Por José René Tamariz

En el mes de diciembre, el presidente de la república, Luis Guillermo Solís, levantó el veto parcial a la Reforma Procesal Laboral (RPL), el cual había sido impuesto en el año 2012 por el gobierno de Laura Chinchilla. Esta ley reforma más del 50% del Código de Trabajo, desde el artículo 371 hasta el artículo 713, así como otras disposiciones contempladas en diversos artículos del mismo Código. Asimismo, es importante señalar que la RPL regula el derecho individual, colectivo y otros aspectos laborales discriminatorios en contra de las y los trabajadores. El veto parcial de Laura Chinchilla a la RPL fue a cinco artículos, a saber: la huelga en servicios públicos esenciales, artículo 377; el plazo máximo de 30 días de huelga en los servicios públicos esenciales, artículo 379; la definición e identificación de los servicios públicos esenciales, artículo 382; los trámites sobre el plan de prestación de servicios esenciales mínimos durante la huelga, artículo 383 y la prohibición de contratar personal temporal (rompehuelgas), en tanto la huelga no haya sido declarada ilegal, artículo 395.

Posición Sobre la RPL

Es importante, antes de avanzar en el análisis de la RPL, plantear una posición sobre esas reformas. Estamos en contra de dicha reforma, ya que, en sus aspectos medulares y más importantes, ejemplo, para realizar las huelgas en los servicios públicos esenciales sus requisitos y limitaciones son tantas que hacen casi imposibles que los procesos huelguísticos se realicen en dichos servicios. En la RPL se deja intacta la existencia de llamados “comité de trabajadores” que constituyen una maniobra patronal para evitar y sustituir la organización sindical, así como un conjunto de artículos que limitan una serie de derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El Ataque de los Neoliberales a la RPL

Debido al levantamiento de ese veto, toda la jauría neoliberal, encabezada por el diario La Nación, ha impulsado una intensa, rabiosa y virulenta campaña en contra de esa decisión del Ejecutivo. Varios plumíferos del capital, entre ellos, Jorge Guardia, Luis Mesalles y otros personajes de la misma especie, sostienen que, con el levantamiento del veto a la Reforma Procesa Laboral, se produjo un giro a izquierda por parte del gobierno de Solís.

¿Viraje a la Izquierda por Parte de Solís?

Esa acusación contra el gobierno de Solís es totalmente infundada y falsa. En primer lugar, se debe dejar claro que los autores intelectuales de los cinco artículos de la RPL vetados por Chinchilla son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nadie en su sano juicio podría decir que esos magistrados estaban a la “izquierda” cuando elaboraron esos cinco artículos. Además, esa Reforma Procesal Laboral fue consensuada entre empresarios, dirigentes sindicales y gobierno. Posteriormente, ese anteproyecto fue enviado por parte del poder ejecutivo a la Asamblea Legislativa, la cual la aprobó, tanto en primero como segundo debate. Los que antes la apoyaron, aprobaron y aplaudieron la RPL hoy la critican y desaprueban.

¿Por Qué es tan Violenta la Oposición de los Neoliberales al Levantamiento del Veto a la RPL?

La cuestión de fondo sobre la Reforma Procesal Laboral (RPL) es que, a pesar de todas las críticas y ataques que, desde la izquierda, le hagamos y tengamos, los empresarios y sus cámaras empresariales, consideran que con el levantamiento del veto a esa ley se podría abrir los espacios legales para que en sus empresas se realicen huelgas y un proceso de sindicalización de sus trabajadores. A estos dos procesos le tienen terror los empresarios. Asimismo, los capitalistas también se oponen a otras disposiciones de la RPL como son el plazo de 48 horas que los trabajadores tendrían para reincorporarse a sus labores, una vez que la huelga sea declarada ilegal; el porcentaje de trabajadores para convocar a una huelga en una empresa, así como la no contratación de trabajadores rompehuelgas, en tanto, la huelga no haya sido declarada ilegal. Los empresarios le tienen terror a las posibilidades de que en sus empresas se hagan huelgas y a la sindicalización de la clase trabajadora, porque por hoy ellos tienen totalmente controlados a los trabajadores de sus empresas. Actualmente, si los trabajadores de las empresas privadas osan por hacer alguna protesta, reclamo o cualquier otro tipo de resistencia laboral a la patronal de inmediato son despedidos.

