando tres nuevas universidades estatales: la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que viene a sustituir a la UCATSE, Universidad Nacional Politécnica (UNP) que viene sustituir a la UPOLI, y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que viene a sustituir a la UHISPAM, la UNEH, la UPONIC y la UPF.

Los bienes de las universidades canceladas fueron inscritos por ley a favor de las nuevas universidades estatales, las cuales recibirán fondos del Estado.

Alrededor de 14,000 alumnos perjudicados fueron reubicados en las nuevas universidades, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se enteraron que seguirían pagando los mismos aranceles que pagaban cuando eran universidades privadas.

Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), en el acto de juramentación de las autoridades de las nuevas universidades estatales, declaro lo siguiente:

“La situación económica no nos permite decir que (las nuevas universidades) van a ser gratuitas 100%, porque tenemos un presupuesto (limitado). Ayer (ocho de febrero) estuvimos revisando el presupuesto para hacer una reforma y que cada universidad tenga su presupuesto del Estado, que es el 6%, y también el aporte que hagan las familias a través de un pago mensual (…) Estamos en función de que se reduzcan esos pagos mensuales que se requieren para garantizar sostenibilidad de las instituciones, pero que sea un pago que esté en correspondencia con las condiciones económicas de nuestro país”. (artículo 66)

Por la gratuidad de la educación superior

La cancelación de esas universidades privadas ha generado una ola de lamentos. Muchos opositores ven ese cierre de universidades privadas como un ataque al derecho de educación y la libertad de catedra. Eso es un error politico garrafal. Si las universidades privadas fueron canceladas por voluntad de la dictadura, debemos exigir que las nuevas universidades estatales no cobren ningún tipo de arancel, y que exista verdadera libertad de catedra y real autonomía para docentes y estudiantes. Es la única forma de evitar que la dictadura consolide en control sobre las nuevas universidades y sobre el movimiento estudiantil.