La popularidad del gobierno de Lobo, como era de esperase, está por los suelos. No es para menos. La mayoría de los hondureños sienten, con justa razón, que desde el golpe de estado de junio del 2009 hasta le fecha, en poco tiempo, el país que ya tenía muchos problemas cayó por el barranco, sin posibilidades de recuperación inmediata.

Y es que con el pretexto de la reconciliación, el gobierno de Lobo, ha aplicado tremendos planes de ajuste en contra de los trabajadores y las masas populares. La crisis fiscal que vive en Honduras castiga de manera inclemente a los empleados públicos que no reciben puntualmente sus salarios, y también el conjunto de la población con unos servicios públicos cada vez más precarios y de mala calidad.

La crisis económica y fiscal, el caos social que carcome a Honduras, es una bomba de tiempo con mecha corta que explotara en la cara al próximo gobierno. Por ello, en los últimos meses, observamos que el gobierno de Lobo ya no intenta remontar la crisis económica, sino que se ha concentrado su labor en modificar las instituciones del régimen bipartidista, muy desgastado y desprestigiado.

Esta crisis económica y social se refleja nítidamente en los cada vez más intensos conflictos interburgueses. La oligarquía y los principales grupos económicos huelen el peligro. Y por ello reclaman acciones que el gobierno ya no puede realizar. En este mar de contradicciones, el gobierno de Lobo se ha concentrado en reformar el régimen político, debilitando la autoridad del presidente de la república, que tradicionalmente ha sido fuerte, y trasladando mayores poderes y funciones al Congreso Nacional, dando la impresión de una democratización del régimen político.

La mayoría parlamentaria obtenida en el año 2011 para reformar el artículo 5 de la Constitución, referido al plebiscito y referéndum, abrió las posibilidad de colocar cuartas y quintas urnas en el próximo proceso electoral, arrebatándole al zelayismo una de sus más preciadas consignas democráticas.

Pero, la reciente reforma constitucional del año en curso, que instaura el juicio político contra el presidente de la república, que permite destituir a magistrados y altos funcionarios de las instituciones del estado, etc, indican que tanto los diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional coinciden en trasladar poderes al Congreso Nacional en contra del futuro presidente. Y esto tiene nombre y apellidos. La crisis económica y social ha catapultado al partido LIBRE y Xiomara Castro es actualmente la candidata con mayores posibilidades de triunfo, si tomamos en cuenta que en Honduras gana las elecciones el candidato que obtiene mayoría simple.

Es obvio que los pilares del bipartidismo se están atrincherando en el Congreso Nacional, en donde unidos pueden ser mayoría, y desde ahí controlar al candidato vencedor de las próximas elecciones.

Lejos de democratizar el régimen político, lo transforman parcialmente para que sobrevivan los partidos del bipartidismo y sus aliados, y todo siga igual en Honduras. Veremos si los trabajadores y la izquierda lo permiten.