Las Maniobras y Mutilaciones a la RPL por Parte del Presidente Solís

En realidad lo que Solís hizo, al levantar el veto parcial a la RPL, fue una maniobra política para cumplir con los compromisos políticos adquiridos por su gobierno con el Frente Amplio (FA) que les dio sus nueve votos para elegir como presidente de la Asamblea Legislativa a Henry Mora y, a su vez, mantener el apoyo de los nueve votos en el Congreso del Frente Amplio, dada su debilidad numérica en ese poder del Estado. Sin embargo, seis días después el mismo Solís firmó un decreto que –tendrá vigencia de 18 meses– reglamenta las huelgas ilegales en los servicios públicos esenciales y permite la contratación de esquiroles durante la huelga en dichos servicios. Al mismo tiempo, “El Gobierno acordó con el Frente Amplio (FA) hacerle un cambio al proyecto de ley con el que pretende ajustar la Reforma Procesal Laboral…La idea es incluir un artículo que prohíba de manera absoluta las huelgas, pero únicamente en la Policía y en los servicios de emergencia e internamiento de los hospitales”. (La Nación, 17 de diciembre del 2014). Evidentemente lo anterior constituye una capitulación del Frente Amplio al gobierno, ya que mutila aún más la Reforma Procesal Laboral. Por otra parte, según el ministro del trabajo, Víctor Morales, se plantea “…reducir el plazo de 48 horas a 24 horas, conservando la posibilidad de retornar a su trabajo cuando la huelga se declare ilegal…”. (La Nación, 14 de diciembre del 2014). Por otra parte, es muy probable que el gobierno aumente el porcentaje mínimo de trabajadores para hacer la declaratoria de huelga en una empresa. En realidad, todos los cambios que le hagan a la RPL se ubicarán por debajo y constituirían un retroceso mayor, desde el punto de vista de los derechos colectivos de los trabajadores, con respecto a las propuestas que hicieron los propios autores intelectuales de ese proyecto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Centrismo del Gobierno de Solís

En una entrevista al diario La Nación el día 5 de setiembre, el Presidente Solís plantea la necesidad de “recuperar el centro costarricense”. Es decir, el reivindica a su gobierno como “centrista” entre la derecha y la izquierda. Las maniobras políticas que caracterizan al gobierno de Solís y sus variadas oscilaciones de ubicarse por encima de las clases sociales, empresarios y trabajadores, reflejan fielmente el carácter de clases, típicamente, pequeñoburguesa de la composición social de dicho gobierno. El mismo Solís es un gran artífice de la maniobra política, que lo diferencia en mucho de sus antecesores; mediante ella intenta mantener un equilibrio inestable entre diversos sectores sociales, principalmente, capitalistas y sindicalistas, que podría durarle por corto tiempo, dependiendo de los límites económicos impuesto por el sistema capitalista. Solís, en algunos momentos es alabado y aplaudido por toda la derecha por promover la inversión extranjera en los Estados Unidos y reprimir violentamente la huelga de los trabajadores de JAPDEVA, mientras que es criticado violentamente por esa misma derecha por el presupuesto de la República del 2015, el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral y ciertos manejos del Estado como es el caso de la procuradora. De forma parecida se produce en los sectores sindicales y sociales.

Sin embargo, por más maniobras, malabares y oscilaciones políticas que haga el Presidente Solís para ubicarse por encima de las clases sociales y que, con sus medidas, pretenda “recuperar el centro costarricense”, la realidad es que toda la arquitectura y el andamiaje institucional del Estado, así como el sistema económico, lo conducen más hacia la derecha que a la izquierda reformista. De ahí la represión contra la huelga de Sintrajap; todas las mutilaciones que hará el gobierno de Solís a la Reforma Procesal Laboral (RPL); el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de dar reajustes salariales semestrales a los trabajadores del sector público por debajo del índice de inflación en los próximos cuatro años y el miserable reajuste salarial del 0,94% a los empleados públicos en el primer semestre del 2015.