Por Nassar Echeverría

Después de la revolución rusa de 1905, que conmovió los cimientos de Europa y Asia, la revolución campesina de México (1910-1920) fue la segunda gran revolución del siglo XX, con la particularidad de producirse en las fronteras del imperialismo norteamericano.

La insurrección y la guerra civil campesina destruyó los cimientos del Estado burgués creado bajo la dictadura de Porfirio Diaz, conocida como el porfiriato”, pero ante la ausencia de una conducción obrera y socialista, la revolución mexicana terminó siendo controlada por sectores burgueses y pequeño-burgueses, quienes libraron una cruenta lucha interna por el poder.

Los lideres campesinos, Emiliano Zapata (1879-1919) en el sur y Pancho Villa (1878-1923) en el norte, fueron asesinados en momentos diferentes.  Sus ejércitos fueron dispersados y derrotados. En este proceso, también fueron asesinados Venustiano Carranza (1859-1920) y Álvaro Obregón (1880-1928), quienes representaron proyectos diferentes. Del caos revolucionario surgió lenta y contradictoriamente un nuevo un nuevo régimen político, encabezado por sectores burgueses y pequeño burgueses, que resistían y luchaban contra las tendencias restauracionistas.

Una de las principales conquistas de la revolución campesina en México fue la reforma agraria (con muchas limitaciones) y cierta autonomía e independencia política del país. El nacionalismo mexicano es una consecuencia directa de la revolución que, aunque fue derrotada, conservó durante mucho tiempo algunas de sus principales conquistas.

Revolución y bonapartismo

Los diferentes grupos que lograron quedarse con el poder, al finalizar la guerra civil, organizaron el 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR), como un proyecto político para mantener la continuidad del nuevo statu quo. Para vencer a los numerosos enemigos, este partido se apoyó en las masas trabajadoras y los sectores populares, promoviendo su organización, pero para controlarlas y evitar excesos. El periodo entre las dos guerras mundiales se caracterizó por una prolongada crisis del capitalismo que producía, contradictoriamente, un crecimiento de los partidos comunistas, por un lado, y el crecimiento de corrientes fascistas, por el otro.

En ese sentido, en 1936 y 1938, los líderes del PNR promovieron la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), respectivamente.

El régimen político que surgió de la derrota de la revolución mexicana, no fue una democracia burguesa, sino un bonapartismo (se negaba a volver atrás, pero también se negaba a continuar profundizando la revolución democrática). El PNR impuso su hegemonía a otros sectores de la burguesía, conservando de manera totalitaria el poder.

Debido a que la revolución mexicana se originó en la lucha contra la reelección presidencial (“sufragio efectivo, no reelección”), la cúpula del PNR resolvió el problema escogiendo en su seno al sucesor presidencial, sin darle oportunidad a otros sectores de la burguesía. Un caso único en América Latina, que tiene como antecedente el olvidado régimen político instaurado por el Partido Conservador de Nicaragua, al finalizar la guerra centroamericana contra los filibusteros en 1856: durante 30 años, en la segunda mitad del siglo XIX, los conservadores escogían y nombraba al sucesor presidencial.

El instrumento de ese nuevo bonapartismo era el PNR, que en 1938 se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). La CTM y la CNC, poderosas organizaciones de masas, fueron afiliadas al nuevo PRM, convirtiéndose en una de sus principales bases de apoyo social.

La década de los años 30 estuvo marcada por la crisis capitalista y la recesión. En ese momento, México seguía siendo un país esencialmente agrario, con algunos importantes sectores industriales. El proceso de organización de sindicatos produjo una nueva burocracia sindical, ligada al PRM, conocida popularmente como “charrismo sindical”. Pero, aun así, la crisis obligaba a los trabajadores a luchar.

El artículo 27 de la Constitución de 1917 y la industria petrolera

El conflicto entre el Estado mexicano y las transnacionales era antiguo. El Estado necesitaba recursos, pero estos estaban en manos de las petroleras. El 13 de abril de 1917 el gobierno de Venustiano Carranza emitió un decreto estableciendo un Impuesto Especial del Timbre con un aumento en un 10% sobre el valor de las exportaciones de petróleo. En julio de 1918, se emitió la Circular 28, que establecía el pago del impuesto con base a la calidad del petróleo. Las compañías se ampararon contra tal medida, bloqueando el ingreso de fondos al fisco.

El arto 27 de la Constitución de 1917 estableció que las riquezas del subsuelo pertenecían el Estado. Este fue el marco general que permitió a los gobernantes iniciar un sistema de concesiones a 17 empresas privadas extranjeras, en materia petrolera.

