Por José René Tamariz

El denominado proyecto de “ley para racionalizar el gasto público”, es en realidad, una fusión de varios proyectos de leyes, a saber: “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público” de la diputada Sandra Pisk del PLN; “Ley de Límites a las Remuneraciones Totales en la Función Pública” de varios diputados del PUSC; “Ley sobre la Promoción del Buen Desempeño de los Servidores Públicos para una Gestión Pública de Calidad” del poder Ejecutivo; el proyecto de reglas de responsabilidad fiscal draconianas del Movimiento Libertario (ML) y otras iniciativas y propuestas de varios diputados neoliberales.

En verdad, este proyecto no es una ley para “racionalizar” el gasto público, sino que es un ataque violento y profundo contra los salarios, reducción y eliminación de componentes salariales; contra el derecho colectivo de los trabajadores, ya que, en los hechos, las convenciones colectivas se convertirían en inservibles, porque se eliminan conquistas y derechos; contra el empleo que, mediante las reglas de superávit primario y del límite al crecimiento del gasto primario del gobierno central, pretenden despedir entre uno 55 mil a 80 mil trabajadores del sector público; asimismo, conllevaría a un deterioro de las condiciones de vida de miles de trabajadores y sus familias.

Según informaciones periodísticas, se creará dentro de unos 15 días una comisión especial que, luego, pretende dictaminar en el plazo de un mes el proyecto 19.923, para que posteriormente pase al plenario legislativo y se apruebe antes de fin de año. Para conseguir este siniestro y perverso objetivo, la alianza neoliberal ha elegido a la diputada del PLN, Paulina Ramírez, para dirigir ese engendro de comisión. Además, se le pretende aplicar a la discusión y aprobación de ese proyecto, así como a otros, la vía rápida y con ese fin esa comisión sesionará hasta los días viernes, sábados y domingos. Como se puede observar, con bases en esas informaciones, la funesta alianza neoliberal va en serio con su proyecto de despojo de los componentes salariales, conquistas, derechos y del empleo a los trabajadores del sector público. Analicemos el siniestro proyecto de la alianza neoliberal.

La Reducción y Eliminación de los Componentes Salariales.

Dicho proyecto cubre a todos los empleados del sector público, excepto, las empresas estatales que se encuentran en régimen de competencia: bancos, ICE e INS.

El Derecho a la Cesantía. Este derecho se reduce y limita solamente a 8 años, es decir, a todas aquellas empresas estatales, instituciones, universidades y municipalidades que tienen más de 8 años de cesantía, tendrían que reducirla a esa cantidad de años. Esas instituciones son las siguientes: CCSS (20 años de cesantía), RECOPE (24 años), INS (20 años), CNP (25 años), CNFL (20 años), INA (12 años), JAPDEVA (20 años), JPS (20 años), bancos estatales (20 años), banco popular (todos los años) universidades públicas (entre 15 a 18 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años)..

La Dedicación Exclusiva, “se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones sean sustantivas y diferenciadas de la gestión de apoyo de la institución, según criterio de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República”. Además, se reducirían del 55% al 50%, en el caso de los licenciados y es un contrato que tendrá vigencia de un año, “por lo cual al finalizar el plazo de contrato en el que se pacte no existirá obligación de renovarlo”. Es muy probable que solamente a las jefaturas se les brinde la posibilidad de tener ese tipo de contrato de dedicación exclusiva.

El Régimen de Disponibilidad. Existe en diversas instituciones y empresas estatales y que oscila desde un 5% hasta un 50%. Esta se reduciría al 15% máximo. Por ejemplo, los médicos especialistas de la CCSS, ganan de lunes a viernes un 29% de su salario base y los sábados y domingo un 35%, serían reducidos a un 15% de su salario base, perdiendo entre un 15% y 20% de su salario base, solamente en disponibilidad. Además, solo se otorgará a un 20% del total de los funcionarios de las instituciones. Esto, más otras reducciones de pluses salariales, significaría una reducción drástica de un 40% de los sueldos a los médicos.

Las Anualidades, convertidas en “incentivo por excelencia en el desempeño”, se otorgarán si se cumplen con “las metas e indicadores cuantitativos institucionales generales distribuidos por áreas de organización interna según corresponda y deberán estar asociados a los respectivos planes institucionales, los cuales, a su vez, deben estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo”. Este es un nuevo criterio, es decir, que si no se cumplen esas “metas e indicadores cuantitativos institucionales” no habrá “incentivo por excelencia” para nadie de determinada institución. Con este nefasto proyecto, dicho “incentivo” se dará solamente al empleado que obtenga la calificación de excelente.

