Por Olmedo Beluche
Cuando supuestamente deberían normalizarse las actividades afectadas por las movilizaciones y paros que sacudían al país desde abril pasado, el gobierno de José R. Mulino, actuando con total descaro dictatorial, ha ordenado a través de la ministra de Trabajo la disolución del Sindicato Único de la Construcción y Similares (SUNTRACS); así como, a través de la ministra de Educación, ha sostenido los procesos de despido de 700 activistas y dirigentes magisteriales, impidiéndoles con la policía reintegrarse a sus escuelas.
Para redondear el ataque a los derechos laborales y la libertad sindical, el mismo día que “ordenaban” la disolución del Suntracs, la transnacional bananera Chiquita Brands, actuando con la complicidad total del gobierno ha ratificado el despido de más de mil trabajadores de sus plantaciones en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
En todos estos casos, así como en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Bocas del Toro y Darién, el gobierno presidido por Mulino actúa pasando por encima de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos y laborales, así como de las leyes nacionales.
El gobierno “investiga” (o fabrica acusaciones), juzga y sanciona pisoteando el debido proceso, en un país en el que el Procurador General (fiscal) es el abogado personal del presidente, la Corte Suprema y los jueces están al servicio de los grandes bufetes estilo “Panama papers” y la Asamblea Legislativa está comprada con financiamientos y favores dudosos, bajo el “ojo atento” del Contralor de la República (según el diario La Prensa).
Estos actos criminales del gobierno son posibles por tres elementos internos del país: el apoyo cerrado de la burguesía financiera panameña, lo que le garantiza la servidumbre de los grandes medios de comunicación locales y el estamento militar-policial. Entre los factores externos: la corriente ultraderechista y neofascista de la que hace parte Mulino (como Bukele y Miley) y el respaldo del imperialismo norteamericano presidido por Donald Trump, al que se ha entregado como fiel sirviente Mulino y su gobierno.
En Panamá nunca ha sido más clara que hoy la afirmación de Carlos Marx y Vladimir Lenin de que la “democracia burguesa” es la “dictadura del capital”. Gente sin mucha educación política comenta que el objetivo de Mulino es beneficiar al empresariado aplastando todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Destruir al Suntracs sería destruir la Convención Colectiva de trabajo más completa y mejor pagada del país.
La misma fiscalía y jueces que ordenan arrestos y procesos expeditos contra dirigentes sindicales sobre bases amañadas, son los mismos que con la complicidad del presidente Mulino facilitaron la fuga del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, peculado y lavado de activos a 10 años de prisión. Son las mismas autoridades de la fiscalía y del sistema judicial que no han hecho nada para que Martinelli pague los 19 millones de dólares de multa que se impuso en esa condena, pese a las múltiples propiedades que posee en Panamá. Ni hablar del expresidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José G. Carrizo, sospechosos de cuantiosos desfalcos a la administración pública.
Pese a lo difícil de la situación, la clase trabajadora no está derrotada. Suntracs, aunque mantiene a dos de sus directivos asilados en embajadas, entre ellos a su secretario general, Saúl Méndez, a otro preso en una cárcel de máxima seguridad y al histórico líder Genaro López, preso domiciliario, así como a varias decenas de activistas con procesos judiciales, se está movilizando.
Suntracs ha convocado conferencias de prensa con respaldo de otros sectores sindicales, ha reunido sus estructuras intermedias y próximamente realizará una Asamblea General, ha realizado piqueteos en las principales obras en el país, además de que había convocado elecciones de su directiva y anunciado el inicio de la nueva negociación colectiva con la patronal.
La dirigencia magisterial también se mantiene movilizada y ha recibido el respaldo de sus estudiantes, lo que ha impedido normalizar las clases en muchos colegios. Los organismos de derechos humanos siguen recabando informes sobre los abusos cometidos por los estamentos de seguridad en Bocas del Toro.
A todo lo cual hay que sumar el respaldo del movimiento obrero y popular de múltiples países de América Latina y el Caribe, incluso Europa, que sienten como suya la lucha del movimiento sindical y popular panameño por el respeto a la libertad sindical, la defensa de los sistemas de jubilaciones frente al neoliberalismo, la lucha contra depredación extractivista de la naturaleza y contra la remilitarización del mundo a través de bases militares (Memorando de Entendimiento) e incremento de la factura militar de la OTAN.
En Panamá no puede haber una persona honestamente defensora de las libertades democráticas que no levante su voz frente a estos nuevos atropellos de la dictadura de Mulino. No puede haber un gremio o sindicato que no salga a defender al Suntracs y los educadores sancionados. Todas y todos debemos estar prestos a salir a las calles en las movilizaciones que se convocarán próximamente.