En 1916, México producía 100.000 barriles diarios. En 1921 llegó a 540 000 barriles, pero la crisis económica hizo retroceder la producción nuevamente a 100,000 barriles diarios. La industria petrolera estaba en crisis, las exportaciones descendieron y casi la mitad del petróleo era usado para el mercado interno.

El sindicato de trabajadores petroleros y la huelga de 1936

La crisis obligaba a los trabajadores a pelear por mejoras salariales y condiciones de trabajo. El 16 de agosto de 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Una de sus primeras acciones fue la redacción de un nuevo contrato o convenio colectivo que reclamaba una jornada de 40 horas, el pago del salario completo en caso de enfermedad.  El 3 de noviembre de 1937 se emplazó a la patronal para negociar el nuevo convenio. La respuesta fue negativa, lo que obligó al STPRM a emplazar a huelga. Después de un forcejeo, la huelga se inició el 31 de mayo y se levantó el 9 de junio. Se iniciaron trámites ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje (JGCA). El 8 de diciembre los trabajadores volvieron a la huelga. El 18 de diciembre la JGCA le dio la razón a los trabajadores, ordenando a las transnacionales pagar 26 millones de pesos en salarios caídos. Las petroleras, desesperadas, interpusieron un recurso de amparo, pero la Suprema Corte de Justicia, negó el amparo y confirmó la decisión de la JGCA. Las instituciones del Estado comenzaban a inclinarse a favor de la nacionalización de la industria petrolera.

Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo

La crisis capitalista, por un lado, que se manifestaba en el descenso de la producción petrolera, y la huelga de los trabajadores, que luchaban por mejores condiciones de vida, por el otro, fueron los dos factores objetivos que hicieron que el presidente Lazaron Cárdenas (1934-1940) se inclinara a favor de la nacionalización de la industria petrolera.

El 18 de marzo de 1938, a las 10 pm, después de reunirse con sus ministros, el presidente Lázaro Cárdenas leyó el decreto de nacionalización de la industria petrolera que afectaba directamente a 17 empresas petroleras extranjeras: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, (London Trust Oil-Shell), Mexican Petroleum Company of California (ahora Chevron-Texaco la segunda empresa petrolera global) con sus tres subsidiarias: Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; Pierce Oil Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora Exxon-Mobil, la más grande empresa petrolera mundial); Californian Standard Oil Co. de México; Compañía Petrolera Agwi, SA., Penn Mex Fuel Oil Company (ahora Penzoil); Stanford y Compañía Sucrs. Richmond Petroleum Company of Mexico, ahora (ARCO); Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial SA., Compañía de Gas y Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation, sigue siendo Sinclair Oil; Consolidated Oil Companies of Mexico SA, Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf Petroleum Company (luego llamada Gulf).

El decreto de nacionalización generó un amplio respaldo popular, que se tradujo en enormes movilizaciones de masas. Inglaterra respondió rompiendo relaciones diplomáticas, pero Estados Unidos y Holanda se limitaron a imponer un embargo comercial. Estados Unidos dejó de adquirir petróleo y plata mexicana y compro de manera preferencial el petróleo de Venezuela.

El gobierno de Cárdenas se alineó con Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, abasteciéndolo de petróleo, un factor que disolvió una repuesta agresiva en contra de la nacionalización.

El 7 de junio de 1938, se creó Petróleos Mexicanos, la empresa estatal encargada de administrar la industria petrolera. Pero la nacionalización fue parcial, ya que México se comprometió a pagar las respectivas indemnizaciones a las transnacionales petroleras, lo que terminó de hacer en 1960.

El discurso de Cárdenas

En un histórico discurso, para ganarse la neutralidad de Estados Unidos que se preparaba para intervenir en la segunda guerra mundial que estallaría en 1940, el general Cárdenas dijo que “(…) con este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, no habría una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y las naciones en conflicto”.

La reforma agraria y la nacionalización del petróleo (posteriormente se produjo la nacionalización de la industria eléctrica) crearon las bases para una ulterior industrialización de México, superando su condición de país agrario. Este boom de la economía mexicana, especialmente después de la segunda guerra mundial, creó las bases económicas para perpetuación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), creado en 1946, para sustituir al PRM.

Marcha para atrás

Sin el control de los sindicatos, la industria petrolera nacionalizada comenzó a estancarse, y se inició un complicado proceso de privatización gradual del petróleo mexicano. En diciembre del 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio la estocada final, al aprobar una reforma constitucional que, aunque mantiene el control del Estado sobre el petróleo, pero eliminó del artículo de la Constitución la restricción incorporada en 1960, que impedía los contratos de concesión para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. De esta manera, se terminó el monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la industria petroquímica.