Por José René Tamariz

El proceso de discusión, aprobación y consultas del proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “combo fiscal”, así como las jornadas de lucha de la heroica y gloriosa huelga indefinida contra ese proyecto que, al momento de escribir este artículo, se encuentra en su octava semana, han puesto al descubierto algunas tendencias hacia donde se orienta y dirige el régimen político de Costa Rica. El gobierno de Carlos Alvarado-Piza en su afán obstinado de cumplir con el pago de la deuda pública y de reducir el déficit fiscal, a toda costa, no solo lo está haciendo al punto de hambrear, reduciendo los salarios, la capacidad de consumo y el nivel de vida de los trabajadores, sectores populares y de clases medias, sino también tratando de disminuir y eliminar la independencia del poder judicial. Varios hechos realizados a manos del gobierno de Alvarado-Piza demuestran su deslizamiento sostenido hacia el autoritarismo.

Recientemente, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, en una entrevista brindada al “Semanario Universidad” planteaba que “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley… Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre”. (Semanario Universidad. Semana del 11 al 17 de julio de 2018). Entonces, ese cuándo se llegaría a tener un gobierno autoritario, planteado por la jueza Hernández de la sala cuarta, está aproximándose   con el gobierno de Alvarado-Piza. Este es un gobierno que se desliza, de forma sostenida y rápida, hacia un régimen autoritario. Analicemos algunos hechos que así lo indican y confirman claramente.

En primer lugar, es en los procesos de gran confrontación y antagonismos sociales producidos por la gran huelga indefinida contra el combo fiscal que, llevados a su mayor agudeza, el Estado y el gobierno demuestran su verdadera naturaleza. La insensibilidad y sordera demostrada por Carlos Alvarado, presidente de la República, así como de los diputados neoliberales de la Asamblea Legislativa para negociar con la “Unidad Sindical” las demandas del movimiento huelguístico y el uso continuo y masivo de las fuerzas policiales, gaseo con bombas lacrimógenas de los huelguistas, golpizas y encarcelamiento de los manifestantes, demuestran algunas señales de autoritarismo del Gobierno Alvarado-Piza.

En segundo lugar, otra característica del autoritarismo del gobierno de Alvarado se ha manifestado también en las violaciones a la Constitución Política cometidas en dos oportunidades por este gobierno. Por un lado, el pago de 182.000 millones de colones en servicio de la deuda pública, sin autorización del Congreso y, por otro lado, la violación de la autonomía universitaria de la UCR por fuerzas policiales el 12 de septiembre. Estos hechos, son apenas unas muestras, de que el gobierno de Alvarado está dispuesto a llegar más allá de las facultades conferidas por la Constitución Política para imponer, a fuego, sangre y violaciones, el combo fiscal, exigido por los organismos financieros internacionales para otorgarle financiamiento futuro, así como avanzar hacia la reconfiguración del Estado que pretende llevar durante su gestión económica y política.

En tercer lugar, el proceso de tramitación del combo fiscal, expediente 20.580, por parte de la jauría neoliberal de la Asamblea Legislativa, en contubernio con el poder Ejecutivo, se ha realizado de forma atropellada y en abierta violación a las normas legales que se debían acatar y respetar: consulta a la Corte Suprema de Justicia antes del primer debate, la aplicación del artículo 208 bis al proyecto no se podía aplicar si se requería de 38 votos para su aprobación y su publicación en el diario la gaceta debía ser antes de su discusión y aprobación y no a posteriori como sucedió.

En cuarto lugar, la campaña de desprestigio de los medios de comunicación del capital, del poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de las cámaras patronales contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, antes, durante y después de la consulta del combo fiscal, ha sido para debilitar, doblegar y arrodillarlos a que votaran favorablemente ese proyecto de ley. Como los magistrados mantuvieron su posición de que el combo fiscal violaba la independencia del poder judicial y afectaba su organización o funcionamiento, entonces les llovieron los ataques y el irrespeto a la Corte Plena de la misma jauría neoliberal que quiere imponer su siniestro plan contra las masas. Si los jueces hubieran votado a favor del combo fiscal serian “distinguidos” y “honorables” magistrados, pero como le pusieron freno a la votación en segundo debate, exigiendo que se debía aprobar con 38 votos, además de criticar la forma en que se discutió y aprobó, resulta que ahora son solamente “defensores del gremio” y de sus privilegios salariales. Cuando los magistrados de la sala cuarta, mediante resoluciones, le elimina o reduce algunos derechos y conquistas de las convenciones colectivas a los trabajadores, por ser supuestamente “abusivas”, esos jueces son aplaudidos y alabados por los medios de comunicación del capital y la jauría neoliberal, pero, en este caso, que juegan de contrapeso a los poderes en contra del combo fiscal, se han convertido en malvados y despreciables.

