Por José Rene Tamariz

En Costa Rica existen un conjunto de problemas estructurales que, año con año, no sólo se mantienen sino que crecen continuamente, entre ellos, podemos mencionar la pobreza y desigualdad, el déficit fiscal y otros. Muchos de esos problemas son analizados por la CEPAL en el estudio realizado y denominado “El enfoque de las brechas estructurales: el caso del Costa Rica”. En el presente artículo solamente nos vamos a referir a dos serios problemas estructurales, el desempleo masivo y el déficit fiscal, que afectan, principalmente, a los trabajadores y sectores populares.

El problema estructural del desempleo. Actualmente el desempleo en Costa Rica es del 9,7% lo cual en números absolutos representan a más de 200 mil personas. Si a lo anterior le agregamos el “desempleo ampliado”, esa tasa de desempleo aumenta aún más. Este término se refiere a las personas que dejaron de buscar trabajo porque se cansaron de buscarlo y no lo consiguieron. Por otro lado, si al desempleo “abierto” y “ampliado” le agregamos el subempleo que ronda el 13,5%, dato del año 2015, y el sector informal de trabajadores que ronda el 45%, hay más de un millón de personas con graves problemas de ingresos producto del desempleo, el subempleo y la informalidad.

El problema se vuelve más grave cuando se identifican los sectores sociales que sufren el flagelo social del desempleo. Según el estudio de la CEPAL el “… El 57,7% de las jefas de hogar en condición de extrema pobreza están fuera del mercado de trabajo o desempleadas. Además, las que se encuentran insertas en el mercado de trabajo están ligadas a actividades elementales, lo que se traduce en condiciones laborales precarias…”. En otra parte dicho informe señala que “… En consonancia con este análisis, la evidencia disponible muestra que entre 2005 y 2014 la tasa de desempleo de los hogares en extrema pobreza aumentó del 25,6% al 37,3% y la tasa de desempleo de las mujeres de ese grupo alcanzó un 41,3%. Esa situación permite señalar el mercado laboral como el determinante más limitante para reducir la brecha de pobreza extrema. En conclusión, de acuerdo al análisis de la brecha de pobreza, se puede establecer que la cadena causal de determinantes más limitantes comienza por el mercado laboral excluyente para las personas pobres…”. Aquí la relación entre la brecha de pobreza, desigualdad, desempleo y de género se interrelacionan íntimamente, convirtiendo a las mujeres en uno de los sectores sociales hundido en la degradación y pauperización social creciente. La encuesta nacional de hogares del año 2016 determinó que el 43,4% de las personas desempleadas se encuentran en condición de pobreza. Por otra parte, la encuesta continua de empleo del año 2016 determinó que el 70% de los desempleados son jóvenes que oscilan entre 15 y 34 años, así como que el 68% de los desempleados no había completado estudios secundarios. Los datos anteriores demuestran que también los jóvenes se han convertido, en gran parte, en uno de los sectores afectados por el desempleo y, por ende, de la pobreza y desigualdad social.

Es importante destacar que la CEPAL hace énfasis en señalar al “mercado laboral como el determinante más limitante” para reducir la pobreza y, por ende, en generar desempleo, lo cual quiere decir que el “mercado” excluye a miles de miles de mujeres, jóvenes y trabajadores en general.

El problema del desempleo masivo se ha convertido en los últimos años en una cuestión persistente y permanente, lo cual lo ha llevado ser un problema estructural de la sociedad. Al ser el desempleo un asunto que afecta, principalmente, a la población de mujeres y jóvenes tiene consecuencias sociales graves, por ejemplo, una gran parte de los sicarios del narcotráfico son personas jóvenes. El gobierno de Solís ha sido incapaz de resolver el problema del desempleo, generando fuentes de trabajo para los miles de desempleados, subempleados y sectores informales. Esto constituye el principal fracaso de este gobierno, supuestamente, “progresista”, el cual prometió en campaña electoral general miles de empleo. Más bien en desempleo durante su administración, lejos de disminuir ha aumentado. Consideramos que es necesario imponer un plan de obras públicas que les de trabajo a los sectores sociales desempleados que cuentan con baja escolaridad, así como diseñar una política estatal de tecnificación de la mano de obra, mediante programas impulsados por el INA y colegios técnicos que posibiliten una mejor inserción laboral de la mano de obra menos educada.

