Por Olmedo Beluche

Desde el 21 de diciembre de 2024, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la última invasión militar de Estados Unidos contra Panamá (20/12/1989), el presidente norteamericano Donald Trump, antes de haber asumido su cargo, comenzó una serie de declaraciones reiteradas en las que amenaza con apoderarse por la fuerza del Canal de Panamá.

Los argumentos utilizados por Trump para justificar estas pretensiones contra Panamá son variados, pero todos falsos, y van desde la queja de que supuestamente se estarían cobrando tarifas altas a los barcos de Estado Unidos que atraviesan el canal, hasta que el canal está controlado por los chinos.

Una actualización de la Doctrina Monroe

Las declaraciones de Donald Trump contra el canal panameño están asociadas a otras igualmente controversiales en las que pretende sumar a Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos de América, la idea de que debe adquirir Groenlandia para el control de su país, territorio que está bajo administración de Dinamarca, o la pretensión de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.

Las propuestas sobre Panamá, Canadá, Groenlandia y el Golfo de México hacen parte de una especie de actualización de la vieja “Doctrina Monroe” al siglo XXI por parte de Trump. El presidente James Monroe, en 1823, emitió una declaración de política exterior norteamericana que se ha conocido con el eslogan “América para los americanos”, que en ese momento fue una advertencia a las monarquías europeas que habían constituido un bloque militar denominado la “Santa Alianza”, en el sentido de que no permitiría que reconquistaran los territorios recién independizados de Hispanoamérica. Por supuesto, desde entonces se entendió que los “americanos” de Monroe eran ellos, Estados Unidos, no los hispanoamericanos o latinoamericanos.

Siguiendo la Doctrina Monroe, desde el siglo XIX hasta el presente, Estados Unidos ha actuado bajo la convicción de que América Latina y el Caribe son su “patio trasero” y zona exclusiva de saqueo económico y neocolonialismo político. Reiteradas invasiones, golpes de estado, sanciones económicas contra los estados que intentan zafarse (Cuba, Venezuela) así lo demuestran, especialmente durante la Guerra Fría con la Unión Soviética.  Instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Escuela de las Américas han sido instrumentos de esa política exterior norteamericana.

No importa si los gobiernos norteamericanos actuaron con descarados modales imperialistas, como lo fue bajo Teodoro Roosevelt la política del “gran garrote”, o con la hipocresía refinada de Franklin D. Roosevelt y su “política del buen vecino”, o la llamada “doctrina de la seguridad nacional” de la guerra fría, republicanos o demócratas, todos los gobiernos de ese país se han guiado por la Doctrina Monroe frente a América Latina y el Caribe.

Trump una respuesta agresiva a la decadencia norteamericana y al fantasma chino

Donald Trump sabe que miente, pero no puede dejar de expresar su mayor temor cuando afirma: “El Canal de Panamá está siendo operado por China. ¡China!... Nosotros no se lo dimos a China. Y ellos (Panamá) han abusado. Ellos han abusado de este regalo” (La Prensa, 13/1/25).

En esas palabras está expresado el meollo del problema. La política de Trump, exterior y comercial, intenta ser una respuesta a un proceso objetivo de decadencia económica y política de Estados Unidos que cada vez más le cuesta competir con la influencia de los capitales chinos. Blandir ahora el garrote contra Panamá, hace parte de su proyecto de cerrar el mercado norteamericano, y por extensión latinoamericano, a productos chinos que compitan con empresas norteamericanas. La intención es cortar donde pueda el avance de capitales chinos. Estamos ante una competencia que parece evolucionar hacia una confrontación de bloques económicos parecida a las que dieron origen a la Primera y Segunda Guerra Mundiales.

Siendo Panamá un lugar relevante en la geopolítica mundial, a Estados Unidos le viene preocupando la presencia china en el istmo, al menos desde 2017, cuando se normalizaron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Antes de eso, Panamá era parte de los gobiernos centroamericanos sobornados por Taipei para bloquear a China. Pero hace décadas que China es el segundo usuario del canal, después de los Estados Unidos, por lo que las relaciones diplomáticas eran una necesidad lógica.

Le preocupa a Trump especialmente que las relaciones diplomáticas vinieron acompañadas por varias propuestas, como la construcción de un ferrocarril hasta la frontera con Costa Rica, proyecto que no se ha concretado, pero que enseguida fue objetado por los sectores leales a Estados Unidos en Panamá. El ferrocarril no procedió pero empresas chinas participan en la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá y en otras obras. La hongkonesa Hutchinson Whampoa administra los puertos junto al canal, Balboa y Cristóbal. Incluso hay capitales chinos involucrados con canadienses en la mina Cobre Panamá, cuyo contrato fue declarado inconstitucional luego de importantes movilizaciones populares en 2023. Chinas son la mayoría de las mercancías que se reexportan a Sudamérica desde la Zona Libre de Colón.

Estos hechos económicos son parte de la tendencia del mercado mundial producto de la globalización neoliberal impuesta desde Estados Unidos hace 40 años. Pero eso no ha convertido a Panamá en “neocolonia” del “imperialismo chino”, por el contrario, los gobiernos panameños y la burguesía local siguen siendo títeres del imperialismo norteamericano. Lo cual queda  demostrado en su alineamiento internacional en la ONU, en la OEA y recientemente en el caso de Venezuela.

Panamá, una historia de lucha contra la Doctrina Monroe

El Istmo de Panamá ha sido una víctima particular de la Doctrina Monroe por ser una región estratégica para el paso entre los océanos Pacífico y Atlántico. La primera ocupación del territorio istmeño ocurrió poco después de que Estados Unidos le robara a México la mitad de su territorio, incluida California, en 1846. Los norteamericanos construyeron un ferrocarril interoceánico en Panamá y de hecho la ocuparon militarmente.

A fines del siglo XIX, concluida la “Guerra del 98”, por la que EE UU le arrebató a España sus últimas colonias en América y Asia (Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam) ese país se decidió a construir un canal que permitiera a sus fuerzas navales custodiar sus intereses imperialistas en ambos océanos. Para lo cual procedió a separar a Panamá de Colombia, mediante una invasión simulada, e imponer un Tratado firmado el 18 de noviembre de 1903, por el cual se le entregaba a Estados Unidos el “derecho” de construcción, administración y defensa del canal y un área adyacente (Zona del Canal) que sería controlada como si fuera parte de ese país.

Una de las falacias dichas por Donald Trump es que supuestamente habrían muerto en la construcción del canal miles de norteamericanos. Falso. Si bien los ingenieros que construyeron el canal fueron parte ejército estadounidense, la fuerza de trabajo estuvo constituida principalmente por obreros procedentes del Caribe, entre ellos jamaicanos, guadalupanos, etc.

Ellos trabajaron bajo un régimen racista estilo “apartheid”, que separaba física y socialmente a los anglosajones blancos de las “razas de color”, incluso salarialmente. Según reportes de la propia Isthmian Canal Comission, durante la construcción del canal (1903-1914) fallecieron 5,611 trabajadores, de los cuales solo 350 eran ciudadanos de Estados Unidos, el equivalente al 6% del total (La Prensa 16/1/25).

El pueblo panameño luchó durante el siglo XX contra el enclave colonial de la Zona del Canal, y por revertir la administración del canal a Panamá. A lo largo de la centuria, cada generación istmeña protagonizó diversas revueltas populares y enfrentamientos con la soldadesca norteamericana. El reclamo sobre la nacionalización del Canal de Panamá cobró fuerza a partir de 1956, cuando en Egipto el presidente Nasser nacionalizó el Canal de Suez.

Estos reclamos tuvieron su momento culminante el 9 de enero de 1964, cuando un grupo de estudiantes panameños que fueron a la Zona del Canal a exigir que se izara la bandera nacional junto a la norteamericana, como símbolo de soberanía sobre ese territorio. Los estudiantes fueron agredidos por la policía y los habitantes norteamericanos de la Zona del Canal. Ante esos hechos el pueblo empezó a acudir en masa a la cerca que dividía la ciudad panameña de la norteamericana para plantar banderas, lo que fue respondido por disparos del ejército de Estados Unidos.

Los hechos se transformaron en una pequeña revolución anticolonial que duró tres días, que causó más de 20 muertos y 500 heridos del lado panameño, y la destrucción de propiedades norteamericanas. A partir de entonces fue evidente que había que negociar un nuevo tratado sobre el canal que resolviera las “causas del conflicto”: fin del enclave canalero, administración panameña del canal y eliminación de las bases militares yanquis. Esto condujo a la firma de los Tratados de 1977, entre el general Omar Torrijos y el presidente James Carter.

Un canal administrado por Panamá desde el año 2000

En la década de 1980, ya en proceso de reversión del canal a manos panameñas, se produjo una grave crisis política y económica, entre cuya complejidad estaba la discusión de cómo Panamá iba a administrar el canal y cómo se deberían utilizar los recursos adyacentes, principalmente puertos. Aunque la promesa de Omar Torrijos había sido darle “el mayor uso colectivo posible”, el sector burgués en torno al general Manuel Noriega pretendía convertirlo en una gran base militar sustituyendo los cuarteles norteamericanos por panameños. Pero otro sector de la burguesía panameña discrepaba y planeaba la privatización de las áreas revertidas.

La invasión de 1989 le permitió a Estados Unidos reconfigurar el país a su beneficio con la complicidad de la burguesía panameña. En 1994 se impuso una reforma constitucional que dio al canal una Junta Directiva controlada por la oligarquía financiera y comercial panameña que excluyó cualquier participación popular en las decisiones, aunque se definió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como una entidad pública.

Se transfirieron instalaciones y desmantelaron las bases militares a partir del año 2000 pero, en vez de “entrar al canal” como Torrijos había prometido, el pueblo panameño fue testigo pasivo del proceso de apropiación y privatizaciones de las áreas adyacentes y los puertos. Los dos principales puertos, Balboa y Cristóbal, fueron entregados a la empresa Hutchinson Whampoa, con sede en Hong Kong. Otros puertos han sido entregados a otras empresas con capitales extranjeros y panameños.

Durante estos años ha habido un reclamo permanente de las organizaciones sociales y populares panameñas respecto a la forma cómo se administra el canal, se asignan sus recursos y la privatización de lo que fuera la Zona del Canal. Estos reclamos fueron especialmente fuertes en 2007 cuando se aprobó una costosa ampliación de las esclusas para permitir el paso de enormes barcos de contenedores.

Pese a ello, el canal está manejado por unos 8,500 trabajadores panameños y representa entre el 6 y el 8 % del producto interno bruto del país. En términos absolutos, el canal de Panamá ha entregado al tesoro público en 24 años de administración panameña 28,232 millones de dólares  que, comparados con los escasos 1,879 millones que recibió el país desde 1914 a 1999, cuando estuvo bajo administración norteamericana, demuestran que la lucha por la soberanía sí produjo réditos concretos.

Por eso, pese a las diferencias internas sobre la administración del canal, las declaraciones de Donald Trump produjeron una casi unánime respuesta por parte de la nación panameña, de rechazo y defensa del canal panameño. Tuvo que condenar las palabras de Trump hasta el presidente José R. Mulino, tradicional aliado derechista de los intereses norteamericanos, quien fue vicecanciller del gobierno impuesto por la invasión del 20 de diciembre de 1989.

El gobierno y la burguesía panameños serán inconsecuentes en la defensa del canal

Pese a las declaraciones altisonantes de Mulino y otros políticos de la burguesía panameña frente a Donald Trump, el pueblo panameño debe desconfiar, pues históricamente la burguesía y sus políticos han actuado como lacayos del imperialismo yanqui. Así pasó en 1903, cuando traicionaron y avalaron el tratado que creó el enclave colonial, así actuaron durante el siglo XX en cada momento crítico de la historia nacional. Baste recordar la crisis de la década de 1980 y su colaboración con las tropas invasoras.

Mientras Trump no descartaba el uso de la fuerza militar para retomar el Canal de Panamá, el presidente Mulino se arrastraba ante los intereses imperialistas norteamericanos no solo dando legitimidad al candidato perdedor de las elecciones venezolanas, el ultraderechista Edmundo González, sino que hasta se propuso de custodio de las supuestas “actas”. Pésima jugada táctica divisionista que socava apoyo continental a nuestro país en el momento en que más lo necesita.

¿Cómo enfrentar a Trump? Unidad y movilización popular latinoamericana

Una cosa es lo que Donald Trump desea hacer y otra es lo que podrá hacer. El proyecto de la ultraderecha imperialista norteamericana pretende aumentar las cadenas y la explotación de los pueblos del mundo, en particular de este continente. Porque es la respuesta desesperada a la crisis del sistema capitalista global. Para ello están dispuestos a sumir al mundo en guerras, sangre y sufrimientos. Así lo han demostrado recientemente en el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, en las guerras del medio Oriente y en Ucrania.

Pero el otro factor de la realidad son los pueblos, la clase trabajadora y los oprimidos, que no son actores pasivos, sino que luchan activamente por defender sus vidas frente a los embates del sistema. Así que el resultado final está por verse. Trump puede ser vencido. De hecho en su gobierno anterior fue vencido por el movimiento “las vidas negras importan”.

Cualquier intento de retomar el canal por la fuerza por parte de Estados Unidos será respondido por el pueblo panameño con firmeza cuyo ejemplo se ilumina en los mártires del 9 de enero de 1964. Con el apoyo de los pueblos del mundo y en especial de Latinoamérica y el Caribe.

En este continente nos toca reactualizar la doctrina de la unidad latinoamericana promovida por el Libertador Simón Bolívar frente a la reactualización de la Doctrina Monroe. En el año 2026 se cumplirán 200 años (1826), cuándo Bolívar convocó en Panamá un Congreso Anfictiónico para concretar la unidad de nuestros países frente a las amenazas de la Santa Alianza y de la Doctrina Monroe norteamericana. Es hora de volver a convocarnos.