Por José René Tamariz

La sentencia N°2018-19511 emitida por la Sala IV el día 23 de noviembre de 2018 sobre el combo fiscal es esencialmente de tipo política, neoliberal y progubernamental, no jurídica. En el encabezado del comunicado de prensa de dicha sala se plantea que “… NO ENCUENTRA VICIOS ESENCIALES DE PROCEDIMIENTO NI DE FONDO SOBRE LO CONSULTADO”.

En cuanto a la segunda consulta constitucional referido a que si el combo fiscal afectaba la “organización y funcionamiento del Poder Judicial” y que, por ende, se requerían de 38 votos para ser aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, la Sala cuarta, de forma campante y con desfachatez, afirma en su comunicado que “Los puntos c) y d) de dicha consulta, se evacuan, por mayoría, en el sentido de que la consulta efectuada por la Asamblea Legislativa a la Corte Suprema de Justicia es improcedente, puesto que, a la luz de los artículos 9, 153 y 167 de la Constitución Política, dicho proyecto no viene a afectar la organización o funcionamiento del Poder Judicial, toda vez que mantiene sus competencias constitucionales propias, específicamente en relación con los extremos consultados. En consecuencia, la aprobación del proyecto en cuestión no requiere la votación calificada dispuesta en el numeral 167 de la Constitución Política…”. (Comunicado de prensa Sala Constitucional).

Es evidente que esta posición política de la sala cuarta se contradice totalmente con los criterios emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el combo fiscal. La CSJ determinó que el combo fiscal si afectaba la “organización y funcionamiento del Poder Judicial”. Según el presidente de la CSJ, Fernando Cruz, “Cuatro temas relevantes se consideraron que incidían en la organización y funcionamiento del sistema judicial…”. (La Nación, 19 de noviembre de 2018). Esos cuatro elementos eran los siguientes: “… los elementos del proyecto que inciden en el sistema judicial: control de un ministerio del poder ejecutivo, reducción y control de salarios, evaluación de jueces bajo el control de un órgano administrativo, limitaciones presupuestarias que pueden incidir en el seis por ciento constitucional, limitaciones salarios a jueces, sin tomar en cuenta la carrera judicial, que es una garantía y sin responder a criterios técnicos. Todos estos cambios sin diálogo previo, sin una interacción y coordinación. Así no más, normas introducidas en las últimas semanas, sin tener el menor reparo de qué manera pueden incidir en el sistema judicial…”. (Cruz Castro, Fernando: La reforma tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. Martes, 16 de octubre de 2018).

Por otro lado, Jorge Guardia, economista neoliberal y abogado, del cual no puede haber sospecha de ser ni siquiera “progresista”, planteaba que “El dictamen del Lic. Rodrigo Campos, asesor legal de la Corte, es serio y bien fundamentado; por eso, lo avaló la Corte Plena. Sostiene que el proyecto contraviene la independencia de poderes al subordinar, en más de una forma, la política presupuestaria y salarial del Poder Judicial al gobierno. Alimenta su tesis con extensas citas de doctrina, actas de la Constituyente, criterios internacionales y la propia jurisprudencia de la Sala”. (La Nación, 20 de noviembre de 2018).

¿Entonces, qué órgano y cuáles jueces tienen razón? ¿Los de la Corte Suprema de Justicia o Sala Constitucional? Es importante señalar que la CSJ está integrada por 22 magistrados y de estos 7 constituyen la Sala Constitucional. Cuando se votó los criterios de la CSJ sobre el combo fiscal estuvieron presentes 15 jueces y 7 jueces participaron en la emisión de los fallos sobre la constitucionalidad de dicho proyecto. De lo anterior se puede determinar que una minoría de 7 “exegetas” e "iluminados" de la Constitución Política de la Sala Constitucional, una especie de árbitro inapelable, deciden, en este caso, con criterios claramente políticos e ideológicos neoliberales determinar por su "santa voluntad" que no existe ninguna afectación del Poder Judicial por parte del combo fiscal, dando su aprobación para que éste se apruebe con 29 votos no con 38 como planteaba la CSJ, así como que no existen “vicios de procedimientos ni de fondo” en dicho proyecto de ley. Es claro que la CSJ tiene la razón en esta discusión y fallos, pero como la última palabra y decisión pertenece a ese “poder supremo”, sala cuarta, que se encuentra por encima de los demás poderes, ésta termina dando su veredicto final a favor de los neoliberales del gobierno y de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, es importante señalar que, por la discusión de fondo, la Sala Constitucional y sus 7 “exegetas” se convierten en cómplices políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo, la jauría neoliberal, del empobrecimiento y miseria generalizadas y masiva a que conduce la aprobación del combo fiscal como ley de la República.

En cuanto a la tercera consulta de constitucionalidad que tenía que ver con los vicios de procedimientos del combo fiscal, los “exegetas” de la sala cuarta la rechazaron olímpicamente. Sin embargo, el especialista y exmagistrado de la Sala Constitucional, Gilbert Armijo, sostuvo recientemente que el combo fiscal tiene “…vicio de procedimiento muy serio” (Semanario Universidad, semana del 21 al 27 de noviembre) y, por ende, los magistrados de la sala cuarta debían entrar “de oficio” a ver dichos vicios, sin necesidad de que mediara alguna consulta de constitucionalidad. Sin embargo, esta Sala Constitucional rechazó considerar la tercera consulta constitucional por dichos vicios al considerar que era “inevacuable” porque se repetían las firmas de 6 diputados de la primera consulta y que, además, había sido presentada de forma tardía.

La Unidad Sindical y Social debe sacar un pronunciamiento de denuncia y en contra de este fallo político, neoliberal y progubernamental sobre el combo fiscal, el cual permite la aprobación en segundo debate en la Asamblea Legislativa sin mayores problemas o dificultades

¡Asambleas  regionalizadas, unificadas de las bases de APSE, ANDE y SEC para discutir y decidir sobre la huelga indefinida!

Hemos llegado a la semana 12 de la huelga indefinida contra el combo fiscal. El sector de los trabajadores de la educación nos hemos constituido en el baluarte y vanguardia en esta gesta histórica y gloriosa del movimiento obrero y sindical costarricense, así como su reserva moral y de lucha.

Sin duda esta heroica lucha será recogida e incorporada a la historia nacional. No sólo hemos salido a defender nuestros intereses y derechos, sino que  también luchamos por la defensa de amplios sectores de los trabajadores de la empresa privada, en los cuales las dictaduras patronales no permiten el derecho a la protesta y la sindicalización, y, también de los sectores populares y clases medias, sobre los cuales el Gobierno y la jauría neoliberal descargará el pago del déficit fiscal y la deuda pública.

Desde hace varios días en las mentes y pensamientos de muchos huelguistas giran diversas ideas sobre el futuro de este movimiento huelguístico en relación al cierre del curso lectivo, las vacaciones de fin de año, los recargos y otros temas de interés para todos.

El objetivo central de esta huelga que es la lucha contra el combo fiscal que incrementará la pobreza y miseria se acerca a su fin. La sentencia emitida el día 23 de noviembre por la Sala cuarta, fallo a todas luces politizado y neoliberal, le da luz verde a la jauría neoliberal del Congreso para que apruebe en segundo debate el combo fiscal. Es muy probable que ese anti-obrero  y anti-popular proyecto se apruebe en un plazo de 15 días.

Con la anulación de la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el magisterio el día 19 de noviembre, por parte del Tribunal de apelaciones, abre mayores probabilidades de que nuestra huelga sea declarada legal. Es posible que esa declaratoria sea dictada en el curso de esta semana.

Entonces, una vez dictada esa declaratoria de eventual legalidad, las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC deben convocar de inmediato y con urgencias a asambleas unificadas de las bases magistrales para discutir y votar el destino de la huelga indefinida.

Las asambleas unificadas y democráticas para decidir y votar deben de imponerse como método, es necesario y urgente, evitar la dispersión, la confusión y les decisiones individuales para deponer la huelga y regresar al trabajo. Las reuniones de las cúpulas sindicales deben tener su correlato en las bases. No se trata sólo de recibir, desde arriba la línea política, muchas veces sin claridad y orientaciones, sino de discutir y resolver de forma horizontal, desde abajo hacia arriba.

Compañeras/os, demandemos a las dirigencias sindicales (APSE  ANDE y SEC) que convoquen para esta semana a asambleas unificadas y democráticas de discusión y votación para decidir sobre el movimiento huelguístico.