Bukele en primer lugar enarboló la bandera de la anticorrupción y con ello obtuvo la popularidad suficiente para ganar las elecciones en 2019. Después, en segundo lugar, en el transcurso de la pandemia, mantuvo una política de sensibilidad y preocupación por la salud pública, obligando a empleadores a pagar los subsidios de sus empleados, mientras endeudaba más al país y sus amigos hacían fabulosos negocios con el enorme presupuesto de lucha contra el covid-19. Irónicamente, rompiendo el esquema tradicional de poder, mientras más gastaba, más reconocimiento conseguía.

El objetivo de esta maniobra era obtener la popularidad necesaria para obtener la mayoría dentro de las municipalidades y de la Asamblea Legislativa en las elecciones del 2021, y lo logró, derrotando a sus adversarios. A partir de ese momento, con la mayoría de diputados, cambio a los magistrados de la Sala Constitucional, demoliendo la barricada que le obstaculizaba el camino a la reelección. El 3 de septiembre del 2021, la nueva Sala Constitucional dictó una sentencia que le permitía presentar como candidato a la reelección presidencial. Una sentencia bastante prematura pero que desnudaba la intención de Bukele, y la fracción burguesa que representa, de mantenerse en el poder.

Bukele continuó avanzando en su plan de centralización del poder, copando más instituciones, atacando a los partidos que defienden los intereses de la debilitada burguesía tradicional, amenazando a los medios de comunicación tradicionales y alternativos. Incluso, su discurso derechista se fue apagando y comenzó a tener poses populistas de izquierda, criticando abiertamente a Estados Unidos. Este era un reacomodo necesario para aparecer como el salvador supremo de la nación, ante la bancarrota de la burguesía tradicional y sus títeres políticos.

Una tercera maniobra de Bukele, fue la guerra contra las pandillas. Si bien es cierto que inicialmente negocio secretamente con ellas, para dar la apariencia que su plan de seguridad funcionaba, finalmente comprendió que el problema central de las masas salvadoreñas era la criminalidad y la inseguridad. Como buen oportunista, dio un giro de 180 grados y desató una lucha abierta contra las maras, suspendiendo las garantías constitucionales y encarcelando a más de 50,000 pandilleros, trasladándolos a verdaderos campos de concentración. Obviamente, los crímenes y extorsiones disminuyeron y la popularidad de Bukele subió mucho más. Estas eran las condiciones favorables para anunciar su reelección, a pesar que la Constitución prohíbe la reelección continua, y solo la permite un periodo de por medio.

Hay una tendencia creciente hacia la reelección en Centroamérica. Primero fue la Sala Constitucional de Costa Rica, con una sentencia de abril del 2003, que derogó la prohibición de reelección presidencial del año 1969, abriendo el camino de la reelección a Oscar Arias. Después fue la Sala Constitucional de Nicaragua, mediante sentencia de octubre del 2009, que abrió el camino a la reelección indefinida de Daniel Ortega, declarando inaplicable el artículo 147 de la Constitución. Y recientemente le tocó el turno a El Salvador, con la sentencia de septiembre del 2021.

Solo quedan Honduras y Guatemala sin reelección presidencial, por el momento. El presidente Manuel Zelaya fracasó en el intento de convocar a la cuarta urna, y por ello fue derrocado. Guatemala, que ha sufrido dictaduras militares feroces, todavía no ha cambiado las reglas del juego. Pero esto dos últimos países, ahora son excepciones a la regla general que se ha impuesto en la región.

Las frágiles democracias neoliberales que Estados Unidos impuso con los Acuerdos de Paz (1987-1996) han fracasado, y el conjunto de Centroamérica vuelve hacia atrás, a un periodo de nuevas dictaduras. La crisis económica, el colapso de los Estados del Triángulo Norte, reclama una salida y los sectores emergentes de la burguesía se anotan para administrar la crisis.

Bukele es parte de ese fenómeno. Para los socialistas centroamericanos la reelección presidencial no es un problema de principios. La reelección presidencial por sí sola no genera automáticamente una dictadura. Todo depende de las circunstancias y de la lucha política. El pueblo tiene derecho de escoger libremente a sus gobernantes, pero también debe tener el derecho de destituirlos cuando la mayoría así lo decida. El problema se reduce, pues, a la existencia de condiciones realmente democráticas para que el pueblo pueda luchar en las calles, expresarse libremente y decidir su futuro. Este es el mejor antídoto contra cualquier dictadura.