Por José René Tamariz

El compañero Mariano Rodríguez es profesor de Francés. Trabaja en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares y en el Liceo Julián Volio Llorente de San Ramón. Mariano es parte de un grupo de educadores que se mantuvo en huelga contra el combo fiscal hasta que salió la declaratoria de legalidad de la huelga, por parte del Tribunal de Apelación de Trabajo II Circuito Judicial, el día 19 de febrero de 2019. Estos educadores se reincorporaron a trabajar el 20 de febrero. Es necesario señalar que este grupo de educadores se mantuvo en huelga indefinida bajo la dirección sindical del Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), el cual, aunque no era parte del expediente de huelga del sector educación, sin embargo, fue un sindicato activo y beligerante durante el movimiento huelguístico. Por otra parte, es importante mencionar que Mariano es un dirigente sindical reconocido a nivel nacional y, particular, en el sector de occidente en donde ha tenido una destacada participación en diferentes procesos de lucha.

Debido a la participación de Mariano Rodríguez en estado de huelga indefinida hasta el 19 de febrero, junto a otros compañeros educadores, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) le abrieron un proceso disciplinario de despido, sin responsabilidad patronal. Es importante destacar que ese “proceso disciplinario” abierto por el MEP, juzgado a la luz de la declaratoria de legalidad de huelga en el sector educación, no solo es arbitrario y represivo, sino que constituye un desconocimiento y una abierta violación a la sentencia del Tribunal de Apelación de Trabajo. Si la huelga fue declarada legal hasta el 18 de febrero de 2019, los trabajadores que quedaron en huelga hasta esperar esa fecha se mantenían a derecho, por tanto, esa sentencia los cobija y protege, independientemente de la afiliación sindical. Es muy importante destacar que esta situación de Mariano y otros educadores constituye un hecho novedoso para la legislación laboral, introducida por la reforma procesal.

Por otro lado, es necesario señalar que Mariano Rodríguez tiene una doble afiliación sindical, pertenece al sindicato APSE y al SINPAE. Esto es normal en el sector educativo, ya que muchos compañeros mantienen afiliación hasta en tres sindicatos.  Frente a ese “proceso disciplinario” Mariano recurrió a la Junta Directiva de APSE, encabezada por la señora Mélida Cedeño, para que lo defendiera de la represión sindical y política de las autoridades del MEP. En carta fechada el 5 de marzo, Mariano les a los miembros de la directiva nacional de APSE lo siguiente:

“En virtud de la persecución de la que estoy siendo objeto por parte del MEP, con la apertura del expediente disciplinario 0069-2019… con miras a mi despido eventual, por haberme mantenido en huelga con el SINPAE…”. Más adelante, le solicita a la Junta Directiva Nacional “Es por esto, y por el derecho que me asiste como afiliado y luchador de larga trayectoria con la APSE, que apelo a Uds, para que la APSE, en el plano legal y político asuma mi defensa”.

La respuesta de la Junta Directiva de APSE del día 11 de marzo, suscrita por la señora Mélida Cedeño, a dicha solicitud de defensa legal y política por parte de Mariano fue la siguiente: “Siendo que APSE, en cumplimiento del mandato de su Asamblea General, convocó a huelga a partir del 10/09/2018 y previa consulta a sus bases, aprobó el levantamiento de la misma a partir del 10-12-2018 en el ejercicio de la autoridad sindical, APSE se ve imposibilitada de brindar asesoría legal en este tema para aquellos afiliados que se hayan apartado de las decisiones de la Organización en relación con la finalización de huelga…”.

De forma olímpica, apelando a artilugios legales organizacionales, la Junta Directiva de APSE, dirigida por Mélida Cedeño, rechaza asumir la defensa legal y política de Mariano Rodríguez, frente al eventual despido y política represiva de las autoridades del MEP.  Con esta posición política, la Junta Directiva de APSE, acaudillada por la señora Mélida Cedeño, se ubica y se pone al lado de la patronal y del Gobierno en contra de Mariano y un nutrido grupo de educadores que tienen procesos disciplinarios de despidos.

Más allá de las cuestiones legales, aducidas por la Junta Directiva, la defensa de Mariano y demás educadores contra los ataques patronales del MEP y Gobierno, es una cuestión política y de principios de clase. La política de los sindicatos debe ser siempre de clase, de defensa de los trabajadores frente a los ataques y violencia de todo tipo de parte de la patronal y los gobiernos de turno. La dirigencia sindical que renuncia a ese principio se coloca en la acera del enemigo de clase. La defensa legal y política de Mariano Rodríguez por parte de APSE es obligatoria, ya que además el compañero es Coordinador de la Regional 11 de APSE y miembro del Consejo Nacional, órgano político de APSE, es decir, que Mariano como dirigente sindical está cubierto por el fuero especial sindical del Código de Trabajo. La negativa de defensa de Mariano Rodríguez contra los ataques de la patronal y el Gobierno por parte de la Junta Directiva de APSE constituye una verdadera canallada.