Según, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el combo fiscal contiene “restricciones indebidas” hacia el poder judicial. De acuerdo con su intervención en la sesión de la Corte Plena en donde se discutió y voto el informe sobre ese proyecto señaló “… los elementos del proyecto que inciden en el sistema judicial: control de un ministerio del poder ejecutivo, reducción y control de salarios, evaluación de jueces bajo el control de un órgano administrativo, limitaciones presupuestarias que pueden incidir en el seis por ciento constitucional, limitaciones salarios a jueces, sin tomar en cuenta la carrera judicial, que es una garantía y sin responder a criterios técnicos. Todos estos cambios sin diálogo previo, sin una interacción y coordinación. Así no más, normas introducidas en las últimas semanas, sin tener el menor reparo de qué manera pueden incidir en el sistema judicial…”. (Cruz Castro, Fernando: La reforma tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. Martes, 16 de octubre de 2018).

Todo este intento del poder Ejecutivo y Legislativo por doblegar a los magistrados del poder Judicial limitando la independencia de éste con el objetivo de aplicar sus planes neoliberales sin oposición legal es otra manifestación de las características autoritarias del gobierno de Alvarado-Piza. Según la magistrada Hernández “… las reglas del derecho se ven como un estorbo, no como garantía de seguridad, de control de la arbitrariedad. Se ha perdido la claridad en la sociedad de que el desarrollo económico y democrático dependen de la solidez del estado de derecho y de la independencia de la justicia. A muchos les estorba la Constitución y los organismos encargados de ejercer los controles, en particular la Sala Constitucional…”. (Ídem). En particular a este gobierno de Alvarado-Piza y los neoliberales del PAC, PLN y PUSC, así como a los medios periodísticos del capital y a los empresarios, les “estorban” la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, las reglas del derecho, del estado de derecho y la Constitución Política. Es por ello, que el gobierno viola la Constitución Política, atacan la Corte Plena y pretenden someter a sus dictados a los jueces. Es decir, no quieren ningún tipo de oposición a sus planes ni de los sindicatos ni de ningún poder de la República.

Es cierto que los magistrados de la Corte Plena se resistieron y opusieron al combo fiscal estrictamente en cuanto a las limitaciones que este le impone al Poder Judicial. Nada más. Sin embargo, esa resistencia de esos jueces al combo fiscal, aunque sea estrictamente para el sector judicial, constituye una contradicción y pugna entre los poderes del Estado que le sirve el movimiento huelguístico, ya que es un traspié para que los neoliberales del poder Ejecutivo y Legislativo puedan aprobar con facilidad el combo fiscal en segundo debate. Además, los neoliberales tienen el temor y la incertidumbre de que la Sala Constitucional vaya a poner objeciones al proceso de tramitación en la aprobación del plan fiscal y se lo eche abajo. Debido a lo anterior los neoliberales del Congreso se encuentren divididos, después del fallo desfavorable de la Corte Plena, en como continuar el proceso de aprobación del combo fiscal. De ahí también el enojo y frustración de Carlos Alvarado, que salido de sus casillas golpeo la mesa, al mejor estilo de un dictadorzuelo, cuando se dio cuenta del fallo de la Corte Plena en contra del combo fiscal que, según sus palabras, le metía "palos a su carreta".

De último, es muy importante mencionar que el denominado proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, presentado recientemente por el diputado del PLN, Carlos Ricardo Benavides, y apoyado por la fracción del PAC y otros diputados de otros partidos avanza en la eliminación del derecho a la huelga, así como a su penalización, criminalización y castigo. Entre otras, medidas antidemocráticas, lo que plantea ese proyecto es la disolución de los sindicatos si se incita a actividades como bloqueos, sabotajes de bienes públicos o cualquier conducta que sea un ilícito penal; se permitiría el rebajo de los salarios de forma retroactiva  a partir del día en que se solicita su calificación si la huelga es declarada ilegal; limita los plazos de apelación y de sentencia; limita los días de estar en huelga, cuando esta sea declarada legal, pone un tope de 8 días para llegar a un acuerdo y sino el patrón puede solicitar al juez la finalización del movimiento huelguístico; prohíbe de forma taxativa el derecho a la huelga en  los sectores esenciales, haciendo ilegal la huelga, no haciendo ni siquiera la calificación del movimiento y, así sucesivamente, otras medidas draconianas en contra del derecho a la huelga.

De aprobarse ese fatídico proyecto de ley, no habría posibilidades de manifestarse, ejerciendo el derecho a la huelga, cerrando todo espacio de libertad sindical y de organización. Sería como la culminación de un proceso antidemocrático y, por ende, la configuración de gobierno autoritario que no permitiría ni siquiera la oposición sindical, ni resistencia ni el derecho a la defensa de los intereses de los trabajadores. Esto sería también el cierre de los espacios legales para manifestarse.