Por Roberto Martínez

Bajo el marco internacional de fuertes presiones por la reelección de Nicolas Maduro, y previendo el turbulento panorama que habrá con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, independientemente de quien gane, la dictadura en Nicaragua decidió dar un paso al frente y apretar las clavijas.

Liquidación masiva de OSFL

Una de las primeras medidas fue la cancelación de la personalidad jurídica de 1500 Organismos Sin Fines de lucro (OSFL) de un solo golpe, totalizando unos 5200 que han sido eliminados en los últimos años. Muchos de estos eran ongs que recibían financiamiento externo no reportado, pero también había organismos de empresarios, pequeños productores agropecuarios e iglesias evangélicas.

Predomina una estrategia de restringir la existencia de organizaciones que, en determinados momentos, pueden ser adversas al régimen imperante. Como se dice popularmente, no queda piedra sobre piedra.

Segunda reforma penal

La primera reforma penal que endureció al régimen fue aprobada a finales de 2020, destacándose, entre otras, la Ley No 1055. La segunda reforma penal acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional, que incluye varios temas, desde el endurecimiento en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, lavado de dinero, etc, hasta el juzgamiento de las personas jurídicas, aumentando las penas, y generalizando el decomiso de bienes para delitos cometidos por violaciones al orden legal.

Aunque el Código Penal de 2008 ya contemplaba el juzgamiento de los nicaragüenses que, desde el extranjero violen las leyes de Nicaragua, la reforma penal agregó explícitamente, entre otros, dos nuevos delitos: ciberdelitos y delitos contra el Estado y sus instituciones.

De esta manera, la actividad de los grupos de opositores nicaragüenses en el exilio que solicitan más sanciones económicas y financieras contra el gobierno, sus miembros podrían ser juzgados en ausencia, condenados, perderían la nacionalidad y sus bienes serian decomisados. Estas reformas penales tienen, sin lugar a dudas, un efecto disuasivo sobre los grupos de oposición.

La sorpresiva liberación de presos políticos

Para disminuir el aislamiento y la presión internacional en su contra, la dictadura liberó sorpresivamente a 135 prisioneros políticos, a raíz de una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos.

A diferencia de los 222 presos políticos liberados en febrero de 2023, que incluía a dirigentes de la oposición burguesa, que pretendieron participar en las elecciones de noviembre del 2021, la mayoría de los 135 prisioneros liberados fueron activistas de base capturados por expresar sus opiniones en redes sociales, o por exigir la liberación de otros presos políticos.

Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, justificó la intervención de su país aclarando, igual que en febrero de 2023, que fue una “decisión unilateral” del gobierno de Nicaragua, que no habían hecho “concesiones” y que habían participado en el transporte y la logística por “razones humanitarias”.

Levantar el perfil de Bernardo Arévalo

En esta segunda liberación de presos políticos, Estados Unidos, además de liberar a los 11 pastores de la secta norteamericana “Puerta de la Montaña”, tenía un claro objetivo político: levantar el perfil de Bernardo Arévalo, como el principal aliado de Estados Unidos en la región, quien ejerció el voto decisivo para evitar que el representante de Nicaragua fuese elegido en la Secretaria General del SICA.

En una inusual conferencia de prensa conjunta, Jacobstein se deshizo en elogios: “(…) Los Estados Unidos y Guatemala son socios esenciales en la promoción de la seguridad, la prosperidad, la democracia y la justicia en la región. Así que, Guatemala fue un socio natural para nosotros dado su liderazgo en la región para juntarnos en este esfuerzo tan importante”.

Con este espaldarazo, Estados Unidos pretende que Guatemala influya sobre los gobiernos rebeldes en Centroamérica. Colateralmente, a diferencia de febrero del 2023, el Departamento de Estado está sentando el precedente de que, para lograr el asilo o refugio conforme el Programa de Admisiones de Refugiados en Estados Unidos (USRAP), primero deben solicitarlo en la oficina de USCIS en Guatemala. Es un mensaje claro que en el futuro habrá un colador para los solicitantes.

Sentencia quita la nacionalidad a los 135

Jacobstein dijo que sería un “error” que el gobierno de Nicaragua quitase la nacionalidad a los 135 presos excarcelados. Después de algunos días de silencio, una sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua, confirmo la pena: quitar la nacionalidad y decomisar sus bienes.

Mientras tanto, el Departamento de Estado continúa exigiendo “un retorno pacífico a la democracia” y la Unión Europea (UE) confirma mantenerse “abierta al diálogo con Nicaragua”. Este pragmatismo nos indica que, tarde o temprano, habrá diálogo y negociación en Nicaragua.