El problema estructural del déficit fiscal. En los últimos seis años el déficit fiscal se ha mantenido de forma persistente en un 4% o más del PIB. Alrededor de este problema se han escrito miles de artículos, así como diferentes tipos de planteamientos y propuestas para resolverlo. Los partidos neoliberales y los medios periodísticos del capital han realizado grandes campañas para intentar culpar a los empleados públicos y sus componentes salariales (pluses) como los causantes del déficit fiscal, lo cual obviamente es falso, debido a que, incluso aplicando la fracasada, por lo menos temporalmente, “ley de empleo público” apenas el Estado se ahorraría unas migajas por el lado de los gastos.

Por otra parte, es importante destacar que el déficit fiscal es un problema estructural histórico que se remonta hasta los años 80 y que los superávits fiscales han sido excepcionales. El problema del déficit fiscal ha conllevado a otro problema, al creciente aumento de la deuda interna y externa. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “… Costa Rica ha presentado un desbalance estructural en las finanzas públicas, generado por causas imputables a diversos factores, desde la perspectiva del ingreso o del gasto. Esas causas estructurales han generado un déficit fiscal consecutivo que ha llegado a superar el 4% del PIB durante los últimos seis años, situación nunca vista en décadas anteriores. Como consecuencia del incremento del déficit fiscal, la deuda del Gobierno central aumentó en forma acelerada, al pasar de un 25% a un 43% del producto interno bruto (PIB) en siete años. En las condiciones actuales, y suponiendo que no se haga ningún ajuste, la dinámica creciente del déficit provocaría que la deuda del Gobierno central supere el 60% del PIB en 2020 y el 70% en 2022. Esas cifras exceden el límite natural de la deuda estimado para Costa Rica, de un 60%, y colocan al país en un nivel de endeudamiento insostenible. La brecha fiscal se analiza en sus tres principales dimensiones: la baja presión fiscal (ingresos), los gastos insuficientes para el desarrollo económico (gastos) y la distribución regresiva del sistema tributario. La baja presión fiscal responde a tres determinantes principales: i) el débil dinamismo económico; ii) la tasa impositiva, y iii) la baja base impositiva...”. Según datos de la contralaría general de la República la deuda del Gobierno central pasó del 24% al 45% del año 2008 al 2016, es decir, un incremento porcentual del 53% en 8 años.

Según la CEPAL existen tres elementos que determinan la “brecha fiscal” los bajos ingresos fiscales, los gastos y la regresividad del sistema tributario. Efectivamente los problemas de los bajos ingresos fiscales están condicionados y determinados por el bajo crecimiento económico del país en los últimos años que rondan entre los 3,5% y 4,3% del PIB; la baja tasa impositiva que ronda el 13% y la baja base impositiva, están determinados porque algunos sectores no están pagando impuestos, además de las gigantescas evasión fiscal y exoneraciones fiscales. En su informe sobre el caso Costa Rica, la CEPAL señala al respecto que “… Los niveles de evasión y elusión representan aproximadamente un 8% el PIB. Según la CEPAL, la evasión constituye uno de los principales puntos débiles de los sistemas tributarios. (…) Por su parte, las exoneraciones de impuestos han favorecido las bajas en los ingresos tributarios y equivalen a cerca del 5% del PIB del país. Hay que señalar también que la base tributaria, sobre todo del impuesto de ventas y rentas, no responde a la estructura económica actual. Existe un estancamiento en la tasa impositiva, así como deficiencias técnicas en las leyes respectivas, que están desactualizadas en más de 20 años y no gravan los sectores más dinámicos de la economía. Además, los vacíos en los ingresos aduaneros producto de los tratados de libre comercio, y los desfases en tecnologías informáticas, entre otras decisiones jurídicas, han contribuido a los bajos ingresos fiscales al ensanchar la brecha de fiscalidad”.

Como se puede observar del texto anterior, la suma de la evasión, elusión y exoneraciones fiscales actualmente representan el 13% del PIB, lo cual supera con creces el déficit fiscal del 5,1% del año 2016. Por tanto, se hace necesario combatir la evasión y la elusión fiscal, así como eliminar las gigantescas exoneraciones fiscales otorgadas a algunas actividades económicas dinámicas y lucrativas como el turismo, las zonas francas, los combustibles a aerolíneas y otras. La producción bananera es una de las pocas actividades de exportación que paga impuesto, por tanto, asimismo se le debe imponer una tasa impositiva a las demás actividades económicas que están exoneradas.