Trump eliminó este beneficio para 2,500 trabajadores nicaragüenses migrantes a partir de enero del 2019, argumentando que ya no era necesario dado los niveles de seguridad imperantes en ese país. Lo mismo hizo con los trabajadores de Haití. A raíz de este anuncio, los trabajadores centroamericanos protegidos por el TPS están al borde de la deportación.

En enero del 2019, la administración volvió a la carga contra los trabajadores migrantes centroamericanos. Esta vez les tocó el turno a los trabajadores salvadoreños. Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dio a conocer una prórroga para los trabajadores de Honduras, un leve respiro hasta el 18 de julio del 2019, y una cancelación definitiva del programa TPS para los trabajadores salvadoreños. A partir de la fecha de cancelación del programa, la administración Trump otorga 18 meses como transición hacia una legalización de manera individual, o en su defecto la simple deportación.

Esta decisión de la administración Trump, así como la cancelación del programa DACA, que permitiría legalizar a quienes arribaron a Estados Unidos siendo menores de edad, forma parte de una ofensiva contra la clase trabajadora en Estados Unidos, específicamente contra un sector numeroso, pero en indefensión legal: los trabajadores migrantes centroamericanos. Los constantes ataques contra las minorías y contra los trabajadores mexicanos y centroamericanos persigue mantener la hegemonía o supremacía de los blancos de origen europeo, sobre el mosaico de nacionalidades que habitan en Estados Unidos.

Este racismo supremacista blanco pretende obtener dos objetivos centrales al mismo tiempo. En primer lugar, que la población de origen hispano, no se convierta en la principal minoría de Estados Unidos, superando a la minoría de origen africano. Esto tiene grandes repercusiones políticas: Trump quiere evitar que los hispanos se transformen en ciudadanos con plenos derechos políticos, lo que modificaría radicalmente el establishment norteamericano.

En segundo lugar, rebajar las condiciones de trabajo y de salario de los trabajadores migrantes que quedan todavía trabajando en ese país. De esta manera pretende devolver empleos a los trabajadores norteamericanos blancos (gabachos), los que por cierto constituyen un segmento del proletario norteamericano con escasa preparación académica o técnica. Este sector votó masivamente a favor de Trump.

Mientras Trump trata de arreglar algunas cosas en su casa, está quebrando el mobiliario en la casa de los presidentes centroamericanos. Tanto las economías de El Salvador, la más enferma de Centroamérica (tiene varios años que no crece mas allá del 2% anual), como la de Honduras, no tienen capacidad para absorber semejante cantidad de trabajadores.

Paralelamente, Trump esta deportado a todos los miembros de las pandillas centroamericanas que operan en Estados Unidos. El resultado será doblemente trágico, porque los deportados vienen graduados como especialistas del crimen organizado, y sus deportaciones masivas crean presión sobre los saturados aparatos de seguridad de los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Lo más trágico de esta situación es que los poderosos sindicatos de Estados Unidos se hacen de la vista gorda y hasta simpatizan con las políticas xenófobas de la administración Trump.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sindicatos de Estados Unidos (AFL-CIO y demás) a cerrar filas y a encabezar la defensa legal de los trabajadores centroamericanos que amenazan con ser deportados. Solo la movilización impedirá la cristalización de las políticas de Trump, que por cierto también fueron aplicadas por Obama, pero en una escala menor. Al mismo tiempo llamamos a los trabajadores de todos los países de Centroamérica a luchar unidos por la defensa del derecho de residir legalmente y trabajar en Estados Unidos.