Por Leonardo Ixim

En estos momentos en Colombia se vive una movilización popular contra el gobierno de Iván Duque Márquez de parte de varios sectores que ya lleva varios días. Si bien la gota que rebalsó el vaso fue el intento de aplicar una reforma fiscal regresiva, existe un descontento generalizado contra un gobierno considerado corrupto y represor.

Duque llega a la presidencia tras la elecciones que disputó con el candidato de izquierda Gustavo Petro y su partido Colombia Humana,  que corrió en alianza con la Unidad Popular cercana el Partido Comunista Colombiano. Duque obtuvo el 39.34 por ciento de los votos con Cambio Democrático, partido del ex presidente Álvaro Uribe, en alianza con el histórico Partido Conservador. Petro, por su parte, logró el 25.08 % de los votos. A nivel del organismo legislativo, Cambio Democrático obtuvo una leve ventaja, pero con los votos de otros partidos derechistas, obtiene la mayoría; mientras que las opciones de centro-izquierda y de izquierda obtuvieron muy pocos escaños.

El gobierno de Duque y el poco avance en el proceso de paz

En el gobierno anterior de Juan Manuel Santos se logró negociar con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) el desarme de esta guerrilla izquierdista que existió durante mas de cincuenta años. El proceso de paz negociado con la insurgencia, al igual que en Centroamérica, significó para las FARC-EP el convertirse en partido político y reacomodar hacia la derecha su programa su programa, ya de por si reformista; pero en una situación de descontento ante la guerra, sobre todo cuando el Estado se justificaba en las operaciones contrainsurgentes, por medio de una guerra contra la resistencia de los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios, así como obreros contra las políticas anti-laborales.

En las elecciones de junio de 2018 la reacción logró nuevamente imponerse. Presagiando que la aplicación de la paz no fuera real con la imposición de un gobierno neoliberal, que tiene el respaldo de la mayoría de las fracciones y las más conservadoras de la oligarquía colombiana, sobre otras fracciones menores cercanas al Partido Liberal y que aceptaron la negociaciones con  la insurgencia en el gobierno de Santos. 

La reacción se posicionó con el uribismo y las iglesias neo-pentecosteces a la cabeza, obteniendo una pírrica victoria en el referéndum para la aplicación de los acuerdos de paz del 26 de agosto de 2018, bajo un gran abstencionismo y entorpeciendo la aplicación de los acuerdos, en aspectos como  la  justicia en torno a las violaciones a los derechos humanos y el quimérico desarrollo rural. Esto puso trabas a la posibilidad de negociar con la otra importante guerrilla de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al cual el gobierno exigió previa desmovilización; ésta por supuesto lo rechazó.

La aplicación de los acuerdos ha sido lenta, sobre todo en el tema rural, el cual es uno de los mas álgidos, que refleja el despojo a las comunidades campesinas, siendo que dicho acuerdo de paz no cuestiona la alta concentración de la tierra. Pero el tema que mas ha afectado al pueblo colombiano es la constante persecución a líderes sociales de todo tipo, sobre todo en las zonas rurales, así como el asesinato de miembros desmovilizados de las FARC-EP, ocasionado por grupos paramilitares con la aquiescencia del Estado y las fuerzas de seguridad pública, las cuales se dedican también actividades criminales.

Esta situación repercutió en la ex guerrilla, una parte de la cual se convirtió en partido político, denominándose Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el cual ha conseguido exiguos resultados, mostrando también el cansancio de la población hacia las acciones militares que esta realizó, sobre todo en los últimos años. Otra facción que no entregó las armas, denominándose FARC-EP Segunda Marquetalía -en alusión a la región donde apareció la primera guerrilla en 1964- y otras facciones, grupos que se dedican actividades criminales. Sobre eso, las guerrillas izquierdistas en cierto momento se coludieron con actividades cercanas al narcotráfico y otras,  como forma de agenciarse fondos.

Un malestar social en crecimiento

El primer síntoma visible de descontento ocurrió el 11 de noviembre de 2019, en la denominada “Marcha de las Linternas” la cual exigía la renuncia del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, por supuestas conexiones y sobornos con la trasnacional brasileña  Odebretch, así como por la impunidad de la justicia colombiana, tras el asesinato de líderes sociales

En agosto de ese año ocurrió un bombardeo en la zona rural de San Vicente del Caguán, llevado a cabo por el ejército contra un presunto grupo de disidentes de las FARC, donde fueron asesinados  menores reclutados a la fuerza por este grupo. De igual forma se dio el genocidio de grupos paramilitares  contra  comunidades indígenas del Cauca, siendo asesinados 55 de sus miembros, al igual que dos masacres en menos de tres días a finales de octubre, en esa región.

Álvaro Uribe, quien esta investigado por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción,  y tiene procesos penales abiertos, con el respaldo de su marioneta Iván Duque, intentaron parar estos procesos, allanando oficinas del juzgado y la fiscalía que lleva estos casos. Así, se forjó una mayor antipatía hacia el uribismo; recordemos que cuando Uribe gobernó el departamento de Antioquía en los ochenta y cuando ejerció la presidencia por dos períodos a inicios del siglo, fue responsable de violaciones a los derechos humanos.

De tal forma que se llega al Paro Nacional de noviembre de 2019, impulsado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central General de Trabajadores (CGT), junto a la Minga Indígena y grupos estudiantiles, contra el intento de crear un Holding Financiero, que fusionaría varias empresas del Estado, relacionadas a la administración de pensiones, así como la privatización de otras empresas estatales. Tales modificaciones implicarían reformas a las pensiones, así como el aumento de la taza de cotizaciones y la privatización o enajenación de bienes del Estado, independientemente de la participación accionaria pública. 

