Por José René Tamariz

El acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un pacto esencialmente en contra de los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Por $1.750 millones, el gobierno de Alvarado, ha entregado en bandeja a todos los trabajadores. En especial, ese convenio con el FMI con sus diversos proyectos de leyes que deben aprobarse en la Asamblea Legislativa golpeará duramente los niveles de vida y los salarios de los sectores asalariados de clases medias a nivel nacional. Veamos.

El proyecto de ley de empleo público que fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y el cual fue sometido a consulta constitucional y los jueces de la Sala IV le encontraron 35 inconstitucionalidades, en caso de aprobarse en segundo debate con las modificaciones señaladas por los juristas constitucionales, simple y sencillamente, despojará a todos los empleados públicos de sus diferentes componentes salariales, mejor conocidos, como pluses salariales, tales como las anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional, incentivo didáctico y otros más. Es importante señalar que, en muchos casos, esos componentes salariales constituyen desde un 35% hasta un 75% de los salarios de los trabajadores del sector público. Al eliminarse esos pluses salariales, los nuevos empleados públicos tendrán un salario base reducidos de un 65% o 25% de los actuales salarios. Ese proyecto impondrá el salario único o global bastante miserable.

Por otra parte, con la aplicación de la fatídica regla fiscal aprobada en el combo fiscal y puesta como parte del paquete de medidas del acuerdo con el FMI los salarios se congelarán por una o dos décadas. Esa regla fiscal específica que, si el endeudamiento supera el 60% del PIB, tal como sucede actualmente, en donde la relación deuda/PIB es más del 70% y con posibilidades de llegar hasta a un 84% en el año 2022, el gobierno no dará ni siquiera ajustes salariales que compensen el índice de precios al consumidor (IPC). Proyectado ese congelamiento salarial por una o dos décadas, los salarios actuales se podrían deteriorar desde un 35% o más. Lo anterior podría significar que los actuales salarios de los empleados públicos perderían entre un 40% y 50%. En pocas palabras, los trabajadores verán sus niveles de vida y existencia empobrecidos, su capacidad de consumo y compra disminuirá de forma brutal, engrosando las filas de la pobreza y miseria.

De otro lado, ese proyecto de ley de empleo, al convertirse en ley de la República, facilitará que los trabajadores del sector público sean despedidos con facilidad y de diversas maneras. Si la calificación o evaluación anual del empleado público tiene una nota de 70 de forma consecutiva por dos años, podría ser despedido de forma inmediata. Asimismo, el gobierno también se podría hacer despidos masivos en el sector público aduciendo problemas de reorganización y presupuestarios. En realidad, ese proyecto de ley al convertirse en ley de la República cambiará de forma radical el sistema de los salarios y de empleo público. Será una ley reaccionaria y una profunda contrarreforma social y laboral.

Por el lado del derecho colectivo ese proyecto de ley constituye un atropello salvaje y, prácticamente, su eliminación. Aunque, la sala constitucional avala la negociación de convenciones colectivas en el sector público, sin embargo, le dio el visto bueno y aval constitucional a que, en las convenciones no se puedan negociar ni reajustes salariales ni incentivos económicos. En otras palabras, las convenciones colectivas serán vaciadas de uno de sus contenidos esenciales. Por ejemplo, el inciso c) del artículo 58 del código del trabajo plantea que “En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: c. Los salarios…”.

Los trabajadores del sector público con sus sistemas de salarios, empleo y derechos colectivos fueron entregados como presea del acuerdo con el FMI por un préstamo de $1.750 millones. Como se podrá observar con los demás proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa esperando su turno para ser aprobados, son todos proyectos que continuarán disminuyendo los salarios de los trabajadores del sector público y privado. Son proyectos que harán que ellos paguen el alto déficit fiscal. Veamos algunos de esos siniestros proyectos.

El denominado proyecto de “renta global” es en apariencia un proyecto de impuesto progresivo, pero en realidad es un plan que grava con impuestos salarios que actualmente no pagan impuestos y aumenta los impuestos a los salarios que ya están gravados. Los salarios mayores a ₵842.000 que devengan los trabajadores pagan impuesto, pero el proyecto de marras disminuye la base impositiva a partir de los salarios de ₵702.000, entonces los trabajadores tendrán que pagar un nuevo impuesto sobre ₵140.000. Mientras que miles de trabajadores del sector público y privado que no pagan impuesto sobre sus salarios tendrán que hacerlo como una imposición del gobierno para pagar el déficit fiscal a costa de los sueldos de los trabajadores.

