La razón que dio el presidente para su ausencia en el Congreso fue que no quería caer en el juego de la oposición, en especial del partido Líder. Además se habían anunciado protestas masivas campesinas y estudiantiles ese día frente al edificio del Congreso, aunque quienes protestaron fueron otros grupos y en un número reducido. Pérez Molina argumentó que los diputados del Congreso tienen apenas un 20% de credibilidad ante la población, y que prefirió presentar su informe en otro espacio que fuera más representativo de la sociedad.

Agravando la situación con los diputados, el presidente los acusó de mercantilismo, denunciando la oferta de dinero por parte de algunos partidos para que se pasen a sus filas. Afirmó haber visto mensajes de texto en celulares de diputados a los que se les ofrece hacer depósitos en sus cuentas bancarias para que se cambien de partido. La acusación fue para el partido Líder, cuyo dirigente Manuel Baldizón se ha puesto metas para sumar diputados, planteándose llegar a 80 a fin de año. Pérez Molina incluso mencionó una depuración del Congreso.

Diputados de todos los partidos naturalmente han tomado estas declaraciones como una ofensa y una actitud poco seria y responsable por parte de Pérez Molina. Recordaron que el actual mandatario fue asesor de seguridad durante el gobierno de Serrano Elías, quien dio un autogolpe precisamente con el argumento de corrupción en el Congreso. Incluso el nuevo presidente del Congreso Pedro Muadi, del Partido Patriota de Pérez Molina dio declaraciones solicitando que las personas que tengan pruebas sobre la compra de diputados presenten denuncia formal ante el Ministerio Público, obviamente evitó mencionar al presidente.

Estos roces los poderes ejecutivo y legislativo son resultado de la actitud de la oposición parlamentaria, en especial del partido Líder, que durante todo el año pasado entorpeció el trabajo del Congreso planteando interpelaciones a ministros y funcionarios del gobierno, táctica que al parecer va a seguir empleando este año. Esta misma táctica la utilizó el Partido Patriota contra el anterior gobierno de Álvaro Colom.

La exasperación que produce en Pérez Molina el lentísimo avance de la aprobación de una serie de leyes que necesita para impulsar su plan de gobierno plantea una posible crisis institucional si continúa sus acusaciones y su enfrentamiento contra el Congreso. Recordemos que ya tuvo que retirar del Congreso su proyecto de reformas a la Constitución, ante la oposición de la burguesía y otros sectores.

Otro elemento que puede alimentar una crisis es la oposición del empresariado organizado al paquete de leyes tributarias aprobado el año pasado. Al nomás entrar en vigencia estas leyes el 1 de enero, el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) anunció queplanteará un recurso de inconstitucionalidad contra 40 artículos de la reforma fiscal. El CACIF intentará primero dialogar con las autoridades de gobierno antes recurrir a la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la Cámara de Comercio anunció que impugnará la Ley de Actualización Tributaria sin acudir primero al Ejecutivo. A esto se suma el conflicto por la destitución del presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por parte de Pérez Molina, que se considera una violación a la autonomía de esta institución.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que ante una posible crisis institucional, las organizaciones sindicales, campesinas y populares deben mantener una posición independiente y clasista, aprovechando la crisis para plantear sus propias demandas, en especial la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el país a favor de los oprimidos.