Se incluía una reforma laboral que ponía en peligro la estabilidad laboral, aplicar un salario mínimo diferencial y la contratación por horas, medidas que afectan a la clase trabajador. Se dejaba entrever un impuestazo similar al que se quiere aplicar actualmente, esto es sobre todo, una recarga del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a bienes de consumo popular.

También se exigió y se exige actualmente la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)  ente odiado por la población por su accionar altamente represivo y la depuración de la Policía Nacional, organismo que tiene una estructura militar y que depende el Ministerio de Defensa; esta desmilitarización se contempla en los acuerdos de paz.

De tal forma que se creó el Comité Nacional por el Paro (CNP) formado por la CGT, CUT, la Minga Indígena, organizaciones estudiantiles y partidos de izquierda, entre otros. Las movilizaciones continuaron todo diciembre, en menor medida enero, febrero y marzo; pero la entrada de la pandemia y las medidas de cuarentena pusieron su grano para desmovilizar.

En medio de la pandemia, se registra el asesinato de parte de la policía de Javier Ordoñez en noviembre de 2020, que al igual de lo ocurrido en Estados Unidos, un video muestra la brutalidad policial. Eso encendió la indignación, registrándose quemas en sedes policiales y a diferencia de las protestas de inicio de ese año, estas adquirieron visos de enfrentamiento.

En medio de la pandemia, si bien Colombia no muestra altas tasas de contagios y muertes, las cifras van en aumento, llevando un proceso de vacunación lento. Hubo efectos desastrosos en la economía y en los ingresos de los sectores populares, pese a los planes asistenciales que aplicó el gobierno, generando un déficit fiscal del 8 % del PIB. Según organismos internacionales,  la pobreza aumentó, situándose en 42 %,  la extrema pobreza en un 15 %; el desempleo, por su parte, afecta al 17 % de las y los colombianos, sin contar con cifras, como pasa en nuestros países, del crecimiento de la informalidad.

Tarifazo fiscal y revuelta semi-insurreccional

El Estado colombiano y las distintas fracciones oligárquicas, son responsables de atentar contra la población y contra los derechos de la clase trabajadora y los pueblos indígenas. Es calificado como un estado para-policial, pese a que durante el siglo XX mantuvo la formalidad democrática por medio de un bipartidismo (liberal y conservador). Se ha denunciado que, a raíz de las movilizaciones de 2019 y las constante violaciones a los derechos humanos, el Estado realiza una constante labor de espionaje y de seguimiento a líderes sociales.

El déficit fiscal obligó al gobierno a buscar formas de financiamiento y por supuesto, sin recargárselas a la burguesía. La guinda del pastel fue el intento de aplicar nuevamente la reforma fiscal, la cual, al igual que en 2019, se busca subir el IVA a bienes de consumo y descaradamente seguir eliminando exenciones a los grandes capitales. En plena pandemia Duque recetó grandes cantidades de recursos a los capitalistas, por ejemplo, a la trasnacional AVIANCA, que prácticamente había anunciado su quiebra.

Nuevamente obreros, campesinos, estudiantes, pobladores, jóvenes, se lanzaron primeramente en las grandes ciudades a resistir esta embestida contra el pueblo. La reacción del Estado y de la ESMAD fue una represión cruda, generando las protestas de Naciones Unidas, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y la OEA. Según los segundos, se registran hasta el primero de mayo,  940 casos de brutalidad policial, 672 arrestos arbitrarios, 4 casos de abuso y violencia sexual, 21 homicidios a manos de fuerzas de seguridad y treinta casos de uso indebido de armas contra civiles.

Especial atención merece el papel jugado por los jóvenes de barrios empobrecidos en la ciudad de Cali, que se convirtió el epicentro de la rebelión, creando verdaderas zonas liberados a partir de los tranques hechos por los mismos pobladores. A partir de eso, en los primeros días de mayo, el Estado inició una represión extra-judicial disparando contra los rebeldes en Cali y en otras ciudades. En los hechos, el surgimiento de un sujeto juvenil disperso y de pobladores, sobre todo de los barrios populares en Cali, llevó a rebasar al CNP, las centrales sindicales y los partidos de izquierda reformista como Colombia Humana y otros, los cuales son criticados por no impulsar una huelga general indefinida.

Esto llevó a que sectores mas radicalizados de la población, organizaciones y sindicatos de base y agrupaciones de izquierda revolucionaria conformaran el Comité Nacional por el Paro Indefinido (CNPI), independiente del CNP. El uribismo no ha dejado, por su parte, de descalificar estas movilizaciones como influenciadas por el ELN y las FARC armadas, hecho que estas niegan, pero manifiestan su apoyo.  Ante eso, Minga Indígena, conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca y otras organizaciones, movilizó hacia Cali mas de cinco mil personas, como forma de apoyar la resistencia urbana caleña, siendo atacada por elementos paramilitares.

Coincidimos con el urgente llamado a una huelga general indefinida, y que Duque caiga por la vía  insurreccional. Recientemente varios sindicatos de base han llamado a un paro de obreros,  presionando a las conservadoras dirigencias de las centrales sindicales que han dado largas a este llamado. Éstas, por su parte, convocan a un paro solo para el 12 de mayo. Es importante también,  como menciona el CNPI, crear asambleas de base en los territorios, centros laborales y educativos, las cuales pueden convertirse en órganos que generen una situación de doble poder.