La política de tenaza del gobierno de Carlos Alvarado y de los neoliberales de la Asamblea Legislativa es una política de saqueo y expropiación de los salarios de miles de trabajadores. El gobierno, por un lado, congela los salarios de los trabajadores del sector público por una o dos décadas, también ha congelado las anualidades y las eliminará, junto a los demás componentes salariales, cuando se apruebe el proyecto de ley de empleo público y, por el otro lado, a los salarios congelados y, cada vez más reducidos por efectos de la inflación, se le gravará y expropiará con más impuestos a los salarios. En síntesis, la política del gobierno de Alvarado es criminal contra los niveles de vida y existencia de miles de trabajadores. Es una política de salarios decrecientes, hacia la baja acelerada tanto de forma nominal como real.

Como si fuera poco con los proyectos anti obreros de ley de empleo público y renta global, el gobierno de Alvarado pretende gravar con impuesto al salario escolar que actualmente se encuentra exento de ese gravamen. El denominado Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital, expediente número 22.369 pretende gravar los salarios escolares a partir de un monto de ₵842.000. Se puede observar que, con este otro proyecto, los trabajadores de clases medias del sector público pagarán otro impuesto más, es decir, que serán los sectores más afectados, golpeados y estrujados.

La afectación del acuerdo con el gobierno de Alvarado-FMI golpeará también duramente a los sectores populares mediante la imposición de un gravamen de un 25% los premios de lotería a partir de los premios de ₵462.000. Es necesario señalar que actualmente los premios de lotería no pagan impuesto. Es decir, a las personas que se ganen un premio por aquel monto, será expropiado por el gobierno con un monto de ₵115.500 y le quedaría del premio solamente la cantidad de ₵346.500. En la medida que el premio sea mayor, entonces mayor será el monto de dinero que se apropiará el gobierno de los sectores populares. Es importante destacar que miles de personas de estratos bajos viven jugando lotería con la esperanza de poder obtener algún dinero extra porque sus salarios e ingresos miserables no les alcanza para vivir.

En la corriente legislativa, también se encuentra un proyecto de ley que pretende imponer aportes a las 14 empresas por un monto en el primer año del 0,15% del PIB y los siguientes tres años con un 0,20%, lo cual representaría una cantidad de ₵72.600 millones. En otras palabras, las empresas estatales tendrían que darle al gobierno un 30% de sus utilidades para amortizar la deuda pública y pagar los intereses de dicha deuda.

Al final, podemos observar que todos los proyectos de ley que se pretenden aprobar por el poder Ejecutivo y Legislativo van dirigidos contra los trabajadores. El salvaje ajuste fondomonetarista que implementará el gobierno de Alvarado tiene como propósito y objetivo hacer que los trabajadores del sector público y privado, así como sectores populares paguen el gigantesco déficit fiscal, así como la deuda pública que de forma irresponsable han realizado los diversos gobiernos del PLN y el PAC.

Es urgente y necesario que todo el movimiento sindical, popular y social realice la más amplia unidad de acción con un programa de lucha común que tenga como objetivo central impedir que se aprueben los proyectos que reducen y expropian los salarios de miles de trabajadores. Asimismo, se le debe exigir al gobierno de Alvarado que, en vez de gravar con más impuestos los salarios de los trabajadores, grave con más impuestos a las grandes empresas, así como las riquezas de los super ricos de Costa Rica, combata la evasión fiscal y elimine las gigantescas exenciones de las zonas francas. Es importantes señalar que las empresas de zonas francas recibieron privilegios por exención de impuesto de ₵375.784 millones en el año 2019. Todas esas exoneraciones representan el 1,04% del PIB. Según el semanario Universidad “Ese 1,04% corresponde a la mitad de lo que planea generar el gobierno con sus medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, incluidas en la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. (Semanario Universidad, semana del 20 al 26 de enero de 2021).

Entonces, es necesario y urgente que todas las organizaciones sindicales, bloques sindicales y organizaciones populares lancen la huelga general con movilizaciones callejeras para detener la aprobación de esos nefastos proyectos de ley que constituyen parte del acuerdo con el FMI. ¡Abajo el acuerdo del Gobierno Alvarado-FMI!