Pilar Garrido, ministra de planificación de Costa Rica

Por José René Tamariz

La amateur ministra de planificación, Pilar Garrido, que, frecuentemente se equivoca, anunció un conjunto de propuestas que contiene el nefasto proyecto de Ley de empleo público, tales como: salario único llamado eufemísticamente "salario global"; salarios iguales para las ocho familias de puestos; despidos de los empleados públicos con dos notas consecutivas de 70. Esa infame propuesta tiene como objetivo la reducción de los salarios, mediante la eliminación de los componentes o pluses salariales (anualidad, carrera profesional, zonaje, incentivo didáctico y otros), así como la disminución de la planilla de los trabajadores del sector público, realizando los despidos de forma expedita. Es importante señalar que, aunque esa ley afectaría a los nuevos empleados públicos, no se debe permitir que sea discutida y aprobada, ya que perjudicaría a las nuevas generaciones de trabajadores del sector público que podrían ser nuestros hermanos, hijos y otros familiares.

Esta ministrilla aprendiz señaló que "... ese texto sustitutivo recoge estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Contraloría General de la República". Las declaraciones de la ministra Garrido confirma que, sin haber todavía ingresado a la OCDE, el gobierno de Alvarado sigue a pie juntillas, lo que le ordena ese organismo internacional. Asimismo, queda claro que algunos préstamos otorgados por el BID están condicionado a la aprobación de la ley de empleo público. El staff de ministros novatos que tiene el gobierno Alvarado no puede ni siquiera elaborar una funesta ley sin la imposición externa de esas instituciones. Si la población evaluara a esos ministros y a Alvarado con esos "estándares" que, pretenden imponer a los trabajadores del sector público, ya todos estarían sin empleo.

Por otro lado, varios aprendices de abogaditos laborales al servicio de las cámaras patronales plantean que sea un ente externo el que realice las evaluaciones de desempeño a los empleados públicos, para que los despidos sean más rápidos. Semejante propuesta también hay que combatirla.

Por otro lado, el nuevo texto sustitutivo del expediente 21.917 presentado por el gobierno de Alvarado, pretende de un solo manotazo eliminar el pago de las anualidades por dos años consecutivos 2021 y 2022. Ese proyecto constituye un gigantesco atropello y de expropiación del salario de los trabajadores del sector público. Frente al estrepitoso fracaso de su primera versión del proyecto para expropiar la anualidad del año 2020, bajo el pretexto de la crisis sanitaria, ahora pretende como castigo y represalia a los empleados públicos ampliar la amputación del pago de las anualidades por dos largos años. Es inaudito extender una suspensión por dos años del pago de las anualidades, cuando ya no habría ninguna crisis sanitaria por la COVID-19.

Es necesario y urgente que todas las organizaciones sindicales, bloques sindicales (BUSSCO, Patria Justa y otros) y demás centrales sindicales independientes como la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se unan, centralicen y organicen conjuntamente a sus bases, para lanzar un plan de lucha contra los proyectos de ley de empleo público y de eliminación de las anualidades por dos años.  Es fundamental, para la defensa de los intereses y derechos de todos los trabajadores del sector público, que todas las dirigencias sindicales salgan de la pasividad en la que se encuentran y lancen la pelea inmediata contra las políticas anti trabajador del gobierno de Carlos Alvarado. No debemos permitir ni tolerar que este gobierno, amparándose en la pandemia, siga cometiendo cualquier fechoría contra los trabajadores. Hay que pararle la mano a este gobierno de aprendices e incapaces.