Por José Rene Tamariz

La denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, expediente 20.580 constituye un verdadero “Combo Fiscal” y, por ende, una arremetida violenta en contra de las condiciones de vida y de los salarios de los trabajadores en general y, en particular, contra los trabajadores del sector público. Este proyecto combina tres aspectos mortales contra los trabajadores, sectores populares e incluso para las clases medias, a saber: el impuesto al valor agregado (IVA), la regla fiscal draconiana y una arremetida virulenta contra los componentes salariales de los trabajadores del sector público. Si este proyecto de ley es aprobado por la Asamblea Legislativa por la vía rápida representaría una derrota, sin lucha, del movimiento sindical, obrero y popular. Los responsables de esa eventual derrota serían las direcciones timoratas y pusilánimes del conjunto de las organizaciones sindicales y bloques sindicales que no convocan a una gran huelga nacional contra ese nefasto y anti-obrero y anti-popular proyecto fiscal.

Veamos tres aspectos contra los sectores populares, pensionados y los trabajadores del sector público de ese tétrico proyecto.

1) El Impuesto al Valor Agregado (IVA). El artículo 8, inciso 7 de ese proyecto sostiene que “El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual exceda de los 250kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h consumido”. Es decir, no existe ninguna dispensa para el consumo si una familia se excede de los 250 kw/h se le cobra sobre el total y no sobre el exceso. Esto es draconiano y lagarto. El inciso 8 del mismo artículo sostiene que “La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior 30 metros cúbicos; cuando el consumo mensual exceda de los 30 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipiente de cualquier material”. Igual no existe ninguna dispensa si una familia se excede después de los 30 m3. Esto constituyen impuesto contra diversos sectores sociales, incluidos los populares que se excedan por cualquier motivo de los consumos de energía eléctrica y agua.

2) La regla fiscal es un ataque violento contra los trabajadores del sector público. ¿Qué pasaría cuando la deuda del gobierno sea igual o mayor al sesenta (60%) del PIB?.  “a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones. b) El Gobierno Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública. C) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma rectroactiva…”. Ese artículo 15 y sus incisos son mortales contra los pensionados y los asalariados del sector público. Actualmente el nivel de endeudamiento ronda el 50% y podría llegar ese escenario hipotético de endeudamiento del 60%, lo cual significaría un congelamiento total de las pensiones y de los salarios.

3) Arremetida violenta contra los componentes salariales de los trabajadores del sector público. La denominada “Adición a la Ley de Salarios Públicos” es un verdadero ataque y eliminación al derecho colectivo y la eliminación de las convenciones colectivas. Estos instrumentos se convertirán en letra muerta, no servirán para nada porque esta ley los invalida. La anualidad quedará en el 1,94% del salario base para todos los trabajadores del Estado, independientemente si tienen o no tienen convención colectiva, tanto para los nuevos como los viejos trabajadores. Es decir, ya no se podrán negociar ni pelear por conquistar más allá de lo que dice este miserable, draconiano y anti-obrero proyecto de ley.

La dedicación exclusiva probablemente desaparezca; la prohibición también; la evaluación del incentivo al desempeño será una serie de medidas draconianas para no pagar siquiera la miserable anualidad del 1,94% al salario base. En realidad, este apartado de dicha ley significa un desmontaje de las condiciones salariales ganadas a lo largo de décadas por el movimiento obrero y de los trabajadores. Esta ley constituye un verdadero despojo de los salarios de los trabajadores de los trabajadores del sector público, sea para los nuevos o viejos. No queda piedra sobre piedra del viejo sistema de remuneraciones. Todo será echado abajo.

Las dirigencias sindicales de todos los sindicatos, federaciones, confederaciones y bloques sindicales deben abandonar sus diferencias y unirse para enfrentar este despojo que hará el gobierno y los partidos neoliberales en contra de los trabajadores, pensionados, sectores populares y clases medias. No hay más salida que ir a una huelga nacional, salvaje y de larga contra el sistema para detener la aprobación de este proyecto de ley, ya que de lo contrario el que no lo haga será un cómplice del gobierno y de los neoliberales. No hay salida intermedia ni paños tibios.

¡HUELGA NACIONAL YA EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS!