Por José René Tamariz

Es evidente que la maniobra política-jurídica del Gobierno Alvarado-Piza realizada, mediante la Procuraduría General de la República, el viernes 9 de noviembre al introducir al poder judicial una "recusación" (impugnación contra los tres jueces que estudian expediente de huelga de educadores), tiene el claro objetivo de separar a estos tres jueces para impedir una eventual declaratoria en firme de LEGALIDAD de nuestra huelga.

Aduce el procurador general, Julio Jurado, que los tres jueces no son "imparciales" ni tienen "objetividad" para dictaminar nuestra huelga. Esta aseveración del Gobierno se deriva del antecedente de que estos tres jueces declararon la huelga en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) como LEGAL en firme. Debido a esto la PGR introdujo un recurso de casación.

Señala el procurador en su recusación que, en casi de declararse LEGAL la huelga en educación, "el Estado se verá en una difícil situación". (La Nación, 10 de noviembre). Es claro que una declaración de LEGALIDAD en firme de la huelga en educación sería una contundente derrota política del Gobierno Alvarado-Piza y una victoria histórica del movimiento magisterial y sindical nacional, lo cual obligaría al Gobierno a sentarse con los dirigentes sindicales de educación y, obviamente, tendría que aceptar algunos términos planteados por las organizaciones sindicales. Por esto, el Gobierno quiere quitar del camino a esos tres jueces y tratar de colocar en su lugar a tres jueces favorables al Gobierno.