Esta es otra modificación. Otro nuevo requisito para su otorgamiento sería que su pago, quedaría sujeto a “la disponibilidad de los créditos presupuestarios”. En otras palabras, si la institución o el Estado plantean que no existe presupuesto para tal fin, entonces no se pagará. Por otra parte, ese incentivo se reduce al 1,94% en todas aquellas instituciones, universidades y municipalidades que tienen un monto mayor. Actualmente, las anualidades oscilan desde un 15% del salario base en algunas municipalidades, entre un 4% y 5,5% en universidades públicas, hasta un 1,94% en el gobierno central.

¿Es Cierto que el Proyecto 19.923 no Afecta a los Trabajadores de la Educación?

Eso es absolutamente falso. Decir que no afecta a los trabajadores de la educación semejante proyecto es una política de engaño de los neoliberales para desmovilizar a este gran sector social que es muy combativo. Los empleados de la educación perderían las anualidades, la dedicación exclusiva y no tendríamos la posibilidad de luchar por un incremento de los años de cesantía, tal como se pretende hacer en las negociaciones de la nueva convención colectiva. Además, de aprobarse las "reglas de responsabilidad fiscal", miles de trabajadores de la educación serían despedidos, y el presupuesto de la educación sería reducido de forma drástica, afectando a miles de jóvenes y niños, así como a miles de familias pobres, porque probablemente perderían becas, comedores escolares y otros beneficios sociales, educativos, culturales y económicos.

El Despojo, Vaciamiento y Limitación de las Negociaciones de las Convenciones Colectivas

Con este macabro proyecto se profundizan los ataques contra las conquistas y derechos laborales contemplados en las convenciones colectivas, así como una disminución extrema de las posibilidades de negociación de estos instrumentos de los derechos colectivos de los trabajadores. Todas las convenciones colectivas serán denunciadas, tal como se está haciendo actualmente, por los jerarcas de las instituciones estatales, para eliminar los supuestos artículos “abusivos”. Además, cuando se tengan que negociar una convención colectiva, el plazo de negociación no podrá exceder más de nueve meses como sucede actualmente.

Si ese plazo es superado “sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso se negociación”. Es decir, los derechos, conquistas y otros beneficios desaparecerán, hasta tanto no se negocie una nueva convención colectiva. Esto constituye una violación flagrante a los derechos colectivos y de los convenios internacionales de la OIT.

Reglas de Responsabilidad Fiscal y Despidos Masivos en el Estado

De último, la ejecución y aplicación de las denominadas “reglas de responsabilidad fiscal” contempladas en este macabro proyecto 19.923, tales como la de “superávit" primario para el Gobierno Central, límite al crecimiento del gasto primario (crecimiento máximo del 1% en términos reales) y límite al endeudamiento público”, significarían despidos masivos de los empleados públicos, entre unos 55 mil a 80 mil.

En el artículo 22 de ese proyecto se obliga al gobierno “bajo condiciones económicas normales” a tener un superávit primario del 2% del PIB, lo cual es imposible en las circunstancias actuales que es deficitario en un -3,5% del PIB. Según el mismo proyecto, “bajo condiciones económicas excepcionales”, es decir, una situación de crisis fiscal o económica, el “resultado primario del Gobierno central podrá llegar al cero por ciento (0%) del Producto Interno Bruto”.

Estas dos condiciones, son prácticamente imposibles de cumplir por cualquier gobierno e incluso, reflejan un estado demencial de los neoliberales, no sólo por hacer despidos masivos, reducir y eliminar los pluses salariales, sino también por reducir a su mínima expresión y funcionamiento al aparato estatal de conjunto.

El Proyecto 19.923: Un Intento de Contrarreforma y Reacción Profunda en el Sistema Salarial, en el Empleo Público, los Derechos Colectivos y en el Aparato Estatal, por parte de los Neoliberales

Este proyecto de proyectos, constituye un verdadero Combo en contra de los trabajadores del sector público. Es un intento serio de los neoliberales para profundizar el proceso de reacción o contrarreforma en el terreno del sistema salarial, el sistema de empleo público, los derechos colectivos de los trabajadores del sector público, así como en el funcionamiento del aparato estatal.

Los bloques sindicales, las organizaciones sindicales, las organizaciones populares y estudiantiles no podemos permitir siquiera que este siniestro proyecto sea discutido y dictaminado en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que se formará en los próximos días para tal fin. Los bloques sindicales y demás organizaciones participantes en el encuentro del día sábado 7 de mayo deben preparar y organizar la huelga indefinida para exigir e imponer a los diputados neoliberales el archivo y eliminación de este tenebroso proyecto 19.923. ¡Manos a la obra compañeros trabajadores! ¡Ni un Paso Atrás! ¡Todos a Derrotar este siniestro plan